sábado, 4 de febrero de 2017

EDITORIAL DE EL NACIONAL

Gobierno “In”

En una sentencia que, a primera vista, podía interpretarse como un punto a favor de la Asamblea Nacional, pues en ella se declara inadmisible un recurso de nulidad interpuesto por diputados rojos para invalidar la declaración de abandono del cargo por parte de Nicolás Maduro,  formulada por el ente legislador a comienzos de año, el TSJ sin que viniese al caso se permite dictaminar que la bancada mayoritaria del Parlamento incurre en “omisión de su deber de cumplir con la Constitución como norma suprema” y agrega que, por no acatar las decisiones del resto de los poderes públicos, se encuentra en “anomia constitucional”… lo cual “degenera el caos que se ha procurado para sí misma en su afán de inquirir la inestabilidad para el Estado, su gobierno y su pueblo soberano”. 
Si quienes redactaron ese cantinflérico alegato –apenas una muestra de la sarta de disparates hilvanadas en el fallo fechado el 26 de enero de 2017–, manejan el derecho con la misma destreza que el lenguaje, no podemos  esperar que el olmo dé peras; y, mucho menos, que aun provistos de anteojos y de audífonos  vean y escuchen lo está a la vista y al oído: que el señor Maduro no está ejerciendo su cargo como es debido y ha renunciado  a administrar la cosa pública al ceder –¿testamentariamente?– la casi totalidad de sus obligaciones y competencias a la fuerza armada bolivariana y estamentos burocráticos ad hoc en un rebatiña de responsabilidades y, ¡claro que sí!, oportunidades que estimulan la coima, las comisiones, la mordida, en fin, el enriquecimiento ilícito.
Ahora, como para burlarse del juicio político que corresponde a su defección de hecho, Maduro ha procedido a poner en manos del vicepresidente ejecutivo, Tarek el Aissami, la toma de importantes decisiones en áreas que, por sensibles, exigen la atención presidencial: traspaso y rectificación de partidas presupuestarias, nombramiento de viceministros del poder popular y de los presidentes e integrantes de las juntas directivas de los entes descentralizados, dictado de decretos de expropiación y adquisición forzosas, otorgamiento de divisas, entre otras, que suman un total de 15 nuevas atribuciones para el “viceNico”, tal como puede leerse en la Gaceta oficial N° 41.083.
Sustenta este formal empoderamiento –el mote de jeque no deriva de su nombre sino de su influencia en la gestión bolivariana, que se sospechaba grande y, ahora se sabe, es enorme– el propósito de inyectar “celeridad, eficiencia y eficacia” al aparato burocrático. ¡Ja!
El prefijo “in” denota, según el Diccionario de la Real Academia Española, falta o privación, –años atrás, la jerga derivada del inglés indicaba lo contrario– de modo que esta definición explica el sentido de nuestro titular.
Sí; es el venezolano un gobierno in: incompetente, incapaz, ineficiente, inoperante, ineficaz, insensible… y paremos aquí, sin agotar la lista de carencias de las que ha dado fehacientes muestras la gerencia madurista, aunque nos quedemos cortos anotando que por tan graves y notorias insuficiencias, la ciudadanía ansiaba revocarlo sin que mediaran diálogos dilatorios; y por iguales motivos exige un adelanto de las elecciones regionales con la esperanza de forzar su salida… ¡por incalable!

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