#TalCualVerifica Arreaza y Saab manipulan hechos para mostrar “la verdad de Venezuela”
En TalCual recopilamos varias frases que han sido pronunciadas por el fiscal Tarek William Saab y el canciller venezolano Jorge Arreaza sobre el informe de la Misión de Determinación de hechos sobre Venezuela, así como investigaciones que ha llevado la justicia nacional sobre diversos casos.
Gabriela Rojas | Luisa Quintero
El pasado 19 de septiembre, el canciller Jorge Arreaza y el fiscal impuesto por la ANC, Tarek William Saab, presentaron el informe “La verdad de Venezuela contra la infamia”, un documento que en sus 112 páginas intentar responder al informe realizado por la Misión de Determinación de Hechos sobre la situación de los derechos humanos en el país.
Afirmaciones sobre el carácter de la investigación, los datos recopilados, e incluso la trayectoria de los investigadores han sido repetidas hasta la saciedad desde entonces por Arreaza y Saab en varias ruedas de prensa, con el objetivo de desmentir las afirmaciones del informe de la Misión de hechos, que vincula a altos funcionarios del régimen venezolano con delitos de lesa humanidad.
En TalCual recopilamos varias frases que han sido pronunciadas por el fiscal y el canciller venezolano sobre el informe de la Misión de Determinación de hechos sobre Venezuela, así como investigaciones que ha llevado la justicia nacional sobre diversos casos.
– En la rueda de prensa del 19 de septiembre, el canciller venezolano Jorge Arreaza dijo “El año pasado surgió una segunda resolución. ¿Quién la presentó? Los señores del autodenominado Grupo de Lima (…) para perturbar el trabajo de la Oficina de la Alta Comisionada y la cooperación con Venezuela. Y fue una resolución que se aprobó con 19 votos de los 47 gobiernos o estado miembros del Consejo de Derechos Humanos, es decir, el 40%”.
Esta afirmación de Arreaza es DUDOSA. La resolución A/HRC/RES/42/25 adoptada el 27 de septiembre por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas efectivamente fue votada por 19 países, siete en contra y 21 abstenciones.
A favor: Argentina, Australia, Austria, Bahamas, Brasil, Bulgaria, Chile, Croacia, República Checa, Dinamarca, Hungría, Islandia, Italia, Japón, Perú, Eslovaquia, España, Ucrania, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.
En contra: Camerún, China, Cuba, Egipto, Eritrea, Filipinas, Arabia Saudita.
Abstenciones: Afganistán, Angola, Bahrein, Bangladesh, Burkina Faso, República Democrática del Congo, Fiji, India, Irak, México, Nepal, Nigeria, Pakistán, Qatar, Rwanda, Senegal, Somalia, Sudáfrica, Togo, Túnez, Uruguay.
Arreaza tuvo un cálculo errado, si se toma la totalidad de los países miembros del Consejo, en realidad dicha resolución fue adoptada por 47,5% de sus integrantes. Pero el Consejo de Derechos Humanos se guía por el sistema de votaciones de la Asamblea General de Naciones Unidas, donde se establecen varias modalidades, siendo una de ellas la expresión “miembros presentes y votantes”.
Según el artículo 86 del Reglamento de la Asamblea General de la ONU “se entenderá que la expresión ‘miembros presentes y votantes’ significa los miembros que votan a favor o en contra. Los miembros que se abstengan de votar serán considerados no votantes”.
En este caso específico, en la votación de la resolución A/HRC/RES/42/25 participaron efectivamente 26 países en las votaciones. Con 19 votos, dicha resolución fue aprobada con 73%.
– La segunda aseveración de Jorge Arreaza es sobre uno de los integrantes de la Misión de Determinación de Hechos: «¿Quiénes conforman esta comisión? Tres expertos pagados con cinco millones de dólares, bien pagados por cierto. Uno de ellos es el señor Francisco Cox, es defensor de agentes de la dictadura de Augusto Pinochet en Chile (…) y de familiares de personas que estuvieron involucrados con la dictadura militar».
