Estamos en los momentos finales de la dictadura, esta pesadilla llamada chavismo
Pedro García Otero
Antonio Canova González es una de las autoridades más reconocidas en Derecho Constitucional en Venezuela. Profesor universitario, director de la ONG Un Estado de Derecho, doctor en Derecho de la Universidad Carlos III de Madrid, España, es un hombre que también va directo a decir las cosas como las piensa.
Es el autor, además, de El TSJ al Servicio de la Revolución, un libro que ya para 2014 desnudaba la sumisión del Tribunal Supremo venezolano al chavismo, sumisión que ha terminado por poner en peligro la estabilidad política y social del país suramericano.
Canova conversó con PanAm Post sobre la convocatoria espuria a una Asamblea Nacional Constituyente “comunal” por parte de Nicolás Maduro, y advierte que desde hace mucho tiempo, el presidente, y su círculo de poder, han traspasado todos los límites de la legalidad en Venezuela, por lo cual su destino más probable es una celda; afirma, además, que estamos “en los momentos finales de esta dictadura” y que soplan vientos de cambio en Venezuela.
¿Cómo afecta la legalidad en Venezuela la convocatoria a una Asamblea NacionalConstituyente en los términos en los que los propone Nicolás Maduro?
En la Constitución venezolana está previsto el mecanismo para la convocatoria a una constituyente, a través de tres artículos. Uno de ellos dice que esta convocatoria reside en el pueblo, y que una constituyente es originaria y puede modificar toda la estructura constitucional y se convierte en un suprapoder, al que todos los demás están supeditados. El segundo dice quiénes tienen la iniciativa para que el pueblo convoque a la Constituyente, y el tercero habla de lo que ocurre cuando se convoca y se instala la Constituyente, y que esta va a someter a los demás poderes constituidos.
La Constitución venezolana de 1999 es bastante deficiente desde el punto de vista jurídico constitucional, pero la invocación de estos artículos por parte del Gobierno, invocando estos artículos violando lo que se hizo hasta aquí, supone una violación, pues presume que él convoca la Constituyente y ya procede elegir a sus miembros. La única manera de convocarla es mediante un referendo consultivo, como se hizo en 1999, y si acepta las bases comiciales, que también se hizo ese año, y entonces vino todo el proceso de elección de sus miembros por voto universal, directo y secreto.
Eso no es lo que tenemos ahora. Ahora tenemos a un presidente que está usurpando las funciones del pueblo, usurpa el carácter democrático de una convocatoria a Constituyente, y para agregarle más a este golpe de Estado, plantea la designación de los miembros no por voto universal, directo y secreto, sino por sectores, estamentos, que el Gobierno puede controlar; y además, crea una asamblea con un número de personas que es un tumulto, y no permite debatir ideas.
Es algo tumultuario lo que puede hacer, y es para poder controlarla, asumiendo todos los poderes, para poder dominar los otros poderes, especialmente el que más le preocupa, que es la Asamblea Nacional, y también a la fiscal Luisa Ortega, de cuya lealtad desconfía, porque parece haber dicho que no va a seguir mucho más allá apoyando todas las arbitrariedades del Gobierno.
Esto es un golpe de Estado para disolver definitivamente, ahora por esta vía, ya que le salió mal la vía del Tribunal Supremo de Justicia, a la Asamblea Nacional y desconocer la decisión democrática de 2015.
Si el presidente está aquí dando abiertamente un golpe de Estado y el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo lo validan, toca exigir la destitución del presidente y las rectoras del CNE, además de los magistrados del Tribunal Supremo por el golpe anterior, el del 27 de marzo.
¿Qué opciones tiene la ciudadanía para defenderse?
Desde el punto de vista de un abogado constitucionalista, la rebelión civil es una figura democrática, prevista en la Constitución y los Tratados internacionales de Derechos Humanos para desobedecer, para acabar, con las tiranías y las dictaduras.
Eso es justamente lo que está pasando en Venezuela desde hace más de 30 días: el pueblo protestando en la calle, con los líderes de la oposición y la Asamblea Nacional desconociendo las arbitrariedades de la dictadura.
En la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, de 1948, está previsto en los considerandos iniciales, que si no hay un estado de Derecho, en el cual el Gobierno esté limitado, lo que le queda a la gente es el último y supremo recurso de la desobediencia civil frente a la tiranía.
Esto no es una guerra civil, sino una vía democrática, para acabar con estos regímenes que derivan en inconstitucionalidad abierta. Y es lo que le queda a los venezolanos, y es en lo que estamos metidos. Desde el punto de vista doctrinal, es democrático y está claro. Desde el punto de vista político, habría que ver cuáles son los tipos de actividades que se van a llevar adelante, las relaciones con la comunidad internacional.
Estas decisiones de Maduro unirán más a la oposición en este camino, porque incluso los grupos más afectos al Gobierno dentro de la oposición no están avalando estas conductas de Maduro; y dividirán más aún a la dictadura.
Me imagino que los que están embarrados en delitos como narcotráfico, o apoyo al terrorismo, no tendrán mucho más que hacer; tendrán que seguir en este régimen hasta la muerte, porque no tienen otra opción. Pero habrá muchos otros que estarán diciendo “hasta aquí los acompaño, me deslindo”, y en la medida en que eso vaya ocurriendo, más fácil será que otros lo hagan e intenten salvar su responsabilidad, porque esas personas tienen que tener claro que al apoyar a la dictadura están cometiendo delitos, y tarde o temprano los van a pagar.
¿Han pasado Maduro y su círculo el punto de no retorno? ¿Ya no tienen cómo devolverse?
