Fiscalía desestima historial de violencia minera al atribuir matanza a causas ‘fatuas e innobles’
Jhoalys Siverio
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Comisión especial está enfocada ahora en el tema del Arco Minero, atribuyéndolo como un elemento que originó la masacre de TumeremoFoto Archivo
La comisión especial de la Asamblea instó a la Fiscalía determinar responsabilidades a los autores materiales e intelectuales; sin embargo, esta ignoró informe de comisión.
Impunidad, familiares de las víctimas desasistidos, y un Estado que elude la violencia que se mantiene en Bolívar por las bandas que se disputan el control del oro, y que se presume dio origen a la masacre de Tumeremo es el resultado a un año del asesinato de aquellos 17 mineros.
“El seguimiento se lo hemos hecho prácticamente a diario, es una guerra que no termina. Los resultados están a la vista, salieron de los predios de las minas para instalarse y posicionarse en las ciudades”, afirma el diputado Américo De Grazia, quien presidió la Comisión Especial de la Asamblea Nacional para investigar los hechos ocurridos en la masacre de Tumeremo.
¿Qué pasó con la comisión?, ¿hubo resultados?, ¿se hace seguimiento? La mayor parte de la investigación ha quedado en las denuncias y testimonios plasmados en el informe de dicha comisión que incluyó sugerencias para cada órgano competente del Estado, a fin de investigar no solo ese hecho, sino el tema de la actividad minera y el pranato existente en ella.
La omisión de Fiscalía
Una de las recomendaciones fue exhortar a la Fiscalía General de la República a investigar a fondo el origen de la masacre y establecer responsabilidades a los autores materiales e intelectuales.
“No podíamos decirle al gobierno que lo hiciera porque en el informe decíamos que la masacre era producto de la limpieza de las áreas para dárselas a las trasnacionales y eso guardaba relación con este hecho.
 Fiscalía no ha establecido responsabilidades a autores intelectuales de la masacre | Foto William Urdaneta |
No obstante, la Fiscalía nos hizo llegar el resultado de su investigación y determinó que fue por causas fatuas e innobles, cosa que no describe la naturaleza del crimen, tratándose de 17 personas”, cuestiona el parlamentario.
Aunque hubo detenidos señalados como partícipes de la masacre, la Fiscalía se lavó las manos a tratar de calificar el suceso como un hecho fortuito cuyas causas eran presumidas, mientras que no hay una responsabilidad penal y un señalamiento oficial sobre los autores intelectuales, los que encomendaron la matanza de mineros.
“Decimos en ese informe que las masacres en Bolívar iniciaron con la masacre de La Paragua hace 10 años por oficiales militares, lo que cambiaron fue el rol, la tarea sucia se la dan a los pranes”, acota.
Las recomendaciones incluyeron remitir el informe al Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz para la prosecución de las averiguaciones referentes al caso y exhortar a su máxima autoridad a que determine y establezca las responsabilidades, que corresponden, de todos los cuerpos de Seguridad del Estado y miembros del gobierno regional y nacional, así como al Ministerio de la Defensa, ya que entre los datos recabados se menciona que los autores materiales portaban armas largas, chalecos del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).
Defensoría del Pueblo, Contraloría General de la República y el Ministerio del Poder Popular para Ecosocialismo y Aguas, para establecer códigos y normas de buena práctica minera, también fueron incluidas en las recomendaciones del informe de la AN, sin éxito alguno hasta ahora.
 En las áreas mineras del estado Bolívar se violan los derechos humanos de manera sistemática. Los mineros artesanales venezolanos son sometidos a la violencia, al miedo, a la extorsión, a la criminalización de su trabajo, con ánimo de inducirlos a la clandestinidad y al tráfico de miseria con consecuencias nocivas en lo social, económico y ambiental”, recoge el informe de la AN. |
Una masacre anunciada
Las averiguaciones de la comisión especial que investigó la masacre incluye un informe de un comisario del Sebin, José Gregorio Lezama Gómez, al mayor general al Gustavo González López, director general de ese mismo organismo, acusando al comisionado del gobernador Francisco Rangel Gómez, general Julio César Fuentes Manzulli de otorgar desde 2010, en su condición de director de la Policía del estado Bolívar, credenciales policiales y armamento a determinadas bandas delictivas como la de los pranes Yorman Pedro Márquez Rodríguez, alias Gordo Bayón; Jamilton Andrés Suárez Ulloa, alias el Topo; Phanol Vladimir Clemente Ojeda, alias Capitán; y otros apodados el negro Juancho, el Sapito y el Ciego.
