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Las fuerzas democráticas venezolanas están obligadas a actualizar su estrategia para desplazar al régimen fascista de Nicolás Maduro. Su permanencia en el poder representa un peligro para la inmensa mayoría de venezolanos. No hay duda de que, de continuar, el hambre, la inseguridad y la precariedad de la atención a la salud seguirán agravándose. Su remoción es, para muchos, un asunto de sobrevivencia.

A nivel internacional, las ilusiones sembradas por el anterior presidente de Estados Unidos (“Todas las opciones están sobre la mesa”) parecen dar paso a la idea de una salida negociada. En América Latina, los estragos del covid-19, más los resultados de las elecciones en Bolivia y, ahora, Ecuador, debilitan la beligerancia del llamado Grupo de Lima para este propósito. La UE, con dificultades para concertar una posición común entre sus 27 miembros, se enfrenta ahora a una decisión complicada al haberse vencido el período constitucional de la Asamblea Nacional legítima y de su presidente, Juan Guaidó.

Internamente, el desgaste visible del gobierno de facto, no obstante haberse posesionado, en lo formal, de la Asamblea –con la comedia del pasado diciembre, que no le ha servido para ganar legitimidad–, más el continuado deterioro en las condiciones de vida de la población, incrementan la presión por un cambio fundamental. Penosamente, en las filas democráticas, las descalificaciones mutuas, la ausencia de acuerdos prácticos y las apetencias personales, impiden capitalizar la fuerza potencial que anida en las esperanzas de libertad y bienestar de la porción, claramente mayoritaria, de venezolanos.

Las sanciones

En las actuales condiciones, la oposición carece de capacidad, por sí sola, para sacar a Maduro. Es menester armar, entonces, una estrategia coherente para que, junto al necesario apoyo internacional de los países democráticos, se logre la fuerza suficiente para obligarlo a negociar, de verdad, la posibilidad de su salida por medios pacíficos. Para ello, las sanciones pueden ser una carta decisiva.

La condición sine qua non exigida por los fascistas para negociar, en anteriores oportunidades, fue el retiro de las sanciones. Cuando su sostenibilidad en el poder pende de poder depredar la renta y la riqueza creada por otros, ver cortada la llegada de estos recursos provoca las mayores angustias. Las sanciones caen en tres categorías; 1) personales, impuestas tanto por Estados Unidos, como por otros países y por la UE, a quienes han violado derechos humanos e incurrido en corruptelas con recursos públicos; 2) financieras, impuestas por Estados Unidos desde 2017, prohibiendo a bancos, instituciones y personas operar con papeles del sector público venezolano a través del sistema financiero estadounidense. Pero, con su irresponsable y dispendiosa política de endeudamiento, ya el régimen había causado su aislamiento de los mercados financieros internacionales: para ese año el Estado venezolano estaba en condición de default, al no poder pagar su abultada deuda externa; y 3) petroleras, bloqueando toda transacción con Pdvsa, sea financiera o comercial, en vigencia desde abril, 2019. Cabe señalar que, para ese momento, la producción de crudo había caído a apenas la tercera parte de cuando Maduro asumió la presidencia. Si bien es probable que las sanciones hayan agravado este declive –hoy se produce apenas 16%–, es evidente que la destrucción de la industria petrolera ya había ocurrido.

¿Negociar el retiro de sanciones?