Esta aseveración de Arreaza es FALSA. El señor Francisco Cox efectivamente fue designado el 2 de diciembre de 2019 como uno de los integrantes de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela. Según la biografía publicada en la página del Consejo de Derechos Humanos es un abogado penalista chileno, que dirigió el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) designado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto para investigar el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Ayotzinapa (México). El señor Cox litigó ante la Corte Penal Internacional, incluso en el caso contra Dominic Ongwen, en el que representó a 2.605 víctimas del conflicto armado en el norte de Uganda.
Según una biografía de la OEA, el señor Cox estudió derecho en la Universidad Diego Portales y luego obtuvo una Maestría (LL.M) de la Universidad de Columbia. Dato importante: trabajó entre 2000 y 2001 en apoyo de la extradición del dictador Augusto Pinochet a España.
En una entrevista para The Clinic, el 16 de mayo de 2019, fue más enfático sobre sus vinculaciones con la dictadura chilena. “Acá en la oficina (Balmaceda, Cox y Piña) y por solicitud mía, no tomamos casos de defensa de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Pero eso básicamente porque yo no les daría una buena defensa. Creo que tienen todo el derecho a ser bien defendidos y a tener la mejor defensa, pero yo estaría queriendo que los condenen”.
Aquí se mencionan más casos en los que litigó Francisco Cox.
– El canciller Jorge Arreaza también se refirió a algunos de los señalados en el informe, como el diputado Juan Requesens: «Dice el informe que las condiciones de detención en El Helicoide y el trato al que fue sometido el señor Requesens durante su detención constituyen una violación de la prohibición de la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No les voy a responder yo, les va a responder el señor Juan Requesens (mostró un video grabado un 29 de noviembre y de un 30 de noviembre)».
Con esta afirmación, Arreaza es CARA E’ TABLA. Hay numerosas denuncias sobre la situación del diputado Juan Requesens durante su estadía en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), sede El Helicoide. Desaparición forzada, detención arbitraria, supuestos tratos crueles, inhumanos o degradantes son solo algunas de las violaciones a los derechos de Juan Requesens. Una muestra de ello es un video, que circuló los primeros días de su detención y donde se observa al diputado visiblemente desorientado. Su abogado denunció que habían usado drogas para hacerlo confesar, y el examen toxicológico se hizo a destiempo.
El 18 de diciembre de 2019, durante una actualización oral sobre Venezuela, la Alta Comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet dijo: Reitero mi llamada para que se continúe dando cumplimiento a las opiniones del Grupo de Trabajo sobre la detención arbitraria y, en consecuencia, se otorgue libertad plena al diputado Juan Requesens.
El 2 de octubre de 2019, el Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, un procedimiento especial del Consejo de Derechos Humanos, solicitó la liberación inmediata de Juan Requesens al considerar que su privación de libertad fue arbitraria al contravenir diversos artículos del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
– La cuarta frase que Jorge Arreaza pronunció tiene que ver con el ex inspector del Cicpc, Óscar Pérez: «En el informe dicen que el señor (Óscar Pérez) se robó un helicóptero y sobrevoló Caracas, no dicen que atacó con granadas un preescolar en el Tribunal Supremo de Justicia, no dicen que se robó armas del centro del país y del estado Miranda y amordazó a las personas que estaban ahí y prometió con ese armamento matar al presidente Nicolás Maduro. Eso no lo dicen».
Esto es una afirmación A MEDIAS. En el informe de la Misión de Determinación de Hechos se menciona en varias oportunidades el caso de Óscar Pérez, un exoficial del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) que se sublevó públicamente contra el régimen de Nicolás Maduro el 27 de junio de 2017. En el informe se menciona que un “helicóptero del Cicpc sobrevoló la sede del Tribunal Supremo de Justicia y otras oficinas gubernamentales”, cuyo piloto fue identificado como Óscar Pérez, que “junto con otras nueve personas, fue asesinado en enero de 2018 en una incursión de las fuerzas de seguridad mixtas”.