Asimismo, hacen referencia a que la masacre de Tumeremo sucedió pocos días después de la creación de la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg) y del anuncio de la puesta en marcha del motor minero, cuando el 24 de febrero el presidente Nicolás Maduro firmó el decreto para la certificación de reservas en el Arco Minero del Orinoco, “abarcando más 111.800 km2 (Bolívar, Amazonas y Delta Amacuro), lo que constituye cerca del 12% del territorio nacional en el que se encuentran aproximadamente 200 millones de toneladas de bauxita y 44 mil toneladas entre oro y diamantes, con la intención de otorgarle concesiones de explotación a 150 empresas mineras de 35 países”.
Por otro lado fue reincorporada la empresa transnacional aurífera canadiense Gold Reserve, “a las áreas previamente expropiadas por el gobierno en el sector Las Claritas, municipio Sifontes, luego de que dicha empresa le ganase al Estado venezolano una cuantiosa demanda ante tribunales internacionales y para cuya explotación se requiere la desocupación, en su totalidad, de los actuales ocupantes, todos ellos mineros artesanales y trabajadores conexos”.
El 28 de febrero de 2016, cuatro días antes de la masacre, el presidente del Banco Central de Venezuela (BCV), Nelson Merentes, anunció que varias empresas mixtas con capital canadiense, estadounidense y alemán iniciarían en abril la extracción de oro, cobre, plata y coltán como parte de los convenios suscritos por el Gobierno.
Cuatro días después, el 4 de marzo, 17 mineros no regresaron del fundo Atenas, donde se presume ocurrió la masacre. Familiares acudieron al hospital e instancias policiales y militares para que hicieran la búsqueda, pero hicieron caso omiso.
Al día siguiente trancaron la Troncal 10 de Tumeremo en protesta por la desaparición de los mineros, incluyendo dos mujeres, siendo el diputado De Grazia quien denunció el hecho tras recibir llamadas de los parientes. Aunque la versión oficial de la fiscal Luisa Ortega Díaz determina que fueron encontrados 17 cuerpos, un presunto testigo aseguraba haber contado 28 cadáveres.
| Decimos en ese informe que las masacres en Bolívar iniciaron con la masacre de La Paragua hace 10 años por oficiales militares, lo que cambiaron fue el rol, la tarea sucia se la dan a los pranes”. Américo De Grazia, diputado de la Asamblea Nacional |
Negligencia del gobierno
Durante las investigaciones, la comisión especial sostuvo reuniones con diferentes ONG, el defensor del Pueblo Tareck William Saab y la fiscal Luisa Ortega Díaz. El gobernador Francisco Rangel Gómez fue invitado a una reunión en dicha instancia pero no asistió, por lo que le fue remitido un cuestionario para que sus respuestas contribuyeran al esclarecimiento del caso.
Para De Grazia se trata de un acontecimiento que sigue en desarrollo y estaría involucrado a una posible salida del cargo por parte del gobernador Rangel Gómez, como se ha venido rumorando al menos en los últimos tres años.
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“Eso ha desatado un conjunto de acontecimientos que no lo podemos desvincular con lo ocurrido en playa Parguito (con el caso del pran Wilmer Brizuela, alias Wilmito), en el sector El Perú de Ciudad Bolívar (con los escoltas de Wilmito) o el tiroteo en la discoteca de Puerto Ordaz, los acontecimientos en Guasipati, El Callao, el reacomodo del pranato, la adjudicación de las minas a las empresas del Arco Minero”, razona De Grazia.
“En las áreas mineras del estado Bolívar se violan los derechos humanos de manera sistemática. Los mineros artesanales venezolanos son sometidos a la violencia, al miedo, a la extorsión, a la criminalización de su trabajo, con ánimo de inducirlos a la clandestinidad y al tráfico de miseria con consecuencias nocivas en lo social, económico y ambiental. Es inconcebible este estado de cosas en una zona totalmente militarizada sin la complicidad directa de algunos altos mandos de la Fuerza Armada Nacional”, agrega el informe.
“Esta comisión concluye que el ciudadano Rangel Gómez en su calidad de gobernador del estado actuó de manera negligente desde los primeros momentos al negar de forma categórica los hechos denunciados, cosa que contribuyó a que las autoridades policiales y de las Fuerzas Armadas incumpliesen con sus obligaciones de brindar colaboración inmediata a los denunciantes y se desarrollasen las labores de rescate, protección y liberación de los, para ese entonces, desaparecidos o de ubicación exacta del lugar de la masacre, el oportuno análisis de la escena del crimen y el descubrimiento inmediato de los cadáveres que, ante la negligencia oficial, fueron trasladados a otra ubicación”, concluye la comisión investigadora.
Además de las denuncias que constantemente hace el diputado Américo De Grazia, la comisión especial no se ha vuelto a reunir. El parlamentario alega que “la Asamblea evolucionó hacia un predio distinto, hacia el Arco Minero como tal. La comisión está ya, más que en la masacre de Tumeremo, en la instancia que se supone originó la masacre”.
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