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La seguridad ciudadana como responsabilidad del Estado no se está cumpliendo y cada día aumentan los delitos de femicidios en serie, como el caso de las jóvenes en el estado Portuguesa.

Los crímenes horrendos que están ocurriendo en el país por la falta de seguridad ciudadana –abandonada por el Estado– se unen a la crisis económica y los servicios básicos desaparecidos, que colocan al pueblo en una verdadera crucifixión. Los cuerpos de seguridad solo son usados como escudos armados en contra de los reclamos justos del pueblo.

La proliferación de cuerpos policiales en el país sin ninguna formación, falta de pericia y escasa inducción de un plan de inteligencia sigue dejando a la ciudadanía en un alto grado de indefensión ante la actuación del hampa común y la delincuencia organizada.

Por falta de supervisión y evaluación de sus superiores, los cuerpos de seguridad siguen desviándose de su verdadera función policial para convertirse en adversarios del pueblo. Ahora montan alcabalas fantasmas, al margen de la ley, para la matraca, el rebusque y extorsión a los ciudadanos que transitan en vehículos, motos y transporte en general.

El riesgo que corre la ciudadanía ante el comportamiento reprochable de tan cuestionados cuerpos de seguridad, como la FAES, la Guardia Nacional, el Sebin y la Dgcim, es incalculable.

Estos cuerpos no tienen miramiento para violar sistemáticamente los derechos humanos con total impunidad. En muchas oportunidades dan la impresión de que actúan con independencia, de manera autónoma y  con atribuciones que no están establecidas en ninguna legislación, código y por supuesto al margen de la Constitución, para cometer atrocidades, desmanes sin ningún control.

Estamos en presencia del mayor grado de descomposición de los cuerpos de seguridad del Estado. Su prepotencia, altanería, abuso de poder, actuación con amenazas, el despojo de alimentos, extorsión, matraca, retención de documentos intransferibles y levantamiento de actas policiales al margen de la ley obligan al Estado a iniciar una profunda revisión e investigar y procesar penalmente  a los responsables de estos abusos sin límites cometidos por estos funcionarios policiales.