La tortura como patrón sistemático de conducta

Compartir

Foto: Twitter María José Martínez | redaccion@bloquedearmas.com La lista de denuncias ante la Corte Penal Internacional de La Haya sobre presuntos actos de tortura cometidos durante las detenciones de manifestantes en Venezuela, sigue creciendo a medida que aumentan las protestas. El Observatorio Checo de Derechos Humanos CASLA, en Praga, recoge casi a diario testimonios de víctimas documentados con pruebas por la abogada Tamara Sujú, directora ejecutiva de la organización. En junio, la especialista presentó un nuevo expediente ante la justicia internacional contentivo de  “seis incidencias” basadas en apartado F del artículo 7 del Estatuto de Roma, referidos a la tortura y donde, además, se detallan los delitos de lesa humanidad que pueden ser juzgados en la jurisdicción internacional. El expediente señala a 120 personas lesionadas entre el 1 de abril y el 12 junio de 2017 por presuntos crímenes de lesa humanidad, cifra que, de acuerdo con la activista, continúa en aumento. Los casos involucran incluso a “funcionarios del Gobierno, cuyos hijos han recibido tortura. Me han pedido confiabilidad y lo que he hecho es documentarlas”, indicó. Del número de víctimas que denuncian presuntas torturas durante ese lapso de tiempo, por lo menos “70% de las personas han sido torturadas sexualmente”, asegura. Sujú explica que las torturas sexuales descritas en los casos que recibe CASLA van desde amenaza de violación, actos lascivos hasta intentos de violación y abusos sexuales cometidos presuntamente por funcionarios policiales y oficiales militares. Confesiones de terror. Uno de estos casos es el de un joven, de 19 años de edad, quien fue detenido junto a otras nueve personas en el sector El Limón, en el estado Aragua, por miembros de la Policía Nacional Bolivariana. Durante la audiencia de presentación -en las que se les acusaban por instigación pública- denunció ante la juez que luego de ser golpeado, fue vendado y arrodillado para luego introducirle un tubo en el recto, mientras lo obligaban a bailar con amenazas a su familia. Su testimonio se suma al de resto de los nueve detenidos que, tras pruebas de medicatura forense y según evaluaciones del Ministerio Público, confirmaron la violación, además, del intento de abuso sexual a otro de los detenidos, quien recibió una golpiza por resistirse, así como tratos crueles e inhumanos cometidos por tres oficiales de la PNB en contra diez jóvenes arrestado el 15 de mayo de 2017, explicó su defensa, el abogado Martín López Ríos. La organización Foro Penal registra también al menos dos denuncias por abuso sexual ocurrido en los Altos Mirandinos, en Miranda. Además de hostigamiento sexual en Caracas y otros en Aragua en contra de detenidos como mujeres y menores de edad, cuya población está entre las más afectadas. Sujú indica que también es frecuente el uso de descargas eléctricas en las partes íntimas y otras zonas del cuerpo, así como “arrojarles polvos en el rostro para causarles asfixia en las celdas”. Maltrato sistemático.  La abogada y activista por los Ddhh asevera que la actuación de los cuerpos de orden público sobre personas que protestan su descontento contra alguna política del Ejecutivo sigue un patrón sistemático de conducta desde el año 2012. “No se puede negar que existe tortura en Venezuela y que ha sido sistemática para castigar e intimidar. La sistematización consiste en repetir métodos y variables en los mismos casos. Por ejemplo, hay muchas víctimas que son cubiertas con colchonetas o en lugares donde van a ser golpeados con teipe, porque al cubrirlo no dejan huella”, explica Sujú, quien pone a disposición su correo (tamarasuju96@gmail.com) para la recepción de denuncias. El abogado Alfredo Romero, director ejecutivo de la organización Foro Penal, coincide con Sujú en que “existe un patrón sistemático y generalizado” ligado a crímenes de lesa humanidad. En su criterio, tanto en la muerte de jóvenes durante protestas como en denuncias de presuntas torturas. “En términos de la ley, la tortura ocurre cuando la persona está en custodia de un funcionario para obtener confesión, pero en la gran mayoría se está aplicando como sanción. La golpiza es sistemática, el manifestante es visto como el enemigo. Los guindan, los amarran, le revienta las costillas. Lo generalizado es contra todos los disidentes, pero es también sistemático porque se extiende de una manera constante, es un patrón de agresiones arbitrarias y asesinatos. Estamos convencidos de que esas son instrucciones que se dan más allá de dispersar las marchas”. Miranda y Carabobo son los estados donde más el Foro Penal ha recibido denuncias sobre presuntas violaciones a los Derechos Humanos y torturas, mientras que Barinas es la entidad con más número de fallecidos, según datos de esa organización quien contabiliza al menos 79 muertos desde que iniciaron las protestas de calle, entre ellos 47 asesinados en manifestaciones. 2001, 2017-07-01