Ni la pandemia ni el gobierno detuvieron a las bandas dedicadas a trata de personas
En julio el comisionado de la OEA para la crisis de migrantes designado por la AN, David Smolansky advirtió que los delitos de tráfico y trata de personas crecieron aceleradamente en el último año
En 2020, la bandas dedicadas a los delitos de trata de personas continuaron operando en el país. Ni las restricciones que se aplicaron en la nación tras la llegada de la covid-19 frenaron a estos grupos delictivos, mucho menos la actuación del Estado venezolano.
La actuación de las autoridades ha sido lenta en esta materia. Al cierre de este año fue que el fiscal designado por la impuesta asamblea constituyente, Tarek William Saab, reconoció la existencia de bandas dedicadas a la trata y al trafico personas desde Güiria, estado Sucre. El pronunciamiento del funcionario fue hecho luego del naufragio ocurrido entre las costas de esa localidad sucrense y Trinidad y Tobago en el que murieron ahogadas más de 20 personas.
*Lea también: Acnur asegura que Trinidad y Tobago deportó a más de 200 venezolanos en noviembre
Con un hilo publicado en su cuenta de Twitter, el funcionario aprovechó para referirse por primera vez en 15 meses al caso de la desaparición de más de 60 personas tras zarpar hacia la isla caribeña en los botes Jhonaily José y Ana María, el 23 de abril y el 16 de mayo de 2019, respectivamente. Anunció la activación de la alerta roja en la Interpol contra Alberto Abreu, capitán de la segunda embarcación y quien ha sido señalado de integrar una de estas bandas.
En mayo de 2020, TalCual publicó una investigación sobre lo ocurrido en 2019 en dos embarcaciones que partieron desde el puerto de Güiria, en el estado Sucre, hacia Trinidad y Tobago. Con apenas 23 días de diferencia zarparon y desaparecieron en el mar sin dejar rastro de 60 personas. En el trabajo se evidencia cómo las instituciones de gobierno han ignorado las alertas que apuntan el desarrollo de un delito de magnitud internacional: el tráfico de personas y la explotación sexual, en el cual Venezuela se posiciona como el primer país con prevalencia en Latinoamérica, según índices mundiales.
Incluso, el año cierra con un mandato de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) al régimen de Nicolás Maduro de brindar información sobre la investigación de las desapariciones de más de 70 venezolanos entre las costas de Sucre y Trinidad y Tobago, y entre las playas de Falcón y Curazao en 2019, víctimas de redes de dedicadas a la trata de personas.
Los relatores especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU pidieron especificar las medidas legislativas que se han adoptado para proteger a las personas de la trata de persona, prevenir la explotación laboral o sexual y supervisar las agencias privadas de contratación.
En el comunicado, también dirigido a los gobiernos de Aruba, Bonaire y Curazao y a Trinidad y Tobago, los relatores manifestaron su preocupación por la «aparente» falta de acciones efectivas por parte de las autoridades venezolanas para impedir la trata de personas e investigar y enjuiciar a los involucrados. Hasta ahora se desconoce si el gobierno respondió al exhorto.
El 17 de diciembre David Smolansky, comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA) para la crisis de los migrantes venezolanos, alertó que «la frontera marítima entre Venezuela y Trinidad y Tobago se salió de las manos». El funcionario advirtió que si la isla continúa deportando a venezolanos la redes de trata y tráfico de personas podrían aumentar.
Días antes, luego del naufragio ocurrido entre las costas de esa localidad sucrense y Trinidad y Tobago el 12 de diciembre, la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos exhortó a los gobiernos a detener la deportación marítima insegura de migrantes.
Todo el tiempo en todas partes
Aunque fue a final de año que el tema tuvo mayor fuerza, los reportes de este flagelo no cesaron en todo el año. A inicios del segundo semestre de este 2020 se contabilizaban 207 venezolanos víctimas de trata de personas que habían sido rescatados. No trascendieron mayores detalles por el hermetismo del Ministerio Público.
El brazo de la trata y el tráfico de personas no solo llega al oriente del país, sino que se extiende por todo el territorio nacional. La coordinadora de la oficina de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB) Guayana, Eumelis Moya, advirtió que «en el estado Bolívar el precio de una mujer oscila entre los cinco y los diez gramos de oro. Eso es el equivalente a $47»
Bolívar es uno de los estados donde se ha hecho seguimiento al delito de trata de personas. La experta señala que el flagelo ha ocupado mayor espacio en la entidad debido a la presencia de grupos irregulares y por el resurgir de la actividad minera.
Las bandas dedicadas a la trata y el tráfico de personas actúan en el país en las narices del gobierno de Nicolás Maduro. La crisis generalizada que vive la nación y la migración que esto generó convirtió a los venezolanos en blanco fácil para estas redes dedicadas a transar a connacionales para lucrarse.
En julio, el comisionado de la OEA, David Smolansky, advirtió que los delitos de trata y tráfico de personas crecieron aceleradamente en el último año. Durante el foro «Trata de personas, el secreto a voces ignorado por el Estado», realizado por TalCual el 30 de julio a propósito del Día Mundial contra la Trata de Personas, Smolansky reiteró que la crisis que vive Venezuela no tiene precedentes y es por esa razón que la ola migratoria ha llegado no solo a países de Suramérica, sino también a naciones de Centroamérica, Norteamérica y el Caribe.
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