Gobernaciones vaciadas
LA OPINIÓN DECésar Pérez Vivas@CesarPerezVivas
La camarilla roja ha profundizado su política de desconocimiento a las decisiones del pueblo venezolano expresadas a través del sufragio. Las elecciones que de manera forzada se han visto obligados a efectuar, se han convertido en un mero ejercicio ritual, al que luego sucede un conjunto de eventos para anular las competencias que la Constitución tiene asignados a los poderes elegidos.
La dictadura solo acepta funcionarios en los poderes del Estado que se sometan acríticamente a las instrucciones de la cúpula gobernante, y concretamente a los caprichos del dictador en funciones.
La democracia solo es buena para que los autócratas rojos accedan al poder, o les respalde en su conservación. Pero cuando el voto se ha emitido a favor de posiciones diferentes, o para elegir liderazgos de signo político distinto, de inmediato surge el proceso de desconocimiento de la voluntad ciudadana.
Para burlar la soberanía popular se articulan todos los poderes confiscados, que actuando por el respaldo de la violencia institucional justifican con sentencias y omisiones el conjunto de tropelías implementadas para anular esos poderes.
Esta conducta de burlar la decisión de los ciudadanos la inició el mismísimo Hugo Chávez en 2007, cuando de manera grosera aceptó, de la boca para fuera, el resultado del referéndum que le negó la reforma constitucional con la cual pretendió darle ese rango al modelo comunista cuya implementación había ya iniciado al margen de todo el ordenamiento jurídico.
En los meses sucesivos se burló de la decisión de los venezolanos haciendo aprobar por la sumisa Asamblea Nacional de entonces leyes habilitantes, a través de las cuales convirtió en normas de rango legal las que la mayoría nacional negó a través del voto.
Igual conducta asumió el difunto comandante cuando, en el proceso de elecciones regionales de 2008, siete dirigentes de la sociedad democrática fuimos elegidos como gobernadores de estado y el alcalde mayor de Caracas.
De inmediato, en abril de 2009, procedió en abierta violación al texto constitucional, a confiscarle a los estados sus competencias en materia de carreteras, autopistas, puertos y aeropuertos. Igualmente, procedió el extinto presidente Chávez a confiscar más de 50% de los recursos que constitucionalmente les corresponden a los estados de la República.
Dicha confiscación la hizo efectiva desconociendo la tasa de cambio oficial, aplicando una referente de menor cuantía, escondiendo los verdaderos ingresos de la República. Luego procedió a implementar una normativa inconstitucional, por vía decreto, mediante la cual les confiscó a los estados el excedente que sobre los 100 dólares por barril lograra la cesta petrolera venezolana en el mercado internacional.
Toda una política fraudulenta y corrupta mediante la cual Chávez privó a los estados de los ingresos que constitucionalmente le correspondían. Todo para llevar esos fondos al famoso Fondo de Desarrollo Nacional (Fonden), con el cual generó un sinnúmero de negociaciones turbias, todas destinadas a favorecer a la boliburgesia creada por la revolución, enriqueciendo indebidamente a militares, familiares y amigos de la camarilla roja.
El hecho más emblemático de ese proceso de burla al voto ciudadano lo configuró el teniente coronel de Sabaneta al vaciar de funciones y recursos a la Alcaldía Metropolitana de Caracas, y crear el Gobierno del Distrito Capital. Todo porque para dicha alcaldía había sido elegido el amigo Antonio Ledezma.
En las demás entidades territoriales el vaciamiento fue diverso. En todos los estados gobernados por opositores se les quitaron el manejo de los puertos y aeropuertos, así como el control de los peajes de autopistas, los cuales fueron luego eliminados, en otro gesto de populismo irresponsable.
A otros estados como Miranda se le quitaron los hospitales. Y en todos los estados se instalaron gobernaciones paralelas. En unos casos bajo la figura de las anacrónicas Corporaciones de Desarrollo Regional, y en otras bajo la figura de Consejos Regionales Revolucionarios de Gobierno. En cada uno de esos estados apareció la figura del “protector” del estado. Esto para contraponerlo a la figura del gobernador legítimamente elegido por el pueblo.
A la muerte de Hugo Chávez sus discípulos, sucesores en el ejercicio de la dictadura, han profundizado esta política de patear la voluntad ciudadana.
El caso más evidente de la conducta gorilesca de la camarilla roja lo constituye la forma como han anulado de manera total a la Asamblea Nacional.
El proceso de fraudes y arbitrariedades cometidas contra el Parlamento venezolano merece un capítulo especial, que en este trabajo no es posible efectuar. Pero el mismo configura una perfecta asociación para delinquir de los entes y personas, que se confabularon para dar el golpe de Estado al Parlamento legítimo de la República.
La dictadura no se ha conformado con todo el proceso electoral fraudulento que adelantó en las recientes elecciones de gobernadores. Ha procedido, siguiendo el ejemplo trazado por su mentor, a vaciar aún más las pocas gobernaciones que reconoció de palabra a la oposición democrática.
Apenas se conoció el resultado de los comicios, la cúpula roja procedió a adueñarse de las policías regionales en cada uno de los estados donde no pudieron burlar el voto ciudadano. Es ya su conducta reiterada. Gobernador de signo político distinto al militarismo reinante no puede dirigir el cuerpo de policía que la Constitución le asigna a cada estado. Así lo hicieron en estos años con las policías de los estados Lara, Miranda y Amazonas. No habían tomado posesión los nuevos gobernadores cuando ya el dictador había ordenado la toma de sus policías regionales.
Pero el vaciamiento alcanza a todo tipo de bienes y servicios. En días previos a la entrega de la administración se transfieren fondos a organismos nacionales, se comprometen partidas presupuestarias, se entregan inmuebles en comodatos a personas y organismos de la revolución, se despoja de maquinarias, vehículos y equipos a los entes de dichas gobernaciones, se hacen nombramientos apresurados de funcionarios y se traspasan entes completos a otros organismos del poder público controlados por el partido gobernante.
Toda una operación de desmantelamiento de las gobernaciones para hacer más difícil la tarea de los nuevos mandatarios regionales.
Toda esta operación configura un perfil típicamente mafioso de quienes tienen internalizada la idea de que el poder les pertenece eternamente a ellos y sus sucesores, aplicando la misma lógica de las monarquías absolutistas del siglo XVII.
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