Ley contra el odio es un arma discrecional de retaliación
El relator para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, considera alarmante el instrumento y dijo que las penas equivalen al delito de asesinato
La Ley constitucional contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia tiene carácter discrecional y abre las puertas para mayor abuso por parte del Estado. “Tendrá el efecto sistemático de inhibir la crítica al interior del país, porque todos los seres humanos tienen temores naturales de sufrir en un régimen sin garantías; es mucho más grave de lo que parece a primera vista”, advirtió ayer el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza.
Lanza, quien calificó al nuevo instrumento como alarmante, dijo que el deterioro de los derechos humanos en el país ha sido progresivo, aunque quedaban algunas garantías para los opositores y periodistas. “Llama la atención las sanciones totalmente draconianas y desproporcionadas que establece la ley para quienes incurran en esas expresiones, penas de prisión de 10 o 20 años, algo que en derecho penal comparado podría, incluso, compararse a un asesinato o algo semejante”, indicó.
El abogado penalista Alberto Arteaga Sánchez subrayó que el nuevo instrumento, que ha sido presentado como una de las grandes conquistas de la ANC, debió pasar por el Parlamento, única instancia con competencia constitucional para la legislación penal: “Con esta normativa se consagra un arma de retaliación política contra la disidencia, y se atenta contra la libre expresión de pensamiento y de críticas al poder. Se da un paso enorme hacia la arbitrariedad del sistema judicial y no puede ser aplicada retroactivamente”.
Dijo que el discurso oficial ha sido el de la división, pese a que ahora enarbola la bandera de la paz. “Se les olvida que en algún momento el doctor Hermann Escarrá acusó a Chávez por incitar al odio”, añadió. Arteaga coincidió con Lanza en que el objetivo es inhibir a los ciudadanos.
Este último aspecto también fue denunciado por la directora de libertades informativas del IPYS Venezuela, María Engracia Chirinos, quien sostuvo que el objetivo de la ley “es que los ciudadanos se inhiban de abrir el debate público sobre asuntos de interés colectivo y hasta de denunciar”. Señaló que pese a que la Ley contra el odio fue objeto de modificaciones, conservó las restricciones para la difusión de contenidos tanto en medios tradicionales como en los digitales, así como la censura, la posibilidad de revocar concesiones y de aplicar sanciones incluso contra los administradores, así como las medidas de privación de libertad.
Chirinos agregó que la Ley contra el odio viola el debido proceso y el principio de presunción de inocencia.
La Sociedad Interamericana de Prensa denunció que la Ley contra el odio es una nueva coartada del gobierno de Maduro para acabar con la debilitada libertad de expresión”. El presidente de la SIP, Gustavo Mohme, rechazó el instrumento porque “criminaliza la disidencia y borra de raíz dos de los derechos más preciados en una democracia: la libertad de asociación y la libertad de expresión”. Agregó que el presidente sigue las reglas para legitimar su autoritarismo.
Roberto Rock, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, resaltó que la ley allana el camino para que el gobierno se ensañe contra los ciudadanos comunes que protestan o que se expresan en las redes sociales.
Neofascismo. El presidente Nicolás Maduro aseveró que la Ley constitucional contra el odio, por laconvivencia pacífica y la tolerancia atacará al fascismo: “Ya bastante dolor han causado los irresponsables que llamaron a trancar calles y quemar vivas a las personas por razones de color de piel, por apariencia humilde o por sospecha de posiciones políticas. Todo el peso de la ley contra el neofascismo, llámese como se llame y escóndase donde se esconda, porque en Venezuela triunfará es la paz”.
La Ley contra el odio entró en vigencia ayer, una vez publicada en Gaceta Oficial.
El Dato
El presidente de la AN, Julio Borges, rechazó la Ley contra el odio que aprobó la constituyente, por considerar que contraría los valores de los venezolanos. “Esa ley es la ley del odio, no es para frenar el odio. Esa ley lo que promueve en Venezuela es el odio, la división y la destrucción de la libertad del país. Lo que promueve simplemente es la intolerancia en Venezuela”.
Borges señaló que el gobierno se equivoca al pensar que puede contener el sentimiento que hay en la población venezolana a través de la represión y el miedo.
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