Ricardo* no sabía que en el camino hacia Chile podría haber ríos desbordados de pirañas. Los migrantes venezolanos se extienden por las carreteras intentando llegar hasta los pasos ilegales, hoy más concurridos por el cierre de fronteras en Latinoamérica. Hay lugares en los que no está prohibido el traslado de pasajeros en camiones de carga, principalmente porque nadie pensó que ese espacio podría usarse como un medio de transporte. En la actualidad no solo llevan pasajeros: van abarrotados de ellos.

Ha visto a varias personas apretujadas en el espacio entre la cabina y el tráiler, a un hombre aferrado a la ventanilla del chofer con los pies casi colgando. Así, se deslizan, se acomodan y hacen suyos espacios donde no los hay.

Lo mismo sucede al final del camino, en las trochas o pasos no habilitados en donde terminan los caminos de tierra y los cruces en lancha son las únicas rutas migratorias irregulares hacia países como Ecuador, Perú y Chile.

Y ahí está Ricardo: en la hilera a la izquierda de una lancha, junto a su mamá. Los coyotes, quienes realizan los traslados de personas por el río que comunica a Ecuador con Perú, advierten que no se deben acercar a los alrededores hasta que llegue la lancha. Los migrantes no pueden ensayar la subida y bajada de la lancha en movimiento. Son más de 30 personas a bordo a quienes le alertan que no saquen las manos del bote porque en el río de Zapotillo hay pirañas.

Un hombre, el encargado de manejar la embarcación. De entre 25 y 30 años de edad, es el único en la escena con ganas de hablar. Sobre la improvisada embarcación, recuerda Ricardo, le pidieron a los ocupantes que se mantuvieran estáticos. Cualquier movimiento en falso podría provocar que la lancha se voltease. Cruzaron el río durante el día, arrimados unos a otros, para dejar atrás Ecuador y llegar a Perú.

Ricardo tiene 21 años de edad. Es el hermano menor de su familia que ahora está esparcida por Latinoamérica. El 11 de enero de 2020 fue amenazado de muerte junto a su mamá en Maracaibo, estado Zulia. Al día siguiente, metieron lo esencial en un par de maletas y escaparon rumbo a Colombia, aunque su destino final sería Chile.

Todo el tránsito fue a través de trochas, dice el joven de 21 años de edad para El Diario. Cruzaron por pasos inhabilitados desde Cúcuta en Colombia, hasta su llegada a Zapotillo, en Ecuador, siendo el punto de encuentro entre dos de las principales rutas migratorias: la que corre por el poblado conocido como Sullana y continúa hasta llegar a Piura, en Perú, un pueblo que alberga uno de los principales terminales que utilizan los migrantes que deben adentrarse hasta el sur del continente. 

19 días para llegar a Colchane (Chile)

Entre Tulcán, Colombia, y Quito, Ecuador, se ha ajustado una pista donde es posible cruzar la trocha a través de motos. Para llegar a Ecuador, relata Ricardo, tuvieron que asesorarse a través de Internet y con algunos amigos sobre cómo podrían cruzar las fronteras en rutas escasamente concurridas.

Desde Colombia llegaron a Ecuador en motos. En Perú tuvieron que atravesar los ríos bajo una temperatura sobre los 40 grados. Fue en su llegada a la frontera entre Perú y Bolivia, a una zona llamada Deshuesadero, que tuvieron que transitar otro río a través de balsas y una temperatura que descendió hasta los -14 grados para llegar a La Paz. En ese lugar, un autobús los llevó hasta la frontera de Chile y Bolivia, en Pisiga. El siguiente destino sería Colchane.

A estas alturas de la pandemia, la dinámica de los caminantes ha cambiado. Ya no se madruga para evitar el castigo del sol y no se descansa durante el día. El riesgo a quedar a la merced de delincuentes y que puedan ser atropellados ha provocado que se camine de día y se descanse cuando caiga la noche.

Es una marcha que requiere disciplina, menciona, pues en muchas casos admite que son más las ganas de abandonar la ruta. En este caso, no había opción de volver a Venezuela hasta que se lo notificaron el pasado 30 de enero. Sería expulsado de Chile por haber ingresado a ese país a través de una paso no habilitado.

Gráfico: José Daniel Ramos @danielj2511

La localidad de Colchane se convirtió en enero en un paso alternativo en la ruta para llegar a Santiago de Chile. Temperaturas bajo cero y caminos escarpados conducen al pueblo fronterizo. Esta es una ruta cada vez más frecuentada por los migrantes venezolanos. 

De acuerdo con registros locales, por la frontera chilena y desde Bolivia han cruzado irregularmente 3.600 migrantes en enero (10 veces más que en enero de 2020). Y específicamente en Colchane, habitada por la comunidad indígena aymaras, han pasado más de 1.500, para luego seguir su rumbo hacia ciudades como Iquique, o Santiago.

El Servicio Jesuita a Migrantes indicó que la mayoría de los caminantes que ingresan por pasos no habilitados tras el cierre de la frontera entre Bolivia y Chile debido a la pandemia son venezolanos (72%). Sin embargo, la posición del gobierno de Chile ha sido no reconocer la necesidad de las personas que huyen y que, por esa razón, se ha creado un corredor humanitario en Colchane.