En el punto 96 nuevamente se hace mención a su caso: “El 15 de enero de 2018, Óscar Pérez (véase el párrafo 87 supra) anunció a través de su cuenta de Instagram que estaba siendo atacado en el barrio El Junquito, al oeste de Caracas. El señor Pérez twitteó mensajes y un vídeo en el que declaraba que se había rendido, pero que las fuerzas de seguridad continuaban el ataque armado. Según el informe del gobierno, tras el enfrentamiento entre el señor Pérez y la brigada mixta de seguridad enviada para detenerlo, la casa donde se refugiaba el señor Pérez fue volada con un misil RPG-7. Al menos nueve personas murieron. El presidente Maduro hizo una declaración el mismo día felicitando a las fuerzas armadas que detuvieron la “amenaza terrorista”.
Al igual que en el punto 219: “…En el caso del operativo que resultó en la muerte de Óscar Pérez en enero de 2018, se reveló posteriormente que un miembro de las FAES, que también resultó muerto en el incidente, era miembro del colectivo Tres Raíces”.
Así como en la tabla número 4 (Presuntas operaciones y personas detenidas) en dos apartados:
- “El caso de Óscar Pérez (Caracas) El 27 de junio, el oficial de policía del CICPC Óscar Pérez tomó un helicóptero y lo voló sobre el Tribunal Supremo de Justicia, en un ataque. Más tarde habló en contra del Gobierno de Maduro”.
- Operación Génesis (Laguneta de la Montaña, Miranda) Un grupo de ex-policías, liderados por Óscar Pérez, incautaron armas del puesto de la GNB en Laguneta de la montaña… Tras una investigación de los servicios de inteligencia, en una operación policial/militar de enero de 2018 (titulada Operación Gedeon), Oscar Pérez fue asesinado
Efectivamente el informe no menciona el lanzamiento de granadas a la sede del TSJ, que según una investigación del Ministerio Público impactaron en la sede de de un preescolar ubicado dentro del TSJ, o los disparos contra la sede del Ministerio de Interior, Justicia y Paz mientras se realizaba una fiesta. Al parecer, las balas y granadas fueron de fogueo, pues no se registraron heridos ni mayores daños en esas infraestructuras. El robo de armas a cuarteles sí está documentado.
– El canciller Jorge Arreaza ha dicho que «Hay un equipo que está en Venezuela que ellos ni siquiera consultaron, no le tocaron la puerta ni siquiera para conocer las leyes venezolanas y dieran esa información que el fiscal ha compartido con mucho detalle con ese equipo semanalmente, y que también se ha reunido con el Consejo de Derechos Humanos de Venezuela y manejan al detalle la información casi que todos los días sobre Venezuela».
Esta afirmación de Arreaza es A MEDIAS. En entrevista a TalCual, el abogado penalista Francisco Cox, quien integra la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, dijo que: Cada institución es independiente. De hecho, nosotros no hemos accedido a la información que tiene la Oficina de la Alta Comisionada. El mandato que se nos dio es determinar los patrones de conducta, la cadena de mando, la toma de decisiones, qué delitos se están cometiendo. Si uno revisa los informes anteriores y los más recientes, se habla de tortura, de situaciones muy similares a los que nosotros estamos documentando, pero con otro enfoque. Somos entes independientes, no estamos alineados en nuestras conclusiones, en nuestra información. Ahora, a mí me parece que los hechos que hemos recabado hablan por sí solos.
El 24 de septiembre, durante un diálogo interactivo en el marco del 45 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el abogado Paul Seils (otro de los integrantes de la Misión junto a Cox y Martha Valiñas) dijo que que no recibieron ningún tipo de información y tampoco están ligados a la Oficina de la Alta Comisionada. “No es poco común que este tipo de misiones no reciba informaciones de los Estados. Esto hace el trabajo más difícil, la cooperación es importante para poder recibir información verificable, aunque tampoco hace imposible que podamos conseguir información”.
