Sí, 10 millones en la calle
Ante el asombro de los inefables miembros de la cúpula dictatorial de Venezuela, acostumbrados a mover los hilos de la (anti)política hemisférica a través de todo tipo de manipulaciones e ilícitos recursos, la Organización de los Estados Americanos parece estar dispuesta a abandonar, al menos en esta coyuntura, esa condenable postura que la ha convertido en una fútil institución, esto es, la de la defensa a ultranza de los intereses de presidentes de determinada “ideología”, y retomar su largamente olvidada misión de defensa de los derechos de los pueblos del continente, lo que, aunque como aporte equivalente a un grano de arena, ayudaría a promover con la definitiva activación de la Carta Democrática Interamericana a favor de la ciudadanía venezolana; un camino que ya ha comenzado a transitar por petición de su secretario general, Luis Almagro.
Claro que por la mencionada magnitud del aporte, la potencial materialización de tan inusual acción no debe generar en el país la falsa expectativa del restablecimiento de un pleno Estado de Derecho por la sola actuación de un organismo cuya capacidad de presión, a estas alturas de la contemporaneidad, no trasciende la esfera de lo meramente “moral”; justo el aspecto que menos importa a los que ya demostraron que hasta el perecimiento de la infancia por sus criminales políticas los trae sin cuidado.
No obstante, el momento es propicio para la organización del tipo de presión interna por la que se inclina quien esta columna escribe y por cuya consecución continuará exhortando a sus conciudadanos aunque ello disguste a ciertos grupos y a sus “espontáneos” opinantes, a saber, la pacífica pero contundente concentración y permanencia en las calles de Caracas de, al menos, 10 millones de sensatos y valientes venezolanos comprometidos con la construcción de una democrática y desarrollada nación; el único tipo de presión que, a juicio de este servidor, podría acelerar el desmoronamiento de un régimen que tiempo ha que carece de legitimidad y cuya permanencia, además de ser causa, sensu stricto, de un verdadero genocidio, es violatoria de la propia Constitución de la república, por lo que el logro de su pronto cese es un deber que todo aquel con sentido de responsabilidad, ética, amor patrio y hambre de justicia tiene que asumir a la mayor brevedad.
Pero para echar mano de ese mecanismo de presión, innegablemente legítimo y constitucional –y lo único capaz de hacer viable, por ejemplo, la realización del referéndum revocatorio mucho antes de la finalización de este año–, primero hay que vencer el infundado temor al supuesto “baño de sangre” que tal acción ocasionaría –idea en parte sembrada por los nunca escasos traficantes de las crisis– y entender, de una vez, que 10 millones de pacíficos ciudadanos en la calle más bien le pondrían fin a la mortandad que este régimen ha propiciado en los últimos 17 años mediante su solapada connivencia con el hampa y su empeño de mantener un modelo que solo ha servido para hambrear a la sociedad venezolana y desproveerla hasta de lo más esencial.
He allí el verdadero “baño de sangre”; el que ayer se cobró a víctimas como Franklin Brito, Mónica Spear y cientos de miles de compatriotas más, y que hoy se identifica con los rostros de Oliver Sánchez, Isaac Campos y tantos otros niños cuyas prematuras muertes bien podrían haberse evitado.
10 millones de ciudadanos en la calle solo conducirán a la emancipación.
@MiguelCardozoM
No hay comentarios:
Publicar un comentario