Violencia minera y recelos medioambientales e indígenas funden motores del Arco Minero
CORREO DEL CARONÍ, María Ramírez Cabello
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Comisión mixta de la Asamblea Nacional plantea la derogación total del decreto 2.248 que dio origen al Arco Minero del OrinocoFotos Wilmer González
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Habían pasado solo dos meses de haber sido diagnosticado de cáncer. El entonces presidente Hugo Chávez estaba ansioso por concretar proyectos, pues la vida se le hacía finita.
Así, un 23 de agosto de 2011, rayó con marcadores un mapa de Venezuela: en negro los trazos de la Faja del Orinoco, en rojo lo que bautizó como el Arco Minero del Orinoco y en marrón la Franja Gasífera del Caribe.
“Del lado sur del Orinoco hay un arco minero que comienza por esta zona donde hay bauxita, coltán, diamantes y la zona del oro, es un arco minero. Son grandes extensiones donde reside un gran potencial y poderío económico”, dijo Chávez desde un consejo de ministros en el Palacio de Miraflores.
“Un día comencé a pensar en cómo engranar una sola estrategia de desarrollo acá, de lo petrolero con lo minero. Hace varios años que estamos hablando de eso y no habíamos concretado una estrategia”, añadió, para luego firmar el punto de cuenta del plan de acción estratégica conjunta de ambas actividades económicas.
Fue la génesis de un megaproyecto estatal de explotación minera en áreas actualmente tomadas por cientos de mineros ilegales en el oeste y sur del estado Bolívar, la entidad más extensa del país. Zonas en las que la violencia es la reina.
Murió Chávez y la idea quedó resoplando en el aire. Pero el gabinete de su sucesor, Nicolás Maduro, ávido de recursos económicos por el bajón de la cotización internacional de petróleo, revivió el plan y dividió en bloques el Arco Minero del Orinoco (AMO). Su creación por decreto fue oficializada un 24 de febrero de 2016, ocho días antes de la masacre de Tumeremo en la que fueron asesinados 15 hombres y dos mujeres, con edades de 19 a 31 años, en pleno territorio del proyecto minero.
Desde entonces, el Ejecutivo ha firmado cartas de intención con privadas y trasnacionales; ha violado preceptos constitucionales en cuanto a la obligatoria aprobación del proyecto por parte de la Asamblea Nacional y ha sido ineficiente en el control de la anarquía minera al sur de Bolívar.
“El Arco Minero es una masacre ambiental promovida por el Estado. Es la profundización de las masacres humanas y la legitimación de la destrucción del ambiente, la biodiversidad y las reservas de agua más importantes del país”, sostuvo el doctor en Derecho Político y Ambiental y autor de las normas ambientales de la Constitución Nacional, Alexander Luzardo.
A un año de su creación, el ex senador y autor de la Ley Penal del Ambiente (1992), asegura que el megaproyecto extractivo sigue siendo inviable y su viabilidad, enfatizó, no se resuelve con un estudio de impacto ambiental y sociocultural. “La previsión de ese estudio previo no puede ser para violar luego las áreas que ya han sido declaradas como protegidas; tampoco la consulta con los pueblos indígenas puede ser para arrasar con ellos luego”.
Luzardo explicó que el Arco Minero no solo afecta las reservas de agua dulce de los más de 110 mil kilómetros cuadrados en los que se proyecta el plan extractivo, sino también la biodiversidad y la generación de energía sustentable.
Apunta que abrir las puertas a la minería del AMO es, además, “la apertura para un proceso inmigratorio que acabaría con Guayana y el Delta, desde el lado de Brasil. Sería abrir las puertas a su destrucción y transformaría a Guayana en una zona de garimpeiros”.
El experto es enfático en la necesaria defensa de la pristinidad ecológica, pues asegura que tanto los recursos naturales de esta zona como las aguas “son insustituibles para el desarrollo de la vida”.