En su página web, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas dice que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) proporciona conocimientos técnicos y asistencia a las misiones y comisiones, pero “El mandato, la situación de la investigación, los comisionados y las comisionadas, los expertos y las expertas independientes designados y designadas para integrar la entidad (denominados en lo sucesivo “miembros”), y las circunstancias que rodean a la creación y actuación de cada comisión/misión son distintos en cada caso”.
El canciller Jorge Arreaza también ha dicho en sus declaraciones que “Nicolás Maduro cuando en 2014, 2017, se han dado los eventos de violencia política los ha resuelto por la vía del diálogo, los ha resuelto convocando a la Asamblea Constituyente y llamando a votar, los ha resuelto con la Comisión de la Verdad y las liberaciones, y las medidas procesales de beneficios, y los ha resuelto también investigando si se cometieron excesos policiales, si los efectivos del orden público se excedieron, mataron o agredieron a alguien”.
Esto es FALSO. Más de 13 mil personas han sido detenidas desde 2014 hasta 2019 en el marco de las protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro, según datos del Foro Penal. Esta cifra enumera tanto a manifestantes como a transeúntes o personas que fueron sacadas de sus casas sin orden judicial, por lo que se trata de detenciones arbitrarias efectuadas por diferentes cuerpos de seguridad del Estado. Más de 7.500 personas tienen causas penales abiertas aunque están en libertad condicional, sin contar que en los últimos tres años, los tribunales militares han procesado a más de 800 civiles, lo que viola flagrantemente estándares internacionales de derechos humanos.
Durante tres meses de protestas ocurridas en 2014 se registraron 43 muertes de manifestantes que fueron asesinados por funcionarios policiales o militares. En 2017, apenas habían transcurrido 40 días de protestas y ya se había igualado esa cifra como resultado de la exacerbación del denominado Plan Zamora: el saldo de las protestas de 2017 registró 163 muertes desde el 6 de abril hasta el 13 de agosto, aunque el Ministerio Público solo reconoció el fallecimiento de 129 personas.
98% de las denuncias por violaciones de los derechos humanos de jóvenes manifestantes quedaron sin investigar y no llegaron al proceso penal en tribunales y menos se establecieron sanciones para las cadenas de mando, según determinó el Comité de Familiares de Víctimas (Cofavic).
Un caso emblemático fue el de Juan Pablo Pernalete, quien fue asesinado el 26 de abril de 2017, por un funcionario de la Guardia Nacional que le disparó a quemarropa una bomba lacrimógena que impactó al joven en el tórax. En ese entonces, Ernesto Villegas, quien era ministro de Comunicación e Información, y Néstor Reverol, ministro de Interior y Justicia, aseguraron públicamente que el joven había sido asesinado con una pistola de perno, que presuntamente había sido disparada por los mismos manifestantes. Una versión respaldada por quien entonces era vicepresidente: Diosdado Cabello. El gobierno eximió a los militares de la responsabilidad.
Sin embargo, en mayo, la entonces fiscal general, Luisa Ortega Díaz mostró en rueda de prensa un cilindro metálico que era una bomba lacrimógena utilizada por la GN y explicó que había sido un objeto de ese tipo el que causó la muerte de Pernalete. Los fiscales determinaron que le dispararon al pecho a poca distancia. “Sabemos (la identidad) del grupo del que salió este objeto. Esperamos determinar en los próximos días la persona que disparó”. La defensa legal de la familia Pernalete presentó una denuncia contra Nicolás Maduro, el ministro de Defensa Vladimir Padrino, y al exjefe de la Guardia Nacional, Antonio Benavides por perjuicios morales y divulgar información falsa sobre el crimen. Ni siquiera el autor material ha sido detenido después de tres años.
