La discapacidad en la agenda legislativa
Una Asamblea incluyente, primero hacia lo interno y luego hacia las personas con discapacidad
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JUAN KUJAWA HAIMOVICI | EL UNIVERSAL
lunes 4 de enero de 2016 12:00 AM
La nueva Asamblea Legislativa, tiene establecida sus prioridades en lo económico y lo social. La problemática de las personas con discapacidad no escapa a ello. Existe una gran deuda en ese sentido.
En principio los Diputados deben conocer cuál es la realidad por la que atraviesan las personas con discapacidad en el país en una serie de aspectos, como salud, educación, transporte público, empleo, vivienda y otros. Releer la Constitución de 1999 y la Ley para las Personas con Discapacidad de 2007 es oportuno y verán que sus preceptos no se cumplen a cabalidad. En este sentido prevalece la obligación más que la convicción.
La referida Ley no tiene aún reglamento, después de nueve (9) largos años, y se ha propuesto sustituir la misma por una Ley Orgánica.
Venezuela suscribió en 2013, la Convención Internacional sobre los Derechos de las PcD, promulgada por la ONU en 2007; luego de un letargo de seis (6) años también.
"El Poder Legislativo es consciente que el Estado tiene el deber de salvaguardar los derechos humanos de las personas con discapacidad, a través de actividades de protección, promoción y supervisión, como el impulso a la capacitación, atención, evaluación de políticas públicas y difusión de sus derechos".
Las "...acciones, decisiones y lineamientos ejecutados por el Estado se denominan políticas públicas. Por lo tanto, ellas son las acciones de gobierno, que buscan cómo dar respuestas a las diversas demandas de la población. Las mismas juegan un rol fundamental en el desarrollo económico y en el bienestar social de una nación. En Venezuela, la Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a la misma. En ella están plasmados los principios fundamentales que deben regir las políticas públicas a seguir".
La evaluación de las políticas públicas ha devenido en lo que se conoce como rendición de cuentas, cuyo objetivo principal es la de determinar la eficiencia de las mismas, en un medio social, donde prevalece la pobreza y la desigualdad. Es decir, Venezuela.
Agenda de igualdad
Los legisladores de los diversos grupos políticos deben sumarse a una agenda de igualdad política, social, educativa y de salud en torno a esta población. Evaluar hacia lo interno si la Asamblea Nacional, para comenzar, cumple con aspectos establecidos por la Ley para PcD. en materia de empleo (5% de su nómina debe estar conformada por personas con discapacidad); si su estructura es accesible, (Barreras arquitectónicas.); acceso a la información para las persona sordas a través de intérpretes de lenguaje de señas, a través de ANTV, y todos los medios públicos y privados; acceso a la información en sus páginas Web, entre muchos otros aspectos.
En la actual Asamblea Nacional, no existe un Comisión Permanente sobre Discapacidad o Diversidad Funcional. En fin, no es importante la denominación, sino que exista. Que esté abordado el tema en alguna Comisión al menos. Las comisiones parlamentarias son grupos de trabajo internos de la Asamblea Nacional de Venezuela que permanentes o especiales constituidos con una finalidad particular, y son las encargadas de la discusión de informes especializados de un proyecto de ley o un tema sometido a su conocimiento. Estos grupos de trabajo se dividen en especialidades de acuerdo a los sectores de la vida nacional dispuesta en el Reglamento Interior, y de Debates de la Asamblea Nacional aprobado en diciembre de 2010. Para eso se sugiere en función de la rendición de cuentas:
Convocar a las autoridades del Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad, Conapdis, para conocer y avaluar su acción, en materia de la Ley en referencia, al igual que a las autoridades de la Fundación José Gregorio Hernández y organismos afines.
Darle oportunidad de expresar sus opiniones a las ONG¿s que hacen vida en el país, en esta materia, como el Observatorio Venezolano de la Discapacidad, Ovedis, entre otras.
Jerarquía constitucional
Por último, es importante conocer y evaluar el cumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2007, ratificada por Venezuela en 2013, y que se le concede jerarquía constitucional, por la cual tiene primacía respecto al derecho interno y aún no se ha presentado el informe respectivo acerca de su aplicación en el país. Es responsabilidad del Conapdis y de la Cancillería, en los lapsos establecidos por la misma.
