EL-INFORME.COM, 4 enero, 2017 Hora:2:00 PM
Historiador Walter Márquez
La nueva directiva de la Asamblea Nacional a juramentarse este jueves debe afrontar con coraje el fraude político y judicial en su contra, un falso positivo judicial, producto de una cadena de irregularidades y falsificaciones cometidas por el partido de gobierno PSUV liderizado por Jorge Rodríguez, alcalde de Caracas, entre otros miembros de esa organización política, sostiene el parlamentario nacional jubilado Walter Márquez.
Manifestó Márquez que dicho fraude comenzó luego de la derrota del gobierno el 6 de diciembre, con la designación ilegal de los 13 “magistrados express” del Tribunal Supremo de Justicia, violando la Constitución de la República el pasado 23 de diciembre de 2015, posteriormente el 16 de diciembre del mismo año, “con una noticia falsa Jorge Rodríguez difundió un audio producto de una grabación ilegal, inconstitucional, en una sola mesa electoral de Amazonas, la cual convirtieron en un supuesto hecho notorio que también es irregular y fraudulento, y la Sala Electoral del TSJ, actuando fuera de su competencia, porque se denunció un supuesto fraude electoral que tenía connotaciones penales y por lo tanto debía ser resuelto por un tribunal penal, declaró nulo el resultado electoral en esa entidad, dejando desprotegidos a los diputados Guarulla, Igarza y Guzamana quienes fueron legalmente electos por amplia mayoría de votos y proclamados por el CNE”.
A esto se agrega –indicó- que como ellos se presentaron a su juramentación como era lógico, la Sala Electoral, sin tener ninguna facultad, declara el desacato de la AN; en este sentido reto al TSJ a demostrar que la Sala Electoral tenga competencia alguna para declarar en desacato a la Asamblea o anular cualquiera de sus actos, y no lo va a hacer porque sencillamente carece de las mismas de acuerdo a la Constitución y la Ley Orgánica del TSJ.
Explicó Walter Márquez que toda esta cadena de irregularidades permitió que la gestión de la AN el año pasado fuera cuestionada por el régimen, “y no haber tenido el coraje para enfrentar esas maniobras trajo como consecuencia no solo el que se violaran los derechos humanos y las garantías constitucionales de los pueblos de Amazonas representados por estos parlamentarios, sino que a su vez permitieron que declarara ilegalmente el desacato y anulara la mayoría de las actuaciones del parlamento venezolano”.
Comisión internacional de la verdad
– Por eso, en este momento, en que se está replanteando la incorporación de los diputados de Amazonas, la nueva directiva de la Asamblea Nacional debe calificarlos como diputados electos y proclamados en forma legal, al tiempo que debe solicitar la creación de una comisión internacional de la verdad, que integren entre otros el Vaticano y la OEA, solicitud que se debe hacerse oficial ante el Papa Francisco como facilitador de la solución de la crisis en Venezuela, y ante Luis Almagro, secretario general de la OEA, en virtud de que se han violado los derechos políticos de los pueblos indígenas a tener representación parlamentaria, se ha vulnerado la autonomía del poder legislativo, y se han violado normas de rango constitucional y de carácter legal, así como tratados internacionales, expresó el también historiador.
En este sentido insistió en que la Asamblea Nacional tiene el reto, el compromiso ineludible de enfrentar y desenmascarar ese fraude gigantesco montado por el régimen que se basa simplemente en una grabación “chimba” que ha conllevado a que en un año se tenga paralizada la representación indígena de Amazonas ante el parlamento venezolano.
Controversia Constitucional
“Por estas razones pedimos nuevamente no solo el enjuiciamiento de Jorge Rodríguez y las demás personas que participaron en este fraude en perjuicio del pueblo de Amazonas por asociación para delinquir y violación de la ley contra la delincuencia organizada, sino también el enjuiciamiento contra los magistrados integrantes de las salas Constitucional y Electoral que actuaron fraudulentamente en este caso. La AN debe plantear la controversia constitucional que es una figura jurídica que debe dilucidar la Sala Constitucional cuando hay confrontación entre los poderes públicos, pero como ésta forma parte del conflicto se debe inhibir de conocer el caso, y adicionalmente la AN debe denunciar por prevaricato constitucional a los magistrados de las salas Electoral y Constitucional del TSJ”.
Indicó finalmente Walter Márquez que ante la situación planteada el parlamento nacional debe actuar con firmeza “so pena que la historia lo juzgue por falta de coraje e incapacidad para actuar en estos momentos de severa crisis política, económica y social que requiere de una respuesta firme y contundente del parlamento venezolano”.
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