El canciller Jorge Arreaza dijo que en el informe de la Misión se registran“112 actos de encarcelamiento ilegal y 95 actos de tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes. Señores expertos, esto es lo que ocurre en Colombia en una semana y ustedes dicen que en Venezuela (ocurre) desde el año 2014. Señor fiscal, hasta el año 2020 hay ataques de lesa humanidad porque dicen haber documentado 54 ejecuciones extrajudiciales, 112 actos de encarcelamiento y 95 actos de tortura”.
Esta afirmación es DUDOSA. La Oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos presentó en febrero de 2020 el informe anual sobre el estatus de garantías fundamentales de DDHH en Colombia. La Oficina registró 36 masacres que implicaron la muerte de 133 personas, ciertamente la cifra más alta registrada desde el 2014.
En 2019 pudieron documentar 108 asesinatos de personas defensoras de derechos humanos, incluyendo 15 mujeres y dos integrantes de la población LGBTI. Durante ese período de tiempo la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) realizó 1151 misiones al terreno, 376 actividades de capacitación y fortalecimiento a instituciones del Estado y a la sociedad civil y realizó seguimiento de 250 casos de presuntas violaciones de derechos humanos en Colombia.
El informe agregó que la Oficina de la Alta Comisionada valoró los esfuerzos de la Fiscalía General de Colombia para investigar los casos que ha reportado: en 55% de los casos ocurridos entre 2016 y 2019 hubo avances conclusivos.
Más allá de la penosa comparación con el país vecino, el canciller venezolano en ningún momento negó la cifra presentada en el caso venezolano por los miembros del Informe de la Misión de determinación de hechos. La desestimación de Arreaza estaba más enfocada en destacar lo poco que le parecía el número según el período de tiempo y enfatizó en la comparación como si se pudiera minimizar una especie de récord entre países en cuanto a violaciones de DDHH.
– En su intervención al lado de Arreaza, el fiscal impuesto por la ANC, Tarek William Saab, dijo que: «Fue la Defensoría del Pueblo en ese momento y no el Ministerio Público de la innombrable (Luisa Ortega Díaz) bajo nuestra dirección la que, en 2016, se reunió con los familiares de la masacre de Barlovento e impulsó las investigaciones en el terreno que terminaron con la detención de 12 funcionarios militares, acusados de desaparecer y darle muerte a 12 personas«.
Esta afirmación de Saab es A MEDIAS. La llamada masacre de Barlovento como se conoció a la detención arbitraria, desaparición forzada, tortura y posterior ejecución extrajudicial de al menos 12 personas en el municipio Acevedo, estado Miranda, por parte de efectivos del Ejército venezolano fue reconocido por las autoridades el 25 de noviembre, día en que el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, junto a funcionarios del Cicpc informaron sobre el hallazgo de dos fosas comunes donde se encontraban diez cuerpos de estas personas.
La Defensoría del Pueblo, bajo el mandato de Tarek William Saab, sí tuvo un papel importante en la investigación de estos hechos, pero no fue el único organismo del Estado que inició investigaciones. El ahora fiscal (en el cargo desde agosto de 2017) olvidó que el 6 de diciembre de 2016 informó que el número de militares detenidos por esta masacre había aumentado a 14. Dos días más tarde la cifra aumentó a 18 detenidos, además de identificar un nuevo asesinato, de un joven de 17 años.
El 14 de enero de 2017, el Ministerio Público -dirigido entonces por Luisa Ortega Díaz- imputó a 12 funcionarios del Ejército. Ellos son: teniente coronel José Rojas Córdova, mayor Luis Eduardo Romero Arcia, capitán Daniel Contreras Primera por los delitos de homicidio calificado con alevosía y motivo fútil, desaparición forzada de personas, uso indebido de arma orgánica, tortura, tratos inhumanos y violación de domicilio en perjuicio de los 12 fallecidos.
