Ruido dentro de las FANB: En niveles medios y altos rechazan violación de la Constitución por parte del régimen
FACTOR M
La protesta opositora intentó llegar ayer, sin éxito, hasta las puertas de Fuerte Tiuna, el principal cuartel del país. Ni siquiera un grupo de militares retirados, comandado por el antiguo general de división Montero Revette, pudo caminar más de 200 metros sin ser neutralizados por las fuerzas policiales cerca de la Universidad Central de Venezuela.
La represión a mansalva volvió a evitar la manifestación pacífica, pero no pudo impedir su principal objetivo: retar a los uniformados. “No llamamos al alzamiento militar, sino que las fuerzas armadas pongan en cintura a Nicolás Maduro”, resumió el diputado Juan Requesens. “Las queremos comprometidas con el pueblo, tal y como establece la Constitución”, remachó el líder opositor Henrique Capriles.
En Venezuela lo militar sigue siendo un mito, como si su sociedad se hubiera quedado anclada en el siglo XX. Como si la puerta de salida al laberinto nacional solo la pudieran abrir unas fuerzas armadas cuya cúpula acumula tanto poder político como presupuestos multimillonarios. Rocío San Miguel, presidenta de Control Ciudadano para las Fuerzas Armadas, confirma la tesis que sostienen la mayoría de los analistas políticos y buena parte de los ciudadanos: “Cualquier mecanismo de transición pasa por el sector militar, tanto en la hechura como en la sustentabilidad”.
Como si estuvieran a la expectativa, en el seno del ejército se contempla con “máximo interés” la lucha del gobierno contra la fiscalía. “El centro de gravedad de la crisis no está ahora en la lucha del gobierno contra la oposición, sino en la lucha dentro del Estado, y la legitimidad de Maduro está sobre la mesa. El mismo interés se observa ante el debate abierto entre Asamblea Constituyente y Constitución”, añade la abogada a LA NACION.
“Hay mucho ruido dentro de las fuerzas armadas. En niveles medios y altos se rechaza la violación a la Constitución por parte del gobierno”, dice Sebastiana Barráez, la periodista que mejor conoce las entrañas del ejército.
Tanto es así que la Academia Militar abrió sus aulas para profundizar el adoctrinamiento de los uniformados en torno al proceso constituyente. “Nos insisten en que Chávez ya intentó una Constituyente en 2007, cuando se trató el referéndum de reforma política”, aseguran fuentes militares a LA NACION
La pelea dentro del Estado alcanzó su punto más álgido con la ira que provocó en el madurismo las investigaciones hechas públicas por la fiscal general, Luisa Ortega. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, salió a la palestra para defender a los efectivos de la Guardia Nacional, acusados de varios asesinatos. Sus explicaciones no convencieron a la opinión pública, pese a que el general más poderoso de Venezuela contraatacó acusando a Ortega de “instigar la violencia” contra los militares y “afectar el espíritu de cuerpo”.
Ese “máximo interés” solo se traduce en cierto optimismo para los más positivos. En muchos otros solo reina el pesimismo ante un ejército que hasta ahora mantiene sus filas prietas detrás del general Padrino López, pese a que otros de gran peso, como Miguel Rodríguez Torres, Clíver Alcalá o Raúl Salazar levantaron sus voces críticas.
“Hoy no se puede contar con las fuerzas armadas, aquí se perdió el elemento militar como estamento. Casi todos se mueven en elevados grados de corrupción”, dice José Machillanda, sociólogo y militar retirado.
El número de generales en Venezuela aumentó en los últimos seis años hasta los 1116, según la ONG Control Ciudadano, y 1600, según el Centro de Estudios Políticos que dirige Machillanda. Solo durante los cuatro años de presidencia de Maduro, el gobierno nombró a 806 generales. El total es tan elevado que supera a los generales de la OTAN o de Estados Unidos, según esos estudios.
“Se trata de una pirámide invertida, en la que se benefician hasta los tenientes, los hay con grandes fortunas. Sus hijos viven en Estados Unidos y Europa. Son unos ladrones”, acusa Machillanda. El ejército controla las importaciones de alimentos en un país golpeado por el desabastecimiento.
Para dejar claro que todo está en su sitio fue la Guardia Nacional la encargada ayer de reprimir la marcha más numerosa en Caracas. Antes de la represión, los militares volvieron a dejar claro que ellos imponen sus propias leyes. La jueza Idalia Meléndez decidió poner en libertad a 13 jóvenes en el estado de Miranda, “pero la Guardia tomó el tribunal y se llevó a la jueza y a los jóvenes”, denunció el gobernador Capriles.
Declaración del Congreso
El oficialismo de la Cámara de Diputados de la Argentina y tres interbloques de la oposición emitieron ayer una declaración conjunta en la que expresaron “preocupación por la alteración del orden democrático en Venezuela” y respaldaron “la postura adoptada por la OEA para que se garantice la separación de poderes”.
Vía La Nación
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