El apartheid alimentario de los CLAP
Todos los derechos violados por el uso discriminatorio de los CLAP están consagrados en la Constitución. Sin embargo, el derecho internacional de los derechos humanos ofrece mayores argumentos jurídicos y es particularmente útil la Observación General N° 12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas
Provea publicó la semana pasada un trabajo especial realizado por el periodista de investigación Edgar López, sobre los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), en el que se devela la abierta política de discriminación alentada por el Ejecutivo Nacional a través de esta inconstitucional figura.
La creación de los CLAP fue anunciada en abril de 2016 por el Presidente de la República Nicolás Maduro, quien anunció entonces “Comienza una revolución económica en el sistema de distribución de alimentos del pueblo venezolano por la vía del socialismo”. Desde ese momento Provea afirmó que con esta figura se erosionarían aún más las garantías para el derecho humano a la alimentación en Venezuela. Los CLAP siguen generando más problemas y obstáculos para la garantía del derecho a la alimentación. En el informe especial realizado para la ONG, el periodista revela siete indicios claros de discriminación promovidos a través de los CLAP, para ello analiza la conformación excluyente y la concepción ideologizada de esta instancia y se apoya en testimonios de víctimas de lo que hemos llamado el apartheid alimentario que construye el gobierno.
Reproducimos algunas de las conclusiones del trabajo:
- El oficialismo ha promocionado los CLAP como una estrategia, con énfasis mediático, para deslastrar al gobierno, y en particular al presidente de la República, Nicolás Maduro, de responsabilidades por el desabastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad. Como ha ocurrido con otras medidas populistas, tal lógica suele conducir al sectarismo, al clientelismo y a la discriminación política.
- La reiterada alusión a una supuesta guerra económica promovida por el gobierno de Estados Unidos y sectores de oposición incorpora un tono belicista que debilita las garantías de igualdad y no discriminación en el diseño y ejecución de los CLAP. Incluso, el gobierno ha retomado en forma explícita la idea de guerra convencional; y en forma implícita, la noción de enemigo interno.
- Todos los derechos violados por el uso discriminatorio de los CLAP están consagrados en la Constitución. Sin embargo, el derecho internacional de los derechos humanos ofrece mayores argumentos jurídicos y es particularmente útil la Observación General N° 12 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas.
- El dato de discriminación más evidente es la conformación excluyente de los CLAP. Tanto en los señalamientos del presidente de la República y otros voceros gubernamentales, como en el sitio web del Ministerio de Alimentación se precisa que están integrados por consejos comunales, Unidad de Batalla Bolívar-Chávez (que están concebidos y actúan como parte de la maquinaria electoral del PSUV), Una mujer y el Frente Francisco de Miranda. Los cuatro componentes son organizaciones oficialistas que, según confirman las víctimas, no dan cabida a la participación de personas no identificadas con el chavismo.
- La falta de reglamentación de los CLAP, precisa y suficientemente conocida tanto por los ejecutores como los beneficiarios del programa social de distribución de alimentos, abre espacios a las arbitrariedades, entre ellas la discriminación por razones políticas. El principal asidero jurídico de los CLAP es el Decreto de Estado de Excepción y de Emergencia Económica, emitido por el Ejecutivo el 13 de mayo de 2016. En ese documento se insiste en enunciar como causas de la escasez la supuesta guerra económica que, desde la perspectiva oficialista, debe ser combatida con organización popular.
- Ni las autoridades directamente vinculadas con el diseño y ejecución de los CLAP ni las víctimas de discriminación pueden identificar mecanismos de contraloría que se ajusten a los principios constitucionales de transparencia y rendición de cuentas sobre el uso de fondos públicos. El presidente Nicolás Maduro ha anunciado públicamente desembolsos por el orden de los 18.500 millones de bolívares, sin que se sepa con claridad quién los ha administrado, cuándo, cómo y con qué resultados.
- El aumento de la militarización de la gestión pública durante el gobierno de Nicolás Maduro tiene efectos, aguas abajo, sobre la organización y funcionamiento de los CLAP. Las denominaciones “Comando para el Abastecimiento Soberano” y “Estado Mayor de los CLAP” dan cuenta de una estructura jerárquica y una línea de mando que pone en duda que este sistema de distribución de alimentos corresponda a una gestión verdaderamente autónoma de las comunidades, en atención a sus necesidades específicas y diferenciadas.
El trabajo puede ser consultado en www.derechos.org.ve
Coordinador de Investigación de Provea
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