Secuestrados de la seguridad roja del Gobierno

Publicado  talcualdigital, Febrero 13,  2018

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Para presionar la entrega de personas solicitadas, los cuerpos de seguridad del Estado han implementado la modalidad de detener a sus familiares, algunos de los cuales llevan meses retenidos sin siquiera ser acusados por no existir delitos que imputarles 

Autor: Eukaris Pérez

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El régimen de Nicolás Maduro se ha caracterizado por hostigar y encarcelar a sus adversarios. En los últimos tres años esto se ha incrementado con una nueva modalidad: secuestrar a personas inocentes solo por tener algún vínculo con quienes realmente buscan las autoridades, a fin de presionar para que el solicitado se entregue.

La investigadora y consultora jurídica del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, Marianna Romero, apunta que desde 2014 los organismos de seguridad del Estado vienen trabajando con un patrón denominado “ruleteo”, práctica que consiste en detener a un individuo pero “no lo llevan directamente al centro de detención o no lo presentan a tribunales”.

Detalla que desde 2017 “se volvió más recurrente y podían pasar días negando que las personas estuviesen ahí, negándoles la comunicación con sus abogados y familiares”.

Adicionalmente, durante el procedimiento los funcionarios van hasta la residencia o lugares de trabajo de los buscados y, si la persona no se encuentra en el lugar, recurren a llevarse a alguien de su núcleo familiar o algún conocido sin siquiera presentar una orden de captura emitida por un tribunal de control, como manda la legislación vigente.

Delito a todas luces, este tipo de “secuestro autorizado” se ha convertido en una práctica habitual en los últimos tiempos, lo que ha incrementado de manera substancial la ya gruesa lista de presos políticos que el gobierno se empeña en ocultar, pero que mantiene como una especie de “pieza de canje” en las negociaciones que ha mantenido con la oposición, un trofeo que busca exhibir ante la comunidad internacional como muestra de sus intenciones por alcanzar un acuerdo que dista mucho de materializarse.

Sin derecho a defensa

Según el análisis jurídico, cuando las autoridades incumplen el mandato legal de presentar a los detenidos ante tribunales y ocultan el paradero de las personas, se habla de “secuestro”, pues se están violando los derechos civiles y humanos de los ciudadanos, amén de lo establecido en el debido proceso. La normativa legal dicta que después de 48 horas de la captura se debe llevar al cautivo ante un juez para presentar los cargos que se le imputan y exponer las razones de su detención.

El abogado y defensor de los derechos humanos Carlos Patiño afirma que lo grave de estas detenciones es que no existen acusaciones claras en contra de los privados de libertad, lo que le parece un acto arbitrario puesto que “nada de lo que representa el debido proceso se está cumpliendo”.

Es así como algunos detenidos pueden pasar muchos meses sin ser ser presentados debido a que no existen delitos por los que puedan ser imputados, creando alrededor de ellos un limbo legal difícil de quebrar que, en la mayoría de los casos, son mantenidos como prisioneros en las sedes de organismos de imposible acceso, algunos incluso aislados e incomunicados.

Represión en cifras

El abogado Omar Mora Tosta puntualiza que una investigación realizada en conjunto con varias ONGs, determinó que en Venezuela, en estos momentos, hay un total de 399 presos políticos, de los cuales 82 son militares, 17 políticos, 22 estudiantes y 13 policías. 

A pesar de que el Gobierno Nacional asegura que no existen presos políticos en el país, Tosta afirma que “no han cesado las prácticas que violan el debido proceso y los derechos humanos en la persecución de la disidencia de Venezuela”, dijo.

La también defensora de derechos humanos Lilia Camejo, revela a TalCual  que existen otros casos de secuestro por parte del Estado, pero hasta ahora los familiares no han permitido que los detalles de esos sean difundidos.

“Hay varias personas que supuestamente están en la Dgcim (Dirección General de Contrainteligencia Militar) , pero nos dicen (los funcionarios) que no están, aunque los familiares aseguren que sí. En el caso de un señor que tengo ahorita, la familia no quiere que se sepa públicamente nada, entonces eso es delicado porque si ellos no autorizan a que uno diga, no se puede decir”, ratifica Camejo.

Expresa que el detenido “en días pasados” no ha sido presentado ante ningún tribunal, acto que infringe lo establecido en las leyes del país.

