A favor del pueblo venezolano y contra la dictadura
Acaba de ocurrir un hecho de extraordinaria significación: el Senado de Estados Unidos, con los votos de los partidos Republicano y Demócrata, ha decidido prestar su apoyo a la iniciativa del secretario general de la OEA, Luis Almagro, de invocar el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, considerando la cada vez más riesgosa situación de Venezuela. El mencionado artículo parte de esta premisa: si en un país miembro de la OEA se produce una alteración del orden constitucional que afecte “gravemente su orden democrático”, cualquier país miembro o el secretario general pueden convocar al Consejo Permanente para “realizar una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime convenientes”.
La lectura del documento emitido por el Senado norteamericano impacta por la amplitud de sus contenidos y la rigurosa consideración de las principales variables de la tragedia venezolana. Su punto de partida no podía ser otro: se refiere a la extrema y ya crónica escasez de medicamentos y de productos alimenticios, que han sumido a la inmensa mayoría de las familias en una prolongada situación de hambre y enfermedad. Se trata de realidades incontestables: en la Venezuela de hoy, hay millones de familias que viven no de modo ocasional, sino en estado permanente de hambre, en condiciones de creciente precariedad. Cuando en el documento se afirma que faltan hasta los medicamentos para el tratamiento del cáncer, no hay un ápice de exageración: la carestía alcanza incluso las enfermedades terminales, es decir, la vida de los pacientes.
Que la iniciativa tiene un carácter humanitario y de verdadera emergencia, lo demuestran algunas de las cifras incluidas en su argumentación: la previsión es que la inflación en 2017 sea mayor a 1.600% y la caída del PIB mayor a los 10 puntos. Al mismo tiempo, Caracas presenta el mayor índice de peligrosidad del mundo: 120 asesinatos por cada 100.000 habitantes. Hambre, enfermedad y delincuencia: las exacerbadas realidades que están matando a los venezolanos.
¿Y qué hace la dictadura de Nicolás Maduro ante estas realidades? Se niega a recibir ayuda humanitaria internacional. Mantiene una campaña de amenazas a dirigentes sociales, empresarios, parlamentarios y periodistas. Se niega a liberar a los presos políticos, insistente petición que le ha sido formulada desde los más diversos sectores políticos e ideológicos, dentro y fuera de Venezuela. Protege a familiares de los poderosos y a funcionarios señalados por sus vínculos con el narcotráfico y por el blanqueo de los dineros provenientes de esa actividad. Desconoce la independencia de los poderes públicos, en particular la Asamblea Nacional elegida el 6 de diciembre de 2015, lo que destruye las bases mismas del sistema democrático. Impide la realización de procesos electorales, tal como está establecido en el texto constitucional vigente. Tiene bajo su control a la inmensa mayoría de los medios de comunicación del país y, no satisfecho con ello, impide que medios independientes, como CNN en español, puedan transmitir su señal en territorio venezolano.
La resolución del Senado de Estados Unidos viene a sumarse a una serie de iniciativas de carácter internacional, cuyo objetivo es buscar una salida a la crisis social, económica y política del país, cuyo empeoramiento es, día a día, más extendido y profundo. Entre mayo de 2016, cuando Luis Almagro presentó al mundo un prolijo documento que describía la precariedad venezolana y solicitaba la activación de la Carta Democrática Interamericana, y la realidad hoy, diez meses después, se evidencia un empeoramiento para el que a menudo faltan las palabras. Cuando millones de personas, en un lapso de unos pocos meses, han perdido entre siete y nueve kilos en promedio, a causa del hambre sostenida, encontrar el modo adecuado de describirlo no es tarea sencilla.
Que en Venezuela haya una desesperación cada día más volcánica no solo es comprensible, sino también una realidad emocional y política, cargada de legitimidad. El cuerpo de peticiones que el Senado de Estados Unidos le ha formulado al gobierno de Venezuela no es más que la restitución de los derechos humanos, políticos, económicos y sociales que las leyes garantizan a los ciudadanos. Las recurrentes negativas de parte de Maduro y su gobierno son un persistente rechazo a la convivencia y la puesta en escena de una estrategia que no tiene otro objetivo que mantenerse en el poder de forma indefinida, al costo que sea. Maduro no quiere escuchar. Su gobierno y las instituciones cómplices del mismo están tensando la paciencia y la tolerancia del pueblo venezolano a unos límites realmente extremos. Su hipótesis tiene un fundamento militar: que con el compromiso público del ministro de la Defensa, Padrino López, de mantener el régimen en el poder, será suficiente. Que la posibilidad de que las FANB actúen en contra del pueblo hambriento disuadirá a los venezolanos de hacer uso de su derecho de protestar y de exigir comida y medicamentos. Esa hipótesis no solo es nefasta, sino inviable: tarde o temprano se producirá una reacción contra el poder sordo y desquiciado.
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