Preocupa cómo la intolerancia, la irracionalidad y la violencia criminal son utilizados por el régimen como instrumentos de acción política. Los indeseables efectos de tal situación están gravitando onerosamente en el clima social y político del país. No hay día en que los medios de comunicación no reporten situaciones de esa naturaleza que se suceden en contra de los disidentes.

A medida que pasan los días signados por la acción unilateral del régimen, se percibe una mayor polarización y tensión social cuyos rasgos fundamentales evidencian el endurecimiento del contenido del discurso político que acentúa las diferencias; la disposición de los grupos regulares e  irregulares del régimen a actuar con mayor violencia y ensañamiento, compelidos por la orden gubernamental de no dar espacios a los ciudadanos disidentes para el debate y el entendimiento sobre el futuro del país y de cada uno de los ciudadanos; las acciones violentas e ilegales de los grupos de apoyo al gobierno, que son realizadas impunemente con la complicidad de las autoridades y exacerbadas por la dirigencia “madurochavista”.

Por todo ello, los tiempos que se avecinan estarán signados por la violencia, la intransigencia y la confrontación. En efecto, el aprovechamiento del comportamiento irracional de las masas fundamentado en un discurso de exclusión y odio, es una de las estrategias que ha venido siendo utilizada por el régimen para tratar de amedrentar y acorralar a los grupos opositores. Igualmente, la violencia institucional del gobierno al pretender el cierre deliberado de las instancias a las que se podría acudir en demanda de justicia y control a tales exabruptos. A pesar de los llamados pacifistas de la dirigencia opositora, la violencia que podría desatarse en el seno de los desafectos al gobierno sería un acto de legítima defensa ante el arrinconamiento y las acciones políticas de provocación de las que son objeto.

La sociedad no puede  permitir que sean la violencia, la confrontación y la subversión social la única salida política que le queda a la oposición frente a las inaceptables pretensiones de conculcar los derechos básicos a la vida, la libertad y la dignidad. No se debe tolerar que el gobierno acose a la oposición, por pretender cambiar democráticamente el estado de cosas que vive el país y por mantener la convicción que al régimen hay que cambiarlo por el bien de la República.

La oposición transita una ruta pacifica y queremos mantenernos en ella. Chávez, Maduro y sus adláteres tuvieron la oportunidad de gobernar y lo han hecho muy mal, por eso no tiene fundamento moral ni es racional que pretendan extender su tiempo en el poder.  No más ventajismos y abusos irritantes, no más perversas intenciones. Es deber y responsabilidad del gobierno tomar las medidas necesarias que eviten llevar al país por un sendero de enfrentamientos fratricidas en donde nadie ganará.