En AN acusan al TSJ de haber extorsionado a magistrados
El Parlamento aprobó, en primera discusión, el proyecto de producción nacional, aunque con el rechazo de la bancada oficialista
Aunque el Tribunal Supremo de Justicia calificó de inconstitucional a la comisión que evaluó la designación de 13 magistrados principales y 21 suplentes el 23 de diciembre de 2015, la Asamblea Nacional aprobó el informe con cuatro recomendaciones de esa instancia: la primera, revocar a los funcionarios por 17 irregularidades en el proceso de convocatoria, impugnaciones y selección.
Carlos Berrizbeitia, presidente de la comisión, pidió sancionar penal o jurídicamente a los responsables de los vicios en el trabajo del Comité de Postulaciones Judiciales y que el Poder Ciudadano verifique que esas sanciones se apliquen; exhortó a que se informe a la presidente del máximo tribunal, Gladys Gutiérrez, sobre el informe, y propuso que mediante “urgencia reglamentaria” se discuta mañana la reforma de la Ley Orgánica del TSJ.
Berrizbeitia presentó un audio de la ex magistrada Carmen Porras de Roa quien confiesa que fue presionada por Gutiérrez para que se jubilara de forma anticipada y, como se negó, Maikel Moreno, presidente de la Sala Penal del TSJ, la visitó en su oficina para aclararle que no se trataba de una petición, sino de una “orden del alto gobierno”.
Berrizbeitia considera fundamental reformar el TSJ y que se enjuicie a Moreno y a la directiva del Poder Judicial por haber incurrido en el delito de extorsión al presionar a Porras de Roa: “El TSJ responde a los más oscuros intereses de la injusticia; mientras no se logre uno imparcial, nunca habrá justicia. El cambio debe comenzar por reformar las instituciones. A esos magistrados los colocó Nicolás Maduro, pero a nosotros, el pueblo”.
Con una sonrisa, el diputado Pedro Carreño respondió a las pretensiones de la comisión: “El TSJ les aguó la fiesta. Esa comisión es inconstitucional. La Constitución señala cómo se remueven los magistrados: requiere que el Poder Judicial solicite al Ciudadano la calificación de ‘falta grave’ para que la Asamblea decida”.
Ley de producción. El Parlamento fue ayer epicentro de conato de enfrentamiento, de tres polémicos debates y de la petición del gobernador de Amazonas, Liborio Guarulla, para que se incorporen los diputados de su estado, desconocidos por el TSJ.
Los miembros de La Esquina Caliente tiraron mangos a los parlamentarios cuando entraron al Palacio Federal; mientras, en la avenida Universidad, trabajadores del gobierno protestaban contra los proyectos de activación de producción nacional y de amnistía. Sin embargo, a las 4:30 pm el Legislativo aprobó, en primera discusión, el primer instrumento mencionado con los votos de los diputados de la MUD. El PSUV, PCV y Podemos lo rechazaron.
Un total de 13 parlamentarios intervinieron en el debate del proyecto de activación de la producción nacional, presentado por Julio Borges (PJ), que comprende la creación de una comisión parlamentaria que revisaría a las empresas del Estado.
Por la MUD, Borges, Enrique Márquez y María Beatriz Martínez acusaron al gobierno del mal manejo agrícola. “El Ejecutivo fracasó en darle una vida decente al pueblo”, dijo Márquez. Martínez citó la Memoria y Cuenta de Min Agricultura para evidenciar la ineficacia: “De 1.400.000 quintales de café, se produjeron 250.000, y de maíz, 15.900 toneladas cuando se requiere 1.300.000”, indicó.
Por el oficialismo, Héctor Rodríguez, Julio Chávez, Ricardo Sanguino y Francisco Torrealba señalaron que la ley tiene como fin privatizar las empresas estatales y anunciaron que instarán a trabajadores a que rechacen la norma. Torrealba dijo que acudiría al TSJ para su revisión.
Los Datos500 empresas y 4 millones de hectáreas, en poder del gobierno, no producen, dijo Julio Borges. Señaló que 85% apoya ley de producción nacional, según Datanálisis. El gobierno adeuda 10 millardos de bolívares a productores e importa 52.000 toneladas de papas que podrían producirse en el país, lamentó el diputado Andrés Eloy Camejo (MUD).
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