TRABAJO ESPECIAL SOBRE LA FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA

Una Fiscal disidente

La Jefa del Ministerio Público se ha deslindado del Poder Ejecutivo hasta el punto de convocar el artículo 333 de la Constitución

Ana Díaz

@AnaGDiazH. QUINTO DÍA, 30-6-2017

María Castaños

@Mariivi__18

Niur Bolívar

@NiurBolivar

La fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, ha cumplido una década llevando la jefatura del Ministerio Público. Su trayectoria en la institución habría estado apalancada con las decisiones del Poder Ejecutivo, desde el mandato del expresidente Hugo Chávez. Sin embargo, en los últimos años la abogada ha tomado decisiones que han marcado un contundente distanciamiento del gobierno de Nicolás Maduro.

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ha sido el órgano encargado de limitar las funciones que cumple la Fiscal General, lo que ha conducido a un conflicto de poderes.

El martes 27 de junio de 2017, la Sala Constitucional del TSJ emitió la sentencia 469. Este recurso amplía las facultades del Defensor del Pueblo para intervenir en las investigaciones penales, competencia exclusiva del Ministerio Público. Además se emitió la sentencia 470 que anula la designación del Vicefiscal que hizo Ortega Díaz, medida que debe ser ratificada por la Asamblea Nacional (AN); pero afianzándose en la tesis de desacato del Parlamento, el TSJ anunció que asumiría dicho nombramiento.

En menos de 24 horas, la jefa del Ministerio Público se dirigió al país y llamó a desconocer ambas sentencias, ya que ponen en tela de juicio sus atribuciones. Asimismo pidió a los venezolanos acogerse al artículo 333 de la Constitución nacional.

Distanciamiento del Poder

La cruzada legal de Luisa Ortega Díaz comenzó el 26 de febrero del 2014, cuando dictó privativa de libertad para cinco funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), por su presunta vinculación con la muerte de los jóvenes Bassil Da Costa y Juan Montoya, ocurridas el 12 de febrero de ese mismo año, en la parroquia La Candelaria.

Después de estos eventos violentos, el Ministerio Público solicitó orden de aprehensión en contra del dirigente de Voluntad Popular, Leopoldo López, quien luego de entregarse el 18 de febrero del 2014, fue acusado por los delitos de “instigación pública, daños a la propiedad en grado de determinador, incendio en grado de determinador y asociación para delinquir”. Actualmente permanece recluido en el Centro Nacional de Procesados Militares, ubicado en el estado Miranda, también conocido como Ramo Verde.

Debido a estos acontecimientos se ordenó el enjuiciamiento de Marco Coello y Christian Holdack, por presuntamente ser autores en los delitos de instigación pública, incendio, daños y agavillamiento; mientras que Ángel González y Demian Martín fueron acusados por instigación para delinquir.

Etapas de la disidencia

En declaraciones a la prensa en el año 2016, la Fiscal General cuestionó la resolución 008610 emitida desde el Ministerio de la Defensa, donde se autoriza el uso de armas de fuego para el control de manifestaciones. En esa oportunidad declaró que “rectificar es de sabios. No veo ningún problema en que se le hagan correcciones”. Sin embargo, el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino López, destacó que el objetivo principal de esa resolución “no era el uso de las armas, sino el uso proporcionado de la fuerza”.

En otros acontecimientos, Ortega Díaz también se pronunció ante la denominada “Masacre de Tumeremo”, el 14 de marzo del 2016. Luego de realizar las investigaciones pertinentes, la Fiscal anunció al país el hallazgo de 14 cadáveres en una fosa común. Durante esa alocución desmintió las declaraciones del gobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez, sobre la desaparición de los mineros. Precisó que ya tenía tres órdenes de captura por este suceso, además de informar sobre la detención de Rosa Gil Salazar, presunta implicada en lo ocurrido. Además, no descartó la participación de efectivos militares en el hecho y afirmó que “no puede ser que haya un ‘pranato’, un Estado dentro del Estado; pero esos son temas que no corresponden al Ministerio Público”. Ortega Díaz refutó las declaraciones ofrecidas por el gobernador de Bolívar, quien había negado la coartada de la institución. Señaló que se había apresurado en declarar y que su afirmación “no era parte de la investigación penal”.

Posteriormente el Ministerio Público se pronunció ante las irregularidades cometidas por la Operación de Liberación del Pueblo (OLP), solicitando investigar “la participación de civiles en calidad de funcionarios activos en los procedimientos de dicha organización”.

Ortega Díaz reiteró su preocupación por la cantidad de denuncias recibidas ante la institución, por violación de Derechos Humanos en los operativos realizados por la OLP desde el 13 de julio de 2015. Es por ellos que pidió analizar los procedimientos utilizados por este ente de seguridad, que a su juicio, “en lugar de promover la paz, exacerban aún más la violencia”.

