Guerra al bravo pueblo
LA OPINIÓN DEHéctor Faúndez
Con el pretexto de la guerra en contra de la subversión, las dictaduras militares del Cono Sur emprendieron una salvaje campaña en contra de toda forma de disidencia, utilizando la justicia militar como otro de sus instrumentos de represión. Menciono lo anterior porque el régimen venezolano le ha declarado la guerra a los ciudadanos de este país, y porque está recurriendo a los tribunales militares para que sean estos los que asuman la responsabilidad de perseguir y castigar a quienes alcen su voz en defensa de la libertad y la democracia.
La represión de las protestas del último mes ha dejado un saldo de al menos 43 personas asesinadas y centenares de heridos. Más de 260 civiles han sido presentados a tribunales militares, de los cuales 159 han quedado detenidos. A estos últimos se les acusa nada menos que de traición a la patria, terrorismo e incitación a la rebelión. Pero lo cierto es que ellos han sido detenidos en el ejercicio legítimo del derecho a manifestar.
Según el ministro Reverol, los detenidos son “terroristas contratados por la derecha”, lo cual amerita un trato distinto al que se da a los colectivos armados, protegidos por el gobierno; el general Padrino acusa a los detenidos de haber atacado a miembros de las Fuerzas Armadas, imagino que utilizando como arma la bandera de Venezuela. Curiosamente, entre ellos no figura nadie con el perfil de un golpista y sedicioso, conspirando en contra de las instituciones democráticas; muy por el contrario, se trata de amas de casa, de profesores universitarios, de estudiantes, e incluso de un par de indigentes. Uno de esos terroristas y traidores a la patria (tal vez el más peligroso) fue detenido portando nada menos que un megáfono. ¡A Hugo Chávez o a sus compinches nunca se les hubiera ocurrido utilizar un megáfono, mientras conspiraban debajo del samán de Güere!
No es primera vez que los ciudadanos han salido a la calle a protestar en contra de un gobierno que consideran que no está haciendo lo correcto. Sin embargo, incluso durante este régimen, se habían observado las formas y, a quienes se les detenía manifestando su descontento, se les sometía a la justicia ordinaria; pero ahora se recurre a la justicia militar para eludir las acciones de una fiscal general de la República dispuesta a hacer que se respeten las garantías constitucionales.
Según la Constitución, la justicia militar está reservada a delitos de naturaleza estrictamente militar, exceptuando de su competencia las violaciones de derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad. La Constitución garantiza que ningún civil podrá ser procesado por tribunales de excepción. En el caso del general Francisco Usón, la Corte Interamericana de Derechos Humanos no solo reiteró que los civiles no pueden ser procesados por jueces militares sino que, además, señaló que un militar retirado es, para todos los efectos, un civil.
Estando totalmente controlada por Nicolás Maduro, la justicia militar acepta como buenos partes de detención que no explican cómo, cuándo y dónde los detenidos habrían cometido algún delito. En las circunstancias actuales, en esta jurisdicción, las personas no gozan de garantías judiciales, no se les informa de la naturaleza y causa de su detención, no se les permite contar con un abogado de su elección, y el proceso se desarrolla en recintos militares, impidiendo el acceso del público a constatar lo que allí ocurre. Como ilustra el caso del general Ángel Vivas, el uso de tribunales castrenses es la puerta a otras graves violaciones de derechos humanos, tales como la tortura o el sometimiento a tratos crueles, inhumanos y degradantes. Este es el mecanismo por excelencia utilizado por las dictaduras; pero nunca ha servido para que ellas puedan perpetuarse en el poder.
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