Venezuela 2017: Masas vs. Poder; por Luis Salamanca
Por Prodavinci | 6 de mayo, 2017
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Los regímenes autoritarios, que no hacen elecciones porque aspiran a mantenerse en el poder indefinidamente, suelen dejar el gobierno en virtud de dos factores: la movilización de masas pidiendo cambios políticos y la fractura o debilitamiento de la estructura de poder que sostiene al gobernante autoritario. Este es el caso de Venezuela a partir de 2016, tras la suspensión del revocatorio, la posposición indefinida de la elección de gobernadores y ahora el llamado a una sospechosa Asamblea Nacional Constituyente comunal.
Maduro juega fuera de las reglas constitucionales, o las manipula, a fin de retener el poder sin el consentimiento libre del pueblo. Eso, sin embargo, está por verse porque estos intentos suelen forzar la barra, llevando a una oposición mucho mayor nacional e internacional, a una desmesurada represión y a fracturas de su círculo de poder. Hay otros factores de cambio pero son excepcionales: una guerra civil, una guerra internacional, una invasión extranjera y/o la negociación cuando el mandón tiene el agua al cuello.
Cuando un gobernante decide salirse del marco constitucional, entra en una zona donde la fuerza y la violencia suelen tener la voz cantante; masas versus poder y poder versus poder. Especialmente si ello sucede en una sociedad democrática, con un pasado de libertad y de participación electoral autónoma como la venezolana, que lleva a los ciudadanos a luchar por su derecho a darse el gobierno que desee, como es su costumbre. A eso nos está llevando la insensata política de Maduro y la camarilla que manda en Venezuela.
Sin embargo, los dos factores señalados no siempre se presentan juntos. Por ello, la literatura especializada suele preguntarse acerca de cuál de ellos termina siendo el más decisivo. ¿Qué provoca la salida de un gobernante autoritario negado a hacer elecciones, o que busca hacerlas de manera espuria? ¿Las masas en la calle, o la pérdida de su poder interno? La respuesta parece obvia: Lo óptimo es que ambos elementos converjan simultáneamente. Pero muchas veces no ocurre así.
En ocasiones se da uno de ellos y el otro no: puede haber una robusta movilización de masas en la calle pero la estructura de poder cohesionada no permite el cambio político; a veces no se da la movilización de masas pero la estructura de poder está fracturada y se da el cambio político; en ciertas circunstancias se dan los dos conjuntamente y sale el gobernante autoritario y, en pocas oportunidades regresa, como Chávez en 2002. En fin, la ecuación se inclina abiertamente por la fractura interna del círculo en el mando, como la variable fundamental del cambio del gobernante autoritario. Y precisamente por eso es que se necesita evaluar cada caso a la luz de lo que realmente acontece.
Que el factor fundamental suele ser la pérdida de cohesión de la estructura de poder que sostiene al gobernante autoritario, lo pone en evidencia Milan Svolik en su libro, The politics of authoritarian rule (2012). Este señala que entre 1946 y 2008, de 205 gobernantes autoritarios de diverso tipo en el mundo, el 68% de ellos dejó el cargo debido a lo que el escritor llama golpes de Estado y sólo el 11% de los detentadores del poder salió por la acción de masas. En realidad, el menú de fracturas del poder es más amplio. Son los conflictos al interior del círculo gobernante lo que lleva a la pérdida de apoyo del mandatario al interior de la estructura de poder. Ello se traduce en golpes de Estado, pero los gobernantes autoritarios no salen sólo por golpes de Estado; pueden darse otras modalidades de evacuación del poder: renuncias, huidas, salidas negociadas, abandono del cargo, etc.
Esto no significa que la gente tiene que sentarse a esperar que se produzcan las fisuras o quiebres dentro de la estructura de poder, pues, la misma acción de masas suele ayudar a que ella se produzca o se acelere pero, lo que finalmente provoca el cambio, es la quiebra de la alianza del poder sobre la que se apoya el gobernante antidemocrático. Maduro se enfrenta hoy a un movimiento de masas multitudinario y aguerrido que pedía elecciones, respeto a la democracia representativa en la figura de la Asamblea Nacional y canal humanitario pero, que ahora, se reimpulsa ante el intento del mandatario de realizar una Asamblea Constituyente inconstitucional. La sociedad democrática pide referéndum consultivo sobre esa Asamblea Constituyente, máximo poder de la república, que sólo puede convocar el soberano, dueño de ese poder.