 El Arco Minero es una masacre ambiental promovida por el Estado. Es la profundización de las masacres humanas y la legitimación de la destrucción del ambiente, la biodiversidad y las reservas de agua más importantes del país”. |
Los acuerdos hasta ahora
Cuando el Arco Minero fue creado, la euforia gubernamental escaló altos niveles. En esa embriaguez de minerales, el Ejecutivo firmó cuatro acuerdos de intención en febrero de 2016 con las empresas foráneas China Camc Engineering Co. Ltd., que ha firmado varios acuerdos con el Gobierno venezolano en materia agrícola; la china Yakuang Group; la empresa Afridiam de la República del Congo y la canadiense Gold Reserve.
“La minería es uno de los elementos que tenemos con la mejor planificación y proyección, y que nos permite hoy echar a andar este motor minero con mucha fuerza”, aseguró el presidente Nicolás Maduro en febrero de 2016, cuando vislumbró la actividad minera como “fuente de riqueza para que vaya equilibrando los ingresos, que los vaya diversificando y vaya sustituyendo al petróleo como única fuente de divisas internacionales”. Una urgencia ineludible, en la que fue escatimado el potencial de las industrias del hierro y el aluminio.
Los minerales en el foco eran el coltán y diamante en el bloque 1, al oeste de Bolívar, asignado a la China Camc Engineering Co. Ltd. y Afridiam del Congo; oro en el bloque 4, al sur del estado Bolívar, operado por la compañía congolesa, la china Yakuang Group y la canadiense Gold Reserve.
Con esta última, el Ejecutivo tanto con Chávez como con Maduro mantiene una larga historia de encuentros y desencuentros, que incluyen una demanda en 2009 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial por la expropiación de sus inversiones en el país.
 La crisis económica ha causado una migración desordenada en las zonas mineras del sur del estado Bolívar |
En su regreso a Venezuela, directivos de Gold Reserve declararon a El Nacional que operarían el Proyecto Brisas y Las Cristinas. En términos económicos, los únicos detalles monetarios ofrecidos por el Gobierno están vinculados al acuerdo con Gold Reserve, un convenio de inversión por 5 mil millones de dólares con Venezuela para constituir una empresa de capital mixto, con la participación de 45% de la composición accionaria.
Las Cristinas, un poderoso yacimiento de oro en el que aspiraba operar la trasnacional Crystallex, había sido ofrecido también por el expresidente Chávez -en el 2012- a la corporación estatal china de inversiones Citic Group.
“(Se está aprobando) un acuerdo con Citic para el desarrollo conjunto del proyecto Las Cristinas”, expresó Chávez desde un consejo de ministros celebrado poco antes de su partida a Cuba, en donde sería operado una vez más de la lesión cancerígena que causó su muerte. El deseo nunca se concretó.
El 2017 abrió con luz verde para la explotación de coltán, luego de que el Ejecutivo otorgara en enero a la Empresa Mixta Minera Ecosocialista Parguaza -una de las tres primeras compañías mixtas creadas en noviembre de 2016- el permiso legal para la explotación de las azuladas piedras de coltán en Parguaza, en el extremo oeste del municipio Cedeño del estado Bolívar, saltando la revisión obligatoria de los contratos por parte de la Asamblea Nacional.
Esta es la primera empresa creada a propósito del Arco Minero en recibir el derecho de explotación de coltán, un mineral estratégico por sus altas concentraciones de tantalio (Ta) y niobio (Nb) o columbita, metales refractarios imprescindibles para la industria electrónica, militar y aeroespacial.
También en enero, el Ejecutivo nacional oficializó la delimitación de 8.159 hectáreas a la empresa mixta Oro Azul para la explotación de coltán y un mes antes, en diciembre, delimitó un área de 97 hectáreas para la pequeña minería de oro en el municipio El Callao, específicamente en el sector conocido como Nacupay.