Detenidos sin causa

Dayana Santana de Díaz. Detenida el 14 de julio de 2017. Después de seis meses y 27 días fue puesta en libertad luego de estar aislada en la sede principal del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), en El Helicoide, Caracas.

Es esposa de José Alejandro Díaz Pimentel, integrante del grupo “Equilibrio Nacional” creado por Óscar Pérez, uno de los ajusticiados en la operación conocida como “masacre de El Junquito”. Díaz fue funcionario de la Dirección General de Contrainteligencia Militar.

Cuando aún su esposo se encontraba en la clandestinidad, la mujer fue privada de libertad para que su cónyuge se entregara a los cuerpos de seguridad del Estado.

A Santana no le permitieron ser asistida por un abogado, tampoco le dieron fecha de audiencia en el tiempo de su reclusión, no le dejaron recibir visitas y debe presentarse cada 30 días por un año como condición de su liberación.

Juan Pedro Lares: Detenido el 30 de julio de 2017. Está recluido en El Helicoide. Fue arrestado en su hogar en Mérida por funcionarios del Sebin, quienes inicialmente iban a detener a su papá, Omar Lares. Al no encontrarlo decidieron llevarse al joven de 23 años, para presionar la entrega del exalcalde del municipio Campo Elías de Mérida.

Omar Lares fue la máxima autoridad de Ejido siendo militante de la oposición. Fue culpado por permitir protestas en esa jurisdicción, por lo que tuvo que huir de Venezuela y radicarse en Colombia para evitar ser arrestado.

Durante los casi siete meses que lleva detenido, Juan Pedro Lares ha recibido solo cuatro cortas visitas de su madre, la única que ha podido verlo. No tiene fecha de audiencia en tribunales.

Ana Julia Vielma y Luis Guillermo Jiménez Vielma: Capturados ambos el 25 de enero de 2018, son familiares (madre y hermano, respectivamente) de Luis Argenis Vielma, abogado defensor del capitán sublevado Juan Caguaripano. Fueron arrestados por efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim).

Los funcionarios irrumpieron en la casa de la madre de Vielma -que es acusado de rebelión militar, sustracción de efectos de la Fuerza Armada y traición a la patria- y como éste no se encontraba en el sitio, arrestaron a sus familiares.

El abogado y director del Foro Penal Venezolano, Alonso Medina Roa, resaltó a TalCual que, poco después, ambos fueron liberados. “A ellos los tuvieron unas horas y los soltaron”.

Juan Carlos Sosa Marquina: Fue aprehendido el 25 de diciembre de 2017 en el estado Vargas. Es hermano del diputado de la Asamblea Nacional José Manuel Olivares. Se encuentra recluido en El Helicoide.

A Sosa Marquina se le acusa de conducir un vehículo robado, según declaraciones del vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv), Diosdado Cabello, aunque voceros de la oposición aseguran que el gobierno quiso con ello incriminar al círculo más cercano de Olivares, ante su posible triunfo en la pasada elección a la gobernación del estado Vargas.

El acusado había salido de inaugurar un comedor popular en la entidad cuando fue detenido por funcionarios del Sebin.

Vanessa Barroso: Detenida el 2 de febrero de 2018 por integrantes del Sebin. Los funcionarios visitaron su residencia y la apresaron por estar vinculada con el exinspector del Cicpc Óscar Pérez, sublevado contra el gobierno de Maduro y abatido en la “Operación Gedeón”.

Barroso era la directora de la Fundación GV33 Moral y Luces, creada por Pérez. Según declaraciones de la abogada Lilia Camejo, la joven se encuentra recluida en el Centro Nacional de Procesados Militares en Ramo Verde.

Padre y esposa de Argenis Prieto: Detenidos el 20 de enero por funcionarios del Sebin. El ingeniero de Petróleos de Venezuela Argenis Prieto, había publicado un vídeo donde indicaba irregularidades de la empresa estatal que estaban siendo negadas por Nicolás Maduro.

Días después a la publicación del material, el secretario de profesionales y técnicos de la Federación de Trabajadores de Pdvsa Occidente, Iván Freites, denunció que Prieto estaba siendo perseguido por el Sebin.

Freites informó sobre la detención de los familiares de Prieto y manifestó que al momento de la aprehensión no se presentaron órdenes de captura. Hasta el momento no se conoce el paradero de ambos ciudadanos.