Están mucho más allá del punto de no retorno. Los asesinatos han sido despiadados, armando a civiles abiertamente, y lo reconocen y los presentan como defensores de la revolución; ya Maduro y su cúpula, tanto cívica como buena parte de sus mercenarios militares, han pasado hace tiempo límite de lo que se puede tolerar.
Les tocará ser juzgados más temprano que tarde por sus delitos, y estoy hablando no solo de los delitos locales, sino internacionales, como puede ser el narcotráfico. No podemos olvidar que los sobrinos, hijos putativos de Cilia Flores y Nicolás Maduro, están presos en Estados Unidos por narcotráfico, y han confesado que usaban la rampa 4 de Maiquetía para exportar drogas; hay un grupo que está metido con el terrorismo, con los países árabes. Ese grupo no tiene vuelta atrás.
Pero además, están los que han cometido delitos de lesa humanidad en Venezuela, de forma general y sistemática: estamos hablando de varios miles de encarcelamientos injustificados y sistemáticos contra la oposición, o torturas, empezando por Leopoldo López y siguiendo con todos los casos registrados; están los saqueos, abiertamente, desde las expropiaciones normales hasta los saqueos de calle; asesinatos por motivos políticos. Todo hecho sistemáticamente, con un patrón, y de forma generalizada en todo el país, es decir, que se ve que hay un plan de aplastar a la disidencia a través de este tipo de mecanismos.
Más allá de los delitos civiles y comunes internacionales, como el terrorismo, narcotráfico, blanqueo de dinero, contrabando, corrupción, también la cúpula de Maduro y los militares que lo apoyan han cometido delitos civiles y políticos en Venezuela, fruto de su actuación en el ejercicio de sus cargos. Les toca pagar las consecuencias de sus actos, son delincuentes y tendrán que responder.
Dentro de todo este marco, ¿cómo evalúa la salida de Venezuela de la OEA?
Ese es otro error grave de la dictadura en sus momentos finales, que pone en evidencia su carácter de dictadura, porque no tiene cómo debatir su posición.
La OEA ha sido clara en que toma nota de la decisión de salirse del organismo, sin embargo, eso no va a tener efecto sino hasta dentro de dos años. Yo te garantizo que dentro de dos años no estará ninguno de estos actores políticos en Venezuela.
Además, la OEA debe verificar que el Gobierno pueda tomar esa medida por sí mismo, y no es el caso en Venezuela, pues de acuerdo con la Constitución, el tratado de la OEA tiene rango constitucional, por lo cual la única forma en la que Venezuela podría salirse de la OEA es de una reforma de la Constitución y por lo tanto, de un apoyo de la mayoría del pueblo venezolano, por lo cual la OEA perfectamente podría decirle al Gobierno venezolano que esa decisión de salirse es inconstitucional y por lo tanto no es válida.
Lo que es cierto es que el Gobierno venezolano sigue dando motivos y méritos para que se le aplique la Carta Democrática Interamericana, y eso significa que quedará totalmente aislada, no solo del contexto regional, sino de países como China o Rus, y eventualmente algunos países del Oriente Medio, que comenzarán a ver que los compromisos que tengan con Venezuela no van a poder ser ejecutados luego, porque este Gobierno no cuenta ni con el apoyo de la Asamblea Nacional ni de la comunidad internacional.
Además, en cualquier momento se va a activar la Fiscalía de La Haya, de la Corte Penal Internacional, y ese es otro punto que hay que tomar en cuenta. Venezuela es uno de los pocos países que han firmado el Estatuto de Roma, y se les va a aplicar tarde o temprano. Yo creo que ni Venezuela podrá salirse de la OEA ni podrá evadir la aplicación de la Carta Democrática, y va a perder cada vez más apoyo internacional.
Estamos en los últimos momentos de esta dictadura, esta pesadilla y vienen cambios democráticos para el país.
Cuando publicó, con otros abogados, El Tribunal Supremo de Justicia al Servicio de la Revolución (2014), ustedes contabilizaron unas 9.400 sentencias a favor del Gobierno, y cero en contra. ¿Cómo está esa cuenta hoy, si usted la ha continuado evaluando?
(Risas) Yo la dejé, no quería saber más nada del TSJ venezolano, porque luego de revisar 45.000 sentencias de la Sala Político-Administrativa, Sala Electoral y Sala Constitucional, no he actualizado las estadísticas del 31 de diciembre de 2013 para acá. Lo que sí te puedo decir es que a raíz que la Asamblea pasó del Gobierno a la oposición, en 2015, la cuenta es al revés: todo lo que tiene que ver con las leyes de la Asamblea, todas las que se han impugnado, han sido anuladas.
¿Qué mejor evidencia que esa, que antes no anulaban ninguna Ley y ahora las anulan todas? Incluso los mismos criterios que se usaban antes para negar los recursos se desconocen ahora para avalar las anulaciones.
Además se han incorporado, en 2014 y 2015, nuevos magistrados que son aún más operadores políticos que los anteriores, como Calixto Ortega. ¡Por favor! ¡Calixto Ortega es del círculo más íntimo de la dictadura venezolana! Cuando detienen en Aruba a Hugo Carvajal, al que manda el Gobierno venezolano a negociar con las autoridades de Aruba y de Holanda su liberación, es a Calixto Ortega. ¡Era diputado y de inmediato pasó a ser magistrado de la Sala Constitucional!
Yo dejé de pensar en eso, porque estaba atentando directamente contra mi sanidad mental. Pero te garantizo que de ahí no puede salir nada bueno, y están involucrados directamente en el golpe a la Asamblea Nacional desde el primer día, desde que fueron elegidos en 2015. Son delincuentes y deberían comenzar a pensar en su futuro, en el futuro de su familia, y deberían comenzar a desmarcarse de esta dictadura.
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