Una Asamblea incluyente, primero hacia lo interno y luego hacia las personas con discapacidad. Mejor de forma simultánea mediante un compromiso público.
politicaspublicasydicapacidad@gmail.com
En principio los Diputados deben conocer cuál es la realidad por la que atraviesan las personas con discapacidad en el país en una serie de aspectos, como salud, educación, transporte público, empleo, vivienda y otros. Releer la Constitución de 1999 y la Ley para las Personas con Discapacidad de 2007 es oportuno y verán que sus preceptos no se cumplen a cabalidad. En este sentido prevalece la obligación más que la convicción.
La referida Ley no tiene aún reglamento, después de nueve (9) largos años, y se ha propuesto sustituir la misma por una Ley Orgánica.
Venezuela suscribió en 2013, la Convención Internacional sobre los Derechos de las PcD, promulgada por la ONU en 2007; luego de un letargo de seis (6) años también.
"El Poder Legislativo es consciente que el Estado tiene el deber de salvaguardar los derechos humanos de las personas con discapacidad, a través de actividades de protección, promoción y supervisión, como el impulso a la capacitación, atención, evaluación de políticas públicas y difusión de sus derechos".
Las "...acciones, decisiones y lineamientos ejecutados por el Estado se denominan políticas públicas. Por lo tanto, ellas son las acciones de gobierno, que buscan cómo dar respuestas a las diversas demandas de la población. Las mismas juegan un rol fundamental en el desarrollo económico y en el bienestar social de una nación. En Venezuela, la Constitución es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jurídico. Todas las personas y los órganos que ejercen el Poder Público están sujetos a la misma. En ella están plasmados los principios fundamentales que deben regir las políticas públicas a seguir".
La evaluación de las políticas públicas ha devenido en lo que se conoce como rendición de cuentas, cuyo objetivo principal es la de determinar la eficiencia de las mismas, en un medio social, donde prevalece la pobreza y la desigualdad. Es decir, Venezuela.
Agenda de igualdad
Los legisladores de los diversos grupos políticos deben sumarse a una agenda de igualdad política, social, educativa y de salud en torno a esta población. Evaluar hacia lo interno si la Asamblea Nacional, para comenzar, cumple con aspectos establecidos por la Ley para PcD. en materia de empleo (5% de su nómina debe estar conformada por personas con discapacidad); si su estructura es accesible, (Barreras arquitectónicas.); acceso a la información para las persona sordas a través de intérpretes de lenguaje de señas, a través de ANTV, y todos los medios públicos y privados; acceso a la información en sus páginas Web, entre muchos otros aspectos.
En la actual Asamblea Nacional, no existe un Comisión Permanente sobre Discapacidad o Diversidad Funcional. En fin, no es importante la denominación, sino que exista. Que esté abordado el tema en alguna Comisión al menos. Las comisiones parlamentarias son grupos de trabajo internos de la Asamblea Nacional de Venezuela que permanentes o especiales constituidos con una finalidad particular, y son las encargadas de la discusión de informes especializados de un proyecto de ley o un tema sometido a su conocimiento. Estos grupos de trabajo se dividen en especialidades de acuerdo a los sectores de la vida nacional dispuesta en el Reglamento Interior, y de Debates de la Asamblea Nacional aprobado en diciembre de 2010. Para eso se sugiere en función de la rendición de cuentas:
Convocar a las autoridades del Consejo Nacional de las Personas con Discapacidad, Conapdis, para conocer y avaluar su acción, en materia de la Ley en referencia, al igual que a las autoridades de la Fundación José Gregorio Hernández y organismos afines.
Darle oportunidad de expresar sus opiniones a las ONG¿s que hacen vida en el país, en esta materia, como el Observatorio Venezolano de la Discapacidad, Ovedis, entre otras.
Jerarquía constitucional
Por último, es importante conocer y evaluar el cumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2007, ratificada por Venezuela en 2013, y que se le concede jerarquía constitucional, por la cual tiene primacía respecto al derecho interno y aún no se ha presentado el informe respectivo acerca de su aplicación en el país. Es responsabilidad del Conapdis y de la Cancillería, en los lapsos establecidos por la misma.
Una Asamblea incluyente, primero hacia lo interno y luego hacia las personas con discapacidad. Mejor de forma simultánea mediante un compromiso público.
politicaspublicasydicapacidad@gmail.com
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