Fue esa mañana, el 10 de febrero, cuando el éxodo se mostró en todas sus dimensiones y recibió un espaldarazo, como lo describe Ricardo.

El joven reclama que desde un principio a cada una de las personas que se encontraba en el sitio los engañaron. Luego de autodenunciarse ante funcionarios de la Policía de Investigaciones Penales (PDI), les notificaron que necesitaban sus cédulas de identidad, pues serían inscritos en una base de datos para su regularización en el país. Cinco días después, de madrugada, los mismos funcionarios entraron al refugio y les exigieron a cada una de las personas que firmaran su deportación de Chile. A su mamá, cuenta Ricardo, la aislaron puesto que fue considerada como posible caso positivo por covid-19. No la vio más desde ese momento.

Justicia chilena reconoce que no se respetó el debido proceso

Un juzgado de Chile dejó sin efecto las órdenes de expulsión de más de 50 migrantes venezolanos que en las últimas semanas ingresaron a ese país por pasos no habilitados.

En la resolución, la Corte de Apelaciones argumentó que las medidas adoptadas por la Intendencia Regional de Tarapacá carecen de fundamento legal y vulneran derechos protegidos por la Constitución.

“En ningún momento se ha brindado a los amparados la oportunidad de defenderse, ser oído, aportar pruebas en los hechos que se le imputan; y solo después de haber cumplido con este mandato legal, es que puede la administración, en uso de su facultad sancionadora, y siempre dentro de los límites que establezca la Constitución y las leyes, dictar las medidas que se encuentren dentro de sus competencias”, se puede leer en el documento.

La llegada a Maiquetía

Los uniformados alegaron que debían firmar o solicitar una apelación en los próximos dos días, una situación casi imposible para los migrantes que no disponen de dinero para pagar asesoramiento por parte de un abogado o incluso para trasladarse hacia la capital. Ricardo fue movilizado el 10 de febrero en horas de la mañana hasta la base aérea de Iquique, vestido con un traje de bioseguridad y sin ningún tipo de documentación. En el avión, cuenta, no solo habían venezolanos sino también ciudadanos colombianos.

Venezolanos deportados de Chile
Foto: EFE

“Los funcionarios de la PDI me retuvieron mi cédula desde que me autodenuncié hasta que llegué a Maiquetía. Yo sospecho que lo hicieron para que las personas no pudieran escapar. En el viaje yo solo me llevaba mi documento de identidad porque no tengo la oportunidad de sacar un pasaporte”, explicó Ricardo.

Desde el ventanal, dentro del avión, había un puesto ausente, el de su mamá. Él describe aquel momento que aterrizó en el aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía (Vargas) como una marcha fúnebre donde nadie emitió ninguna palabra.

En su llegada, las autoridades venezolanas realizaron un expediente a cada uno de los migrantes deportados. Fue en ese momento cuando se le entregó su cédula. El silencio se rompió cuando Ricardo intentó pedir dinero prestado para poder trasladarse hasta casa de un amigo en Caracas. Tuvo suerte y una persona le ofreció el dinero necesario para movilizarse hasta la capital y luego hacia el estado Zulia donde pudiera dormir, aunque sea, bajo un techo. 

Lo único que podía pensar en el momento en que llegué a Venezuela fue tristeza al ver que muchas personas, como yo, llegaron sin dinero y pidiendo cola. También quiero decir que cuando vi la carta de expulsión me hizo sentir mucha impotencia porque toda la travesía y el sacrificio había sido en vano. Me dolía mucho el hecho de que no pudiera estar con mi mamá, más en este momento de que se encuentra enferma. Incluso, ella en el refugio no tenía a nadie que le comprara las medicinas y me necesita más que nunca en este momento”, añadió.

Hoy Ricardo se encuentra en Bogotá, Colombia. En su regreso a Maracaibo, pidió dinero prestado para salir del país nuevamente por el miedo de que pudiera ser asesinado en su propia casa. Huyó por Maicao, ciudad fronteriza de Zulia. Un amigo de la familia lo trasladó hasta un terminal en territorio colombiano. Busca seguir adelante.

Y es que Ricardo procede de una familia de ausentes. Su hermano, en Chile, se encuentra haciendo los trámites necesarios para que su mamá salga del refugio luego de que no fuera deportada de ese país tras haber dado positivo por covid-19. Ahora, en esa ciudad, no se ha rendido, por el momento. Dice que le han informado de que su mamá ha tenido vómitos fuertes y se siente culpable al no estar ahí. Cree que, en parte, es responsabilidad suya, porque ella sufre de la tensión y se culpabiliza al ingresar de manera ilegal. Por eso ha decidido regresar. Ya habrá tiempo, asegura, de volver a intentarlo.

Está cabizbajo, pero en búsqueda de trabajo. No se quiere rendir y quiere seguir adelante para volver a reunirse con su madre.

*Los nombres han sido cambiados para proteger la identidad del entrevistado