Las sanciones personales solo afectan a los imputados –a pesar de la alharaca de Maduro de que son “contra Venezuela”–, por lo que no inciden en el bienestar material de la población. Respecto a las sanciones económicas, es probable que hayan contribuido a deteriorar, aún más, las condiciones de vida de los venezolanos. Fueron concebidas como instrumento de presión para desplazarlo, pero, lastimosamente, mostró una insospechada resiliencia para aguantarse en el poder, a pesar del bloqueo de recursos y del rechazo de la población. Por ello, es menester sopesar si tiene sentido mantenerlas en su actual forma o no. Pero, ojo, debemos cuidarnos de pensar que, con levantar algunas sanciones, mejorará la situación de la población. Lo que ansían los que ocupan el poder es ponerles la mano a los recursos librados, no usarlos para aliviar las penurias del pueblo, consecuencia de sus prácticas de expoliación. Teniendo esto en cuenta, levantar la veda petrolera a cambio de que sus proventos sean destinados a la ayuda humanitaria –alimentos y medicinas– bajo administración independiente no parece viable. A las mafias no les interesa un arreglo en que no puedan controlar los recursos. De hecho, han rechazado la provisión de ayuda humanitaria bajo fórmulas parecidas. Es iluso pensar, asimismo, que podría acordarse un proceso electoral con todas las garantías –auditoría del registro electoral y de las máquinas de votación, habilitación de todos los dirigentes y partidos democráticos, devolución de símbolos y personería legal usurpada a estos partidos, un CNE confiable y observación internacional por parte de la UE– usando al retiro de sanciones como carta. Infelizmente, Maduro juega, más bien, a asfixiar toda expresión democrática para las venideras elecciones de gobernadores y municipales, como ocurrió en diciembre, asegurándose de que ninguna de estas condiciones se cumpla.

En artículo publicado recientemente[1], argumenté que la expoliación de la renta y de la riqueza social ha sido la razón de ser de la oligarquía en el poder. Por tanto, evitará compromisos que menoscaben tal usufructo. ¿Para qué negociar sus opciones de salida, si la oposición no tiene posibilidades de forzarla? ¿Qué beneficios trae?

Retomar la lucha política

El fascismo es la negación de la política, en el buen sentido de la palabra, porque todo lo concibe en términos de una guerra contra un enemigo –“del pueblo”– que debe ser aplastado. Se alimenta de la confrontación y de inventar conspiraciones en su contra, para negar todo entendimiento con las fuerzas democráticas y justificar sus medidas represivas. De ahí su inveterada intransigencia. Ha polarizado al país adrede con el fin de denigrar de opciones distintas a la suya. Ofrecer levantar las sanciones debe colocar, por ende, las reglas del juego en un plano radicalmente distinto. Debe servir para reintroducir la política como ámbito de lucha, desmontando las excusas detrás de las cuales las mafias justifican sus prácticas de expoliación y represión. Para ello, la oferta debe provocar una disyuntiva difícil de rehuir por el régimen fascista, ante la cual estaría conminado a fijar, públicamente, su posición.

Por ejemplo, ¿qué tal si se permitiese la exportación de petróleo a cambio de las siguientes acciones, todas administradas por entes independientes (agencias de cooperación internacional junto con ONG, la OPS, la ONU, etc.), para que el chavo-madurismo no se robe los ingresos generados? La compra masiva de vacunas contra el covid-19, de forma de poder realizar una ambiciosa campaña de vacunación; la reparación y reconstrucción de servicios públicos –agua, luz, gas–; la importación de equipos y repuestos para el aparato productivo o para suplir el combustible que falta. Es notorio que el gobierno de facto no tiene cómo pagar las vacunas que requiere el país para controlar la pandemia –por más embustes al respecto que profiera Maduro–, por lo que este canje es urgentísimo: las cifras reales de contagios y de muertes causadas están muy por encima de las reconocidas oficialmente. Por otro lado, ingenieros y técnicos que han trabajado en Hidrocapital, Edelca, Enelven y empresas similares, tienen propuestas específicas para recuperar y potenciar estos servicios, por lo que un canje con estos fines devolvería algo de calidad de vida a la población. Lo mismo puede decirse de los requerimientos en repuestos y equipos para el aparato productivo, contabilizados por industriales y empresarios del campo.

