“El gobierno ha desatado una política de Estado contra los alcaldes”
David Smolansky denunció que el acoso ha llegado a la familia de los mandatarios municipales. La MUD rechazó lo ocurrido
La Asociación de Alcaldes por Venezuela se declaró en emergencia ante la persecución de la que han sido víctimas los alcaldes que no militan en las filas del socialismo. David Smolansky, de El Hatillo, afirmó que “el gobierno ha desatado una política de Estado contra los alcaldes”.
Las autoridades municipales condenaron el nuevo encarcelamiento de Antonio Ledezma y Leopoldo López. “En las últimas semanas van 13 alcaldes perseguidos y dos de ellos destituidos", expresó Helen Fernández, alcaldesa metropolitana (e).
Denunció que Ledezma fue violentamente sacado de su casa en pijamas sin un aviso previo a su familia. "Esta acción menoscaba la voluntad popular de quienes los eligieron para que dieran la cara por los municipios”.
Fernández también informó que la defensa de Ledezma acudió a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia para ratificar la solicitud de antejuicio de mérito para el alcalde, en su condición de alto funcionario de elección popular, de la misma forma en la que el régimen lo hizo hace un mes con el jefe de Gobierno del Distrito Capital.
Luego de una reunión de emergencia en la que participaron Gerardo Blyde (Baruta), Carlos Ocariz (Sucre), Josy Fernández (Los Salias), Carlos Miranda (San Sebastián), Alfredo Díaz (Meriño), los mandatarios denunciaron que la persecución ha subido de nivel y tocado a la familia de los funcionarios.
Smolansky recordó la detención de Juan Pedro Lares, hijo del alcalde de Ejido, en Mérida, Omar Lares, durante una irrupción violenta del Sebin a la morada del mandatario local.
Rechazaron esta acción y exigieron respeto para los allegados de los funcionarios. “Esto es una política de terror que no puede continuar, enfatizó.
MUD. La Mesa de la Unidad Democrática también condenó lo ocurrido con Ledezma y López en un comunicado: “Las medidas ejecutadas por el régimen de Nicolás Maduro son una clara muestra de la dictadura que viene imponiendo a costa de la violencia y de la violación de los derechos humanos”.
La coalición sostiene que el gobierno dejó en evidencia que solo puede mantenerse en el poder por la vía de “la fuerza bruta, las armas, para intentar someter a un pueblo que con claridad, en dos oportunidades en los últimos 15 días, le ha manifestado su rotundo repudio”.
Agrega que “la arbitrariedad en la forma que fueron sacados de sus viviendas, tanto Ledezma como López, se suman a la larga lista de violaciones de derechos humanos, que sin duda serán juzgadas en su momento porque, como se sabe, son delitos de lesa humanidad y por lo tanto no prescriben”.
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