Nuestra propia historia política nos trae ejemplos de cómo se han comportado ambos factores. Son cuatro experiencias de las cuales dos (1958 y 2002) muestran la convergencia de las masas y la fractura del poder, una registró un gran movimiento social sin quiebra del círculo de poder (1936) y la última (1945) evidenció una quiebra del entorno militar del gobernante sin movimiento de masas. Veamos.
Tras la muerte de Juan Vicente Gómez, el 17 de diciembre de 1935, la población salió, inesperadamente, a las calles pidiendo cambio político y castigo para los gomecistas (“sanciones y destituciones”) y no volvió durante año y medio. El primer movimiento social de la Venezuela contemporánea se formó tras la desaparición del dictador. Centenares de protestas en un país que no sabía protestar pues había sido sometido a la pasividad por la dictadura. Con su presencia tumultuaria la gente cambió la agenda política de los herederos de Gómez. El general Eleazar López Contreras, ministro de Guerra y Marina, asumió el mando tras sacar del juego a su principal contendiente, Eustoquio Gómez, familiar del sátrapa que aspiraba a una continuidad dinástica.
El 14 de febrero de 1936, el 25% de los caraqueños inventó la marcha por las calles, llegando a Miraflores. Allí los recibió el Presidente de la República, quien oyó sus reclamos y respondió con el Programa de Febrero. Luego de la visita, se produjeron cientos de saqueos antigomecistas. Pese a toda esa ola protestaria, la democracia no pudo instalarse y López terminó aplicando medidas autoritarias contra la protesta y sus expresiones partidistas y gremiales. Es decir, no hubo cambio de régimen político. Fue la primera transición frustrada en nuestra historia contemporánea.
El movimiento democrático que nació de las protestas de 1936 terminó concretando sus demandas entre 1945 y 1948. En esta ocasión, los dos factores actuaron al revés. No había un movimiento de masas importante, pues, el General Isaías Medina Angarita había legalizado los partidos políticos, permitido una buena dosis de libertad de expresión e información, no tuvo presos políticos, otorgó el voto a las mujeres, a nivel municipal y permitió la difusión de la doctrina comunista. Sólo le faltaba establecer el sufragio universal que era la exigencia de la época. Sin embargo, la estructura de poder perdió su cohesión interna y se produjo un golpe de Estado que derrocó al gobierno y, gracias a ese alzamiento castrense, se produjo la primera transición a la democracia en Venezuela.
El ejemplo magistral de cómo se conjugan los dos factores fue la caída de Marcos Pérez Jiménez (1948-1958). En 1957, la gente y diversos factores de la sociedad civil tomaron las calles, el púlpito, los medios; los estudiantes, los gremios, la resistencia partidista, la clandestina Sociedad Patriótica, entre otros, generaron una ola de protesta y manifestaciones contra la dictadura. El dictador reprimía y detenía a estudiantes, a dirigentes políticos y a cualquiera que protestara, pero cometió un error fatal: tomó un atajo para no hacer las elecciones democráticas establecidas en la Constitución y realizó un plebiscito inconstitucional en diciembre de 1957. Así pasó el año y todo parecía sólido para el dictador. Sin embargo, a inicios del 58 apareció a la luz pública una fractura en la estructura de poder.
El plebiscito había provocado una crisis al interior de la estructura de poder, evidenciada en un golpe de Estado fracasado, el 1 de enero de 1958. A partir de allí, el dictador perdió la sustentación militar que lo mostraba como uno de los gobernantes más poderoso en la región. La protesta de la sociedad civil en la calle se combinó con la fractura del poder. Pero fue a partir del golpe que se le vino el mundo abajo al dictador. En 22 días le sobrevino una crisis de autoridad en las Fuerzas Armadas, convertida en una rápida pérdida de autoridad y de poder frente a sus subordinados, hasta la definitiva transferencia del mismo a otros militares. Pérez Jiménez no pudo controlar la pérdida de autoridad y de poder militar, y no le quedó otra vía que la huida, tras constatar que “pescuezo no retoña”, en un vuelo que nadie intentó impedir sino que los nuevos gobernantes facilitaron. Luego vino la segunda transición exitosa a la democracia en Venezuela.
