En riesgo la vida de 10 mil personas por falta de diálisis y trasplante de órganos
Desde Codevida y Provea hicieron el llamado al Gobierno nacional para que garantice el derecho a la salud y facilite el arribo de insumos y medicamentos al país
Caracas.- Las Organizaciones No Gubernamentales Codevida y Provea manifestaron su preocupación y emitieron un alerta ante el riesgo que corren cerca de 10 mil pacientes que esperan diálisis o transplante de órganos.
En un comunicado, las ONG detallaron que de la cifra global, unas 1.500 personas esperan diálisis peritoneal, 3.500 personas trasplantadas esperan medicamentos y 5.000 personas aguardan por un trasplante de órgano.
La situación se presenta tras la suspensión de las terapias sustitutivas de diálisis peritoneal y de los trasplantes en Venezuela por el agotamiento de materiales, además de la interrupción del suministro de medicamentos para personas trasplantadas.
Las organizaciones no gubernamentales cuestionaron que el Gobierno nacional no reconozca la crisis humanitaria que se vive en el país y que no actúe en consecuencia. Aseguraron que los daños tanto físicos como emocionales que esta situación causa a los pacientes son irreversibles.
De igual forma advirtieron sobre la expansión sin control de enfermedades, porque se agotaron los medicamentos y los tratamientos.
Un comunicado de la empresa Dialysis Care, anexado al pronunciamiento de Codevida y Provea, da cuenta del agotamiento de los insumos para el tratamiento de diálisis peritoneal a personas con insuficiencia renal crónica. Esta empresa es la encargada de hacer los suministros, a través del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (Ivss), a la red de atención pública y privada.
En el texto también reiteraron la crítica situación expuesta en un comunicado de Fundavene el pasado 29 de mayo, en el que notificaron la suspensión temporal de todos los procesos asociados a la procura y trasplante renal de donantes cadáver a nivel nacional y por lo tanto, de cirugías y actualización de listas de espera, hasta hacer una “reevaluación en el mes de septiembre”, conforme a decisión de esta institución el 19 de mayo de 2017.
Frente a este escenario, las organizaciones no gubernamentales solicitaron al Gobierno nacional implementar los mecanismos necesarios para garantizar el arribo de insumos y materiales médicos al país; esto pasa por reconocer que en Venezuela realmente hay una crisis humanitaria, lo que vulnera el derecho a la salud de los ciudadanos.
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