AMO, motor fundido
Para el presidente de la Cámara Minera de Venezuela (Camiven), Luis Rojas Machado, los resultados del AMO a un año de su creación son una muestra de su inviabilidad. “El sector minero necesita intensidad en capital que no tenemos, además de la confianza en las instituciones y en el país para invertir y eso no existe. De hecho, el Arco Minero se quedó en anuncios. Ni siquiera la estatal Minerven tiene algo que mostrar. Todo lo contrario, tiene la menor producción de su historia”.
- Ha habido delimitación de áreas y autorizaciones de explotación de coltán a dos empresas, ¿se puede esperar desarrollo y extracción de este mineral?
- No, porque no hay seriedad ni empresas de características serias. El mundo minero no es tan grande como parece, la minería y el comercio minero es finito en cuanto a sus actores y los verdaderos mineros se conocen. Lo que tenemos actualmente son chanceros y gente buscando beneficios a corto plazo, pero no empresas con desarrollo, experiencia, capacidad y recurso humano. Se requiere un poco más que buenas intenciones.
- En el sur de Bolívar se mantiene la violencia vinculada a la extracción minera. ¿Ha sido determinante esta variable en el retraso de las alianzas auríferas?
- Definitivamente; cada vez que matan a alguien en la zona minera se aleja la inversión. El inversionista no debe correr muy lejos, con ver los satélites de Google Earth por ejemplo y las noticias ve que esta zona no es amistosa.
El desarrollo minero tiene un costo elevadísimo. Un proyecto minero para un millón de onzas cuesta actualmente entre 100 y 400 millones de dólares y es una mina pequeña. Un horno de níquel vale 100 millones de dólares. A los inversionistas que estaban antes los corriste con expropiación y maltrato. Es difícil después que golpeaste equipos, que vengan de nuevo. Nombran un nuevo ministro (Jorge Arreaza) y dudo que tenga conocimiento de la minería y su desarrollo.
- ¿Cuál debe ser la ruta si se quiere un desarrollo minero ordenado y que no represente un ecocidio?
- Con licitaciones públicas e internacionales e invitando a los mejores, pero los mejores no van a venir porque el país no ofrece las garantías para crecer y constituirse. Nuestra seguridad no representa un atractivo para que una empresa minera venga, a pesar de las perspectivas de reservas. Sí tenemos reservas, no sabemos cuánto, pero lo que indica la minería ilegal es que sí hay, pero ¿puede el país beneficiarse de eso? Tiene que haber ordenamiento y seguridad y eso se logra con pequeñas empresas que tengan éxito, que atraigan luego a las medianas y luego a las grandes.
AN plantea derogación absoluta
Pero mientras eso sucede, la comisión mixta para el seguimiento del plan estatal -a tono con el rechazo de la AN al proyecto extractivista de 2016- plantea la derogación total del decreto 2.248 que establece la creación del Arco Minero del Orinoco.
El planteamiento está fundamentado en el proyecto de Ley para la Protección de la Mega Reserva del Sur del Orinoco, redactado por Alexander Luzardo. Consta de 27 artículos y busca “proteger y darle el valor de ley a los decretos presidenciales sobre parques nacionales, Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (Abrae), reservas forestales y acuíferas, que se han constituido desde 1937 a 1992”.
Bajo esta condición, asegura el diputado Américo De Grazia, presidente de la comisión mixta, está 85% del territorio del estado Bolívar.
Pero la viabilidad del proyecto, tomando en cuenta el desconocimiento de las decisiones de la Asamblea Nacional por parte del resto de los poderes públicos, pende de un hilo. “La viabilidad de ese proyecto es la viabilidad de Guayana y la República”, advierte Luzardo, quien sostiene que “el país tiene que asumir el costo de lo que Guayana retribuye a la nación en biodiversidad y aguas”.
Otras organizaciones como Provea que, incluso, han denunciado el megaproyecto ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); han puesto acento en el daño cultural sobre las poblaciones indígenas y han advertido la expansión de la incursión de irregulares y la violencia con la legalización del extractivismo, muestran que no fue casual que Chávez usara precisamente el color rojo para delinear el Arco Minero.
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