Adicionalmente, fueron acusados por privación ilegítima de libertad, violación de domicilio, tortura y tratos inhumanos en relación con otras nueve personas, entre estas un adolescente de 17 años.
También fueron acusados por esos tipos penales el sargento mayor de tercera Miguel Rodríguez Rodríguez; los sargentos primero Orlando Maceli, Rafael Ruíz Acevedo, Luis Figuera Salazar, Francisco Rivas Salazar y Romy Antón Antón; los cabos segundo Arquímedes José Agüey y Luis Machado Márquez, y el cabo primero Fabián Rangel Rangel.
– El fiscal Saab dijo que: «Quiero destacar la sentencia a 28 años de prisión en el estado Lara contra tres funcionarios adscritos a la PNB por los delitos de trato cruel y violación, o las condenas a más de 22 años de prisión impuestas a dos efectivos del Ejército que admitieron en la audiencia respectiva su responsabilidad en el caso de la llamada masacre de Barlovento».
Aquí podemos decir ME ENTERO, con esta afirmación del fiscal. El próximo 15 de octubre se cumplen cuatro años de la masacre de Barlovento. Pese a que fueron 12 los efectivos militares detenidos, imputados y pasados a juicio por estos hechos, hasta la fecha solo dos han sido condenados por estos hechos tras haber admitido su culpabilidad, lo que les valió penas de más de 22 años de cárcel, según la información que dio el fiscal general Tarek William Saab y que aparece reflejado en el informe “Por la verdad de Venezuela” en su página 100.
No hay información detallada sobre el caso Barlovento, en la cual según fuentes extraoficiales y habitantes de la zona, participaron decenas de militares. Tan solo que el resto estaría todavía bajo juicio. Desde 2017, el Ministerio Público no publica la Memoria y Cuenta de este organismo, lo que impide conocer datos específicos sobre violaciones a derechos humanos.
El fiscal Tarek William Saab ha dicho que “Aparte de estos 565 funcionarios imputados, lo hemos hecho también con 31 civiles imputados como colaboradores en estos hechos para dar un gran un total hasta el momento, obviamente esta cifra aumentará, de 595 imputados por cometer violaciones a derechos humanos a partir de agosto 2017 porque los anteriores años como lo he repetido hubo inacción por parte del Ministerio Público”.
Esta declaración es DUDOSA. La aseveración del Fiscal General impuesto por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) cambió rápidamente de cifra en un período de apenas siete días: el sábado 19 de septiembre aseguraba que en tres años se habían imputado 595 personas por violaciones de DDHH, pero el 27 de septiembre dijo que su despacho ya había acusado por presuntas violaciones a los derechos humanos a 1.000 funcionarios policiales. «Nosotros, en más de tres años, un tiempo muy corto, hemos logrado por impulso del Ministerio Público la condena de 140 agentes del Estado violadores de derechos humanos, pero si me preguntas de imputados, en proceso de ser finalmente condenados son 1.000. Dime tú ¿Cuándo se había visto esto?», aseguró Saab.
Las cifras declaradas por Saab no fueron desagregadas, ni están respaldadas por documentos oficiales en los cuales se pudiera contrastar disminuciones o aumentos en los últimos tres años, revisar cantidad de funcionarios y civiles que han sido imputados, cuántos están en la etapa de actos conclusivos, cuántos han recibido condenas y cuál es la cantidad de funcionarios por cada cuerpo de seguridad involucrado, dado que aunque es una obligación constitucional, la Fiscalía no presenta Informes de gestión desde 2016, lo que paradójicamente deja como último documento referencial de cifras oficiales y públicas el informe presentado durante la gestión de la anterior fiscal Luisa Ortega Díaz. Sin embargo, Tarek William Saab afirmó que había “rendido cuentas públicas de manera semanal y casi diaria en relación a esclarecer los casos que implican violaciones a los DDHH”.
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