Ruptura del orden constitucional

La Fiscal General consolidó su distanciamiento con el gobierno de Nicolás Maduro a finales del mes de marzo del 2017, cuando objetó públicamente dos sentencias del Tribunal Supremo en las que asumía las competencias de la Asamblea Nacional y limitaba la inmunidad parlamentaria. Ortega Díaz denunció una “ruptura del orden constitucional” y se pronunció ante esta decisión: “No tienen las facultades para disolver al parlamento elegido por votación popular”.

Luego de esta denuncia, el presidente Nicolás Maduro aseguró en cadena nacional que desconocía la sentencia 156, que emitió el TSJ. Asimismo el mandatario nacional negó la ruptura de un orden constitucional. “Las controversias no pueden llevar a consecuencias extremas de destrucción; yo como Jefe de Estado asumo la tarea de resolver hoy mismo el impasse que ha surgido entre el Ministerio Público y el TSJ”, aseguró luego de señalar que desconocía sobre las decisiones de ambas instituciones.

Esta medida realizada por el TSJ desencadenó una serie de protestas a nivel nacional, donde los trabajadores de la prensa nacional habían sufrido agresiones durante la cobertura de los hechos. Es por ello, que Ortega Díaz solicitó al Poder Judicial dictar medidas de protección especial para los periodistas venezolanos y extranjeros que cubren las protestas.

Posteriormente, Ortega Díaz introdujo un recurso para desincorporar a 33 magistrados del TSJ, medida que fue rechazada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo, cuyo nombramiento fue aprobado por la Asamblea anterior, dominada por el oficialismo en diciembre de 2015. Sin embargo la Fiscal indicó que se interpuso para “tratar de restaurar la estabilidad del país”.

El 3 de mayo de 2017, la Fiscal manifestó su rechazo a la violencia por parte de los cuerpos de seguridad del Estado en contra de los manifestantes. Explicó que “es hora de mantener conversaciones y negociar. Significa que uno tiene que ceder en las decisiones por el bien del país. No podemos exigir un comportamiento pacífico y legal de los ciudadanos si el Estado toma decisiones que no están de acuerdo con la ley”.

Días después se pronunció ante la convocatoria Constituyente, propuesta por el presidente Nicolás Maduro, y en carta dirigida a Elías Jaua se disculpa por no participar en las reuniones de la Comisión Presidencial para la Constituyente, ya que esta medida en vez de generar un clima de paz para el territorio, posiblemente “aceleraría la crisis del país”.

La Fiscal concedió una en entrevista para el diario El Comercio (Perú), donde afirmó que el procedimiento mediante el cual se ha convocado a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en Venezuela “es totalmente inconstitucional, por no haber sido consultada al pueblo”. También agregó que “el 90% de la población rechaza esta Constituyente porque sabe que ella no va a resolver la crisis”. Ortega Díaz cuestionó dicha convocatoria: “No es cambiar la Constitución actual, sino cumplirla”.

Actuación de la GNB

El 26 de abril de presente año, fallece el estudiante Juan Pernalete en el contexto de las manifestaciones. Aunque las causas de su muerte no eran claras, el ministro de Comunicación e Información, Ernesto Villegas, indicó que había sido asesinado por una pistola de perno cautivo y no por una bomba lacrimógena. Sin embargo, estas declaraciones fueron desmentidas por la Fiscal General el 24 de mayo. Durante una rueda de prensa confirmó que el deceso del joven manifestante fue producto de un cartucho metálico de bomba lacrimógena, disparado por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Además presentó un balance de las protestas, así como la ausencia de fuerza policial en los saqueos de Barinas, los juicios sumarios a civiles por parte de militares y las acciones violatorias de los Derechos Humanos.

Luego de asumir una clara división ante las acciones del gobierno de Nicolás Maduro, la Fiscal General de la República ahora deberá enfrentar un antejuicio de mérito, impuesto por la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia a raíz de la solicitud presentada por el diputado Pedro Carreño, basándose en que la Fiscal ha cometido faltas graves en el ejercicio de su cargo, incluyendo un supuesto dictamen falso, con motivo de las firmas de las actas del Poder Ciudadano.

Al finalizar la tarde del 28 de junio, debido a una solicitud del diputado Pedro Carreño, la Sala Plena del TSJ prohibió la salida del país a la Fiscal General por “faltas graves en el ejercicio de su cargo”. Además ordenó la congelación de sus bienes y todas sus cuentas bancarias.

Al cierre de esta edición la Sala Plena del TSJ, presidida por el magistrado Maikel Moreno, aprobó por unanimidad las medidas cautelares solicitadas por el diputado Pedro Carreño. Dichas medidas consisten en lo siguiente: prohibición de salida del país; prohibición de enajenar y gravar de todos sus bienes y congelar todas sus cuentas bancarias.

Asimismo, se fijó la audiencia oral y pública para el martes 4 de julio, de conformidad con lo previsto en los artículos 117 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y 374 del Decreto de Rango Valor y Fuerza de Ley del Código Orgánico Procesal Penal.