Se trata de aprovechar las posibilidades de negociar algunas sanciones, en el marco de mecanismos que minimicen el riesgo de corruptelas y de apropiación indebida de recursos, para proyectar un programa de emergencia que atienda de inmediato las necesidades apremiantes de la población. Esto es lo que menos desea la oligarquía actualmente en el poder, pues no podrá cogerse esos reales. Además, concedería protagonismo a otros: proyectaría a los proponentes como agentes que promueven soluciones concretas para el pueblo y elevaría la visibilidad de las fuerzas democráticas como gobierno alternativo ante los venezolanos y la comunidad internacional. Una política con base en estos lineamientos, bien conducida por una oposición unida y en sintonía con las necesidades más sentidas de la población, habrá de fortalecer el perfil del liderazgo democrático, posicionándolo más asertivamente como interlocutor creíble, en el cual se puede confiar la conducción de una transición.

¿Es posible conquistar elecciones de confianza?

Por las razones expuestas, es de esperar que la oligarquía se oponga a canjes de este tipo con todo tipo de subterfugios y acusaciones, denunciando la presencia de la “mano peluda” del imperio contra la “revolución”. Debe, por tanto, airearse públicamente los aspectos centrales de la negociación, de manera de forzar una toma de posición sobre los problemas asomados y desnudar si el régimen realmente tiene una intención de resolverlos, o no. No se trata de politizar la ayuda humanitaria u otras necesidades, sino de impedir que Maduro las escamotee en beneficio propio, inventando excusas.

Conminarlo a pronunciarse sobre opciones cruciales para el bienestar de los venezolanos, elevando a la política de nuevo como el escenario para que tomen cartas en el asunto, tiene que influir, también, en oportunidades para conquistar condiciones electorales más justas y equilibradas, abiertas al monitoreo democrático internacional. La lucha abierta por concretar programas como los citados arriba tiene que basarse en la movilización de la población para luchar porque estas reivindicaciones se hagan realidad. Es decir, lo planteado debe inscribirse en el marco de un proyecto político para conquistar y ampliar los derechos de los venezolanos, con observación estrecha de la comunidad internacional. Un régimen obligado a regañadientes a aceptar canjes como los señalados arriba –so pena de aislarse todavía más– no gana nada con limitarse a reeditar, para las elecciones municipales y de gobernadores, una farsa tan notoria como la de diciembre de 2020.

Una estrategia de esta naturaleza tiene que jugarse –“cuadro cerrado”– con los gobiernos de aquellos países que apoyan a las fuerzas democráticas. Se esperaría que el gobierno de Biden, por ejemplo, contribuyese disuadiendo a los socios internacionales de Maduro –Cuba, Rusia, Irán, Turquía– de seguir ayudándolo. En términos costo-beneficio debe hacerse evidente la pertinencia de una transición viable hacia la democracia en Venezuela para los intereses de Estados Unidos, como para la paz y la cooperación entre los países del hemisferio. No olvidemos que Maduro sueña con que se revierta el péndulo político en América Latina y surja de nuevo una “marea rosada” de gobiernos amigos.

Hay que impedir la permanencia de Maduro en el poder, pues seguirá destruyendo al país. Debe retomarse, por tanto, la ofensiva política para arrinconar a los segmentos más retrógrados en el poder. El agotamiento de posibilidades para la rapiña y la insurgencia de fuerzas que pujan por liberar todavía más los controles, con su pie metido en la puerta de la dolarización, evidencian vulnerabilidades crecientes del régimen que deben saberse explotar. Iniciativas como las asomadas podrían ser propicias. Pero hay que cuidarse de que negociaciones de este tipo caigan en un torneo sobre si se amplían o no ciertas libertades económicas. Ni la dolarización ni el remate de empresas públicas al mejor postor son solución a los terribles problemas que agobian a los venezolanos. Es menester que la carta de las sanciones sea utilizada inteligentemente, para abrir –de verdad– las posibilidades de una transición pacífica a la democracia. El país y la comunidad internacional no pueden dejarse engañar para que los fascistas ganen tiempo de nuevo y alivien las presiones para que entreguen el poder. Al confrontarlos con una negociación de esta naturaleza, debe terminar por despejar las dudas que pudiera haber, todavía, en el extranjero, acerca del gobierno de facto. En absoluto le interesa el bienestar de la población.

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