Es claro que lo decisivo fue la pérdida de autoridad y poder militar de Pérez Jiménez combinado con la extraordinaria activación de la sociedad civil que llamó a huelga general y siguió protestando. Por cierto, la activación de la sociedad civil en 1957 permitió que el gobierno que siguió a Pérez Jiménez fuera cívico-militar y no solo militar.
En abril de 2002, los dos factores se conjugaron nuevamente para producir la salida del Presidente Hugo Chávez (1998-2013). Una gigantesca marcha dirigida hacia Miraflores fue repelida a tiros por partidarios del mandatario generando, en medio del caos, 19 víctimas fatales. Esto llevó a un pronunciamiento militar solicitando la renuncia del jefe de gobierno quien se vio obligado a dejar Miraflores, retornando a su oficina a los pocos días. Acá la falta de cohesión en la nueva coalición que asumió el poder temporalmente, terminó facilitando el contraataque de los militares partidarios del gobierno. De nuevo se observó que lo que precipitó la salida y el regreso de Chávez fue la quiebra y recomposición de la estructura de poder. Tras esa crisis, Chávez puso todo su empeño en controlar la FAN y es, hoy por hoy, la Fuerza Armada más controlada de nuestra historia contemporánea, después de la de Juan Vicente Gómez.
¿Cuál es la situación de Nicolás Maduro?
Maduro es un gobernante autoritario porque desconoce las reglas constitucionales de juego que lo llevaron al gobierno en una elección democrática. Avanza hacia el poder absoluto, muestra de lo cual, son las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), las cuales tuvo que echar para atrás, en parte, gracias a la reacción de un alto funcionario del régimen. No había pasado mucho tiempo del reculón cuando Maduro volvió a la carga proponiendo una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) a su medida. Sin embargo, la ANC constituye un riesgo para el mismo Maduro y la camarilla que quiere alzarse con el poder. Hay que esperar el texto oficial de las bases para un pronunciamiento definitivo, pero es claro que esta clase política quiere entrar en una nueva etapa de la revolución: la de la usurpación de la soberanía popular cuya expresión fundamental es mediante elecciones libres, universales, directas y secretas, además de limpias y justas. Ante la certeza de que perdió el sostén electoral, el madurismo activa un plan B, previsto desde el gobierno de Chávez: la revolución no se defiende sólo con votos, también se defiende con la fuerza. Sería el ingreso definitivo en una dictadura.
Es claro que el mandatario no quiere compartir el poder institucional, no quiere contrapesos, ni límites, ni control. Tampoco quiere control internacional. Por ello decidió irse de la OEA, aunque eso toma más tiempo (2 años) del que le queda en el gobierno (año y medio). Con su denuncia de la Carta de la OEA, Maduro pasa por encima de la Constitución. Quiere tener las manos libres para hacer y deshacer en Venezuela. Inventó la figura del desacato de la Asamblea Nacional (AN) para obstruir su función legislativa y de control; decretó el Estado de excepción pasando por encima de la AN, se auto-otorgó el presupuesto nacional mediante una “ley” avalada por el TSJ; en 2016, maniobró con el Consejo Nacional Electoral (CNE) para abortar el referendo revocatorio de su mandato y posponer las elecciones de Gobernadores, cuyos mandatos vencieron en diciembre del mismo año. Ahora, este personaje que impidió estas elecciones, quiere una ANC, la cual exige, de acuerdo con la Constitución, al menos tres elecciones: la de la convocatoria por el pueblo, la de la escogencia de los constituyentes y la de la aprobación del proyecto de nueva Carta Magna. Esto significa que Maduro tomó un atajo: salirse completamente del marco constitucional y jugar sin reglas.
Cuando un mandatario hace esto produce, al menos, dos efectos: obliga a sus adversarios a hacer lo propio, o en todo caso, lleva a una confrontación política en donde sale a relucir la fuerza; y obliga a sus propios aliados a tomar posición por lo que implica ese paso en el mundo de hoy, en el cual los delitos contra los derechos humanos, son perseguibles internacionalmente. Las andanzas de Maduro están avaladas por el Alto Mando Militar cuyos jefes no ocultan su respaldo, directa e indirectamente, por activa y por pasiva, hacia el Presidente. También cuenta con el apoyo del TSJ, sobre todo de la Sala Constitucional, convertida en un poder absoluto, que igual asume atribuciones de la Asamblea Nacional, designa a los rectores del CNE y le da órdenes a Maduro, como lo hizo en las sentencias 155 y 156.
