Militarización de la justicia: Estado pretoriano
Organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos (Provea y Cofavic) han manifestado su preocupación por el sometimiento de ciudadanos civiles a la jurisdicción militar ya que ello representa la ruptura del hilo Constitucional y el abandono del Estado de Derecho
El régimen de Maduro ha dispuesto el enjuiciamiento masivo de civiles por parte de tribunales militares, medida que constituye una transgresión del debido proceso, y desnuda la naturaleza militarista-dictatorial del actual régimen propia de las experiencias nazi-fascistas del pasado siglo XX
El uso de la jurisdicción militar como parte de la criminalización de la protesta social es parte del legado del tte coronel y su falaz socialismo del siglo XXI. Fue el mismo tte coronel quien en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional Bolivariana dispuso el uso de los tribunales militares y de los grupos paramilitares (defensa integral) contra aquellos que ejercían el derecho a la protesta. Nacía el concepto del Estado Cuartel.
Lo que hemos vistos en las calles de las principales ciudades del país ha sido la imposición de una rígida lógica militar "amigo-enemigo" por parte de la Guardia Nacional, Policía Nacional Bolivariana y los grupos paramilitares chavistas, donde los manifestantes se han transformado en el "enemigo interno" a los cuales hay que exterminar militarmente. Han sustituido el uso de la Fuerza Armada de garante de la "defensa externa", por el de "la seguridad interna y el control social". Justifican, así, la instauración de un "terrorismo de Estado Bolivariano" como sistema de acción política. Se ha institucionalizado una complicidad perversa entre la FAN-cuerpos de seguridad y las bandas hamponiles del régimen como estrategia de guerra contra quienes disienten de la política oficial. Guerra que se desarrolla en el seno de la sociedad misma -no en el campo militar- y que ha implicado el uso sistemático de la violencia y el asesinato contra objetivos civiles. El desprecio y odio hacia los manifestantes por parte de la GN y PNB recapitula la conducta de los miembros de las Escuadrillas de Protección (SS) en la Alemania de Hitler, o tal vez los integrantes de la Organización para la Vigilancia y la Represión del Antifascismo (OVRA) en la Italia de Mussolini. Su comportamiento evidencia la voluntad siniestra de perseguir al disidente hasta su muerte.
El régimen ante la conducta del Ministerio Público (no imputar a manifestantes o no solicitar la privativa de libertad como aspira el gorilato bolivariano), ha decidido el uso de la jurisdicción militar para castigar a los participantes en las movilizaciones para protestar contra un régimen oprobioso y represivo. Activistas sociales y políticos, amas de casa, estudiantes, campesinos y trabajadores se cuentan entre las víctimas que han sido sometidos a la aplicación arbitraria e inconstitucional de la justicia militar. La Constitución Nacional es clara cuando en sus artículos 49 y 261 expresan claramente que todos debemos ser juzgados por nuestro juez natural. Igualmente, el uso de tribunales militares para juzgar a civiles representa una abierta violación a lo establecido en los artículos 2.3 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Jurídicamente representa un proceso viciado ya que el tribunal militar, quien juzga al procesado, carece de la independencia necesaria, ya que, por razones de obediencia militar a sus superiores están supeditados al mando del comandante en jefe, es decir los caprichos del discípulo del santón de Sathya Sai Baba. Constituye un quiebre definitivo del Estado de derecho, frente a lo cual el inefable defensor del pueblo Tarek William Saab no solo ha guardado un silencio lúgubre, sino que difunde falsas informaciones por las redes sociales a fin de estigmatizar a quienes protestan en contra del régimen espurio.
Organizaciones no gubernamentales defensoras de los derechos humanos (Provea y Cofavic) han manifestado su preocupación por el sometimiento de ciudadanos civiles a la jurisdicción militar ya que ello representa la ruptura del hilo Constitucional y el abandono del Estado de Derecho frente a un tutelaje militar que pretende imponer la unión cívico-militar bolivariana.
Es por demás interesante señalar que la Doctrina de Seguridad Nacional Bolivariana (militarización de la sociedad y la justicia, eliminación del enemigo interno, defensa integral) que hoy invoca el iletrado Maduro y su siniestra logia militar es la misma posición ideológica que fue usada en el siglo pasado para legitimar el militarismo represor especialmente en el Cono Sur. Nos retrotrae a los tiempos de Pinochet en Chile, de Castelo Branco en Brasil, de Videla en Argentina, de Bordaberry en Uruguay, de Hugo Banzer en Bolivia, de Stroessner en Paraguay, entre otros. Afortunadamente el tiempo ha demostrado la inviabilidad de esos proyectos dictatoriales, como seguramente sucederá con el facho-bolivarianismo. Parafreseando a Miguel de Unamuno (1864-1936) “no lograron convencer nunca”.
Hay que acotar que la utilización de tribunales militares para juzgar a detenidos civiles no es nada nuevo en nuestra historia reciente. Betancourt en la década de los 60 también apeló a la jurisdicción militar y a la aplicación del Código de Justicia Militar para enjuiciar a militantes del PCV y del MIR que luchaban en contra de su gobierno. Decenas fueron enviados a la Isla del Burro, la Cárcel Modelo, al Castillo Libertador y al Cuartel San Carlos a purgar sus sentencias.
Los insurgentes del ayer, son los fascistas del presente. Son los miserables que aplauden y felicitan a la GN y PNB por su criminal represión ("Hay que reivindicar el trabajo de la PNB y GNB" Ernesto Villegas). Son los verdugos y asesinos que desde Miraflores hablan cínicamente de amor y de paz mientras reprimen sin tregua, acosan, encarcelan y eliminan a quienes protestan en contra de su proyecto hegemónico.
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