Sin embargo, el autoritarismo también produce efectos adversos dentro de la estructura de poder. Maduro está jalando la cuerda en exceso y algunas se están rompiendo. La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, se desmarcó de las actuaciones del TSJ y condenó, el 31 de marzo de 2017, lo que llamó la “ruptura del orden constitucional” y el cambio de la forma de Estado. Casi un mes después, una nueva declaración de la Fiscal, muestra que sigue desmarcándose del accionar del gobierno, cuestionando la represión a las protestas ciudadanas y la usurpación de su competencia exclusiva de imputar, por jueces que han enviado a la cárcel a manifestantes quienes, a juicio de la Fiscalía, no han cometido delito alguno.
Más recientemente declaró al Wall Street Journal que: “No podemos exigir comportamiento pacífico y legal de la gente si el Estado viola la ley”. Además, Luisa Ortega Díaz envió un mensaje político al entrar a valorar las actuaciones del gobierno y de la oposición, y pedir “dialogar y negociar” por el bien del país. Y terminó ubicándose claramente entre los chavistas que defienden la Constitución demarcando el territorio ante los maduristas que buscan derogarla. Esto genera la interrogante acerca de lo que realmente está buscando la funcionaria. ¿Busca salvar al chavismo de la debacle madurista? “Esta Constitución es inderrotable. Esta es la Constitución de Chávez”, remató la Fiscal.
Ha habido otras reacciones: la del embajador de Venezuela en Italia, la del hijo del Defensor del Pueblo, la de los tres militares que pidieron asilo en Colombia y la de las presuntas detenciones de oficiales, la del músico Dudamel. Pero la principal reacción es la del pueblo que, una vez, apoyó al chavismo y al madurismo y hoy le da la espalda a la camarilla, política y socialmente; en las urnas y en la calle. Antiguos bastiones electorales del chavismo, como San Félix, repudian a los jerarcas. La respuesta de estos revolucionarios ha sido, emulando a los antiguos déspotas que llamaban “comunista” al que pedía empleo, llamar “terrorista” a quien le pide comida.
Por su parte, la oposición venezolana sigue jugando dentro de las reglas constitucionales, rechazando el juego sin reglas de Maduro. Apela a la Constitución y reclama la restauración de su plena vigencia y busca, por medio de la presión de masas, unas elecciones generales adelantadas, no previstas en la Constitución, pero que podrían darse sí Maduro renuncia, o se modifica la Carta Magna, ambas negadas por los jerarcas del régimen. Maduro y la camarilla que gobierna está jugando a permanecer en el poder más allá de 2018, aspiración difícil por vía constitucional y sólo posible declarando la dictadura definitiva. Esta pasa por negarse a realizar las elecciones de gobernadores y, sobretodo, las presidenciales del 2018, año que lucía como el momento clave para el desenlace del conflicto, el “deadline” de la revolución y de la democracia, antes del llamado a la Constituyente comunal, que cambia las coordenadas del conflicto político y social. La gran pregunta es si Maduro tiene el poder suficiente para tomar esa vía. El paso de la Constituyente comunal será la prueba del ácido de Maduro, si finalmente se concreta.
Maduro es un mandatario democráticamente debilitado, sostenido por el Alto Mando Militar, por la Sala Constitucional del TSJ y por el Poder Electoral. Fue ungido por Chávez como su sucesor y la estructura de poder construida por el extinto mandatario le ayudó a llegar a Presidente. Era una estructura cohesionada. Pero, desde la muerte de Chávez, quien concentraba el poder, éste sufre una centrifugación, y ha tendido a repartirse entre los diversos grupos que se formaron bajo el ala del jefe máximo, algunos de los cuales no se llevan bien. Al reparto de poder entre los grupos, se le sumó de inmediato, la renuncia de funcionarios históricos de Hugo Chávez. Luego vinieron la pérdida del apoyo popular, el aislamiento internacional, la falta de recursos para gobernar al estilo chavista, las fisuras internas, todo ello capitalizado por la única alternativa política al régimen, como lo es la MUD, a pesar de todas sus inconsistencias.
La desastrosa política económica de Maduro agravó los problemas estructurales del modelo económico impulsado por Chávez que ya daba muestras de agotamiento. La escasez hizo su aparición de manera escandalosa y desde entonces no ha hecho más que crecer, junto a la inflación desbordada, generando una situación de penuria en la población, hoy urgida de ayuda humanitaria.
Al hilo de este problema, articulado con otros problemas crónicos (inseguridad, falla de los servicios públicos, entre otros), insolubles bajo el madurismo, se generó una situación política caracterizada por el debilitamiento electoral y político del chavismo, en su versión madurista. El régimen ya no controla a las masas y hay muchos interrogantes sobre su capacidad de asegurar la cohesión interna de su estructura de poder. La reacción de la Fiscal General de la República agrietó tanto el modelo de justicia chavista como a la coalición que sostiene a Maduro. En el plano internacional ha perdido fuerza al pasar la mayoría de países pro-chavistas de la región a manos de una dirigencia antichavista. La OEA le viene aplicando la Carta Democrática progresivamente; tampoco tiene apoyo en la Unión Europea y algunos países han pasado de la mera crítica a la acción.
Por ello, Maduro y lo que le queda del régimen viene maniobrando para ver como preservan el poder de manera absoluta. Atrincherado en lo que le queda de régimen, lanzó una operación de acaparamiento total del poder con las sentencias 155 y 156 de la Sala Constitucional del TSJ. Ahora lo busca con una ANC corporativista cuyo objetivo es derogar la Constitución democrática. En ese supuesto, estaremos ante un golpe de Estado propiamente dicho, mejor dicho, ante un autogolpe. Su piso institucional hoy luce movedizo y no tan sólido como años atrás.
En ese contexto, la sociedad se lanzó a las calles a partir del 19 de abril de 2017, dirigida por la MUD, buscando varios objetivos. El principal de ellos: mostrar la fuerza social de quienes se oponen a la debacle venezolana y exigir elecciones; meterle presión al régimen. La gente quiere decirle a Maduro que el 80% la población está pidiendo cambio de gobierno y de régimen. Y ha salido el oeste, la gran novedad de este ciclo de protesta. Hoy por hoy, todas las clases sociales están en la calle casi todos los días. La propuesta de una ANC ha recrudecido las protestas de calle y esto les hará la vida imposible a todos, incluyendo a Maduro, si se plantea como una jornada sin término. El tema aquí es cuánto puede durar la movilización callejera.
En la medida que el círculo del poder está cohesionado, en esa medida, el cambio de gobierno es más difícil; en la medida que pierde cohesión y se resquebraja, el cambio luce más factible. Y allí es donde la presión de masas puede ayudar a lograr que se profundice el debilitamiento. Lo deseable es que sea por vía constitucional y democrática, exigiendo las elecciones democráticas en agenda: regionales, municipales y presidenciales. Hay que deshacer la estructura de poder chavista y madurista por vía electoral, democrática y constitucional. Llegaron por el voto y deben irse por el voto. Sí se logran la elecciones generales ello será en virtud de la presión nacional e internacional; pero en caso de no lograrse, deben hacerse las que corresponden.
Ahora Maduro quiere hacerse el loco con estos comicios, proponiendo una Asamblea Nacional Constituyente no autorizada por el pueblo, que le plantea a la oposición el difícil reto de tomar una decisión acertada, para lo cual debe esperarse a la publicación de las Bases, a fin de fijar una posición definitiva. Ojo con esto, pues, el gobierno preferiría que la oposición no participara, jugar solo, a fin de imponer lo que pretenden. Recordemos 2005: no hay escrúpulos democráticos ninguno. Sin duda, ese paso dictatorial también pone en riesgo la estructura de poder de Maduro. El principal reto de los venezolanos hoy es salir de esta crisis sin que se quiebre definitivamente la democracia. Vivimos el último capítulo de la precaria democracia dejada por Chávez y dirigida por Maduro, y debemos aprovechar esta última oportunidad para recuperarla y relanzarla.
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