Humberto López: cuando la inmoralidad no tiene límites
Quien es hoy uno de los más visibles talibanes del castrismo obvia que los ciudadanos nacen con derechos inalienables que ningún Estado ni ninguna ideología deberían negar
GUANTÁNAMO, Cuba. – El engendro jurídico al que los comunistas cubanos y sus testaferros llaman Constitución establece en su artículo 45 que “el ejercicio de los derechos de las personas solo está limitado por los derechos de los demás, la seguridad colectiva, el bienestar general, el respeto al orden público, a la Constitución y a las leyes”.
Ese es el artículo que siempre menciona Humberto López, analista de la televisión cubana que habitualmente difama de la sociedad civil independiente. Siendo licenciado en Derecho, también debería decir que los funcionarios del Estado deben respetar el principio de legalidad establecido en el artículo 9 de la Carta Magna de la dictadura. Porque los límites son para las personas naturales, pero también para las jurídicas.
Quien es hoy uno de los más visibles talibanes del castrismo obvia que los ciudadanos nacen con derechos inalienables que ningún Estado ni ninguna ideología deberían negar. Esos derechos están reconocidos en varios instrumentos jurídicos del Derecho Internacional y no pueden ser interpretados de forma tal que autorice a un Estado o a un grupo de personas a suprimirlos o limitarlos según sus posiciones políticas o ideológicas, que es lo que ocurre en Cuba.
Cuba: ¿Estado de derecho… o de desecho?
En el programa humorístico ¿Jura decir la verdad?, transmitido hace algunos años por la televisión cubana, el actor Baudilio Espinosa interpretaba a Pepe Rillo ─parodia del Pepe Grillo de la inmortal novela de aventuras de Carlo Collodi─ personaje que cuando quería poner en evidencia alguna afirmación soltaba una estentórea carcajada.
Recuerdo esa imagen cada vez que leo el artículo 1 de la presunta Constitución cubana, violada reiteradamente por la dictadura, en el que se asegura que “Cuba es un Estado de derecho” y, para mayor desfachatez, democrático. También recuerdo a Pepe Rillo cuando los dirigentes cubanos lo citan con esa convicción tan deletérea que transmiten al justificar la presunta corrección de sus acciones.
Si nuestro país fuera un Estado de derecho la Seguridad del Estado no podría sitiar impunemente en sus viviendas a los miembros de la sociedad civil independiente, violando el artículo 52 de la Constitución, que reconoce el derecho a la libertad de movimiento de las personas.
Tampoco podría citar a su antojo ─sin consecuencias jurídicas─ a quienes ejerciendo el derecho a la libertad de expresión usan las redes para opinar sobre nuestra realidad. Eso lo hicieron la semana pasada contra Yoandi Montiel y el rapero Aristey Guibert, según información publicada el pasado 6 de marzo por Radio Televisión Martí.
Esas acciones vulneran los artículos 54 y 55 de la presunta Constitución cubana, que afirman que “el Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión” y que se reconoce el derecho a la libertad de prensa.
Una de las consecuencias más revolucionarias y trascendentes de las nuevas tecnologías de la información es la socialización de los debates en las redes sociales y la presencia en ellas de disímiles protagonistas, algo que no le conviene a la dictadura. Y aunque en Cuba todavía no existe una ley de prensa es sabido que la Unión de Periodistas de Cuba (UPEC), mediante algunos de sus talibanes, ya se pronunció por coartar ese derecho.
ETECSA ─el monopolio castrista de las comunicaciones─ en contubernio con la policía política y violando normas del derecho internacional interrumpe el servicio telefónico y el acceso a Internet a quienes considera contestatarios al régimen. Ante tales desmanes los perjudicados carecen de la posibilidad de obtener una tutela jurídica efectiva de su derecho a acceder libremente a esos servicios y a que no se interfiera su privacidad, sencillamente porque los tribunales cubanos están subordinados al Ministerio del Interior (MININT).
En estos días ha habido actos de repudio en varios lugares del país. En ellos, “de forma voluntaria, grupos de enardecidos revolucionarios” ─como afirman algunos periodistas del régimen─ han violado el domicilio de los hostigados, los han golpeado e intimidado sin respetar la presencia de menores de edad, lo cual constituye una grosera violación ─de inequívoca esencia fascista─ de los artículos 46, 48 y 49 de la presunta Constitución cubana, que establecen el derecho a que se respete la integridad física y moral de las personas, su libertad, seguridad y paz, así como su intimidad, su honor y su domicilio. En uno de esos casos, en presencia de menores de edad, se llegó a ultimar a una mascota, acción deleznable por las consecuencias psicológicas que puede tener en ellos y que violó principios elementales de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por Cuba.
El pasado 27 de enero vimos como el ministro de Cultura Alpidio Alonso se abalanzó sobre un joven y le arrebató el teléfono, una conducta antisocial y sumamente despreciable en una persona de su condición, mucho más cuando algunos de quienes lo defienden lo presentan como un poeta.
Ha habido también por estos días nuevas detenciones ilegales y arbitrarias, amenazas, incoaciones de procesos penales, violaciones del secreto de correspondencia y linchamientos mediáticos.
Todos esos actos son incongruentes con la naturaleza de un real Estado de derecho y han sido cometidos impunemente por la Seguridad del Estado con el respaldo de todos los miembros del ejecutivo de la dictadura.
Tal parece que esos hechos no han ocurrido porque sobre ellos no ha dicho nada el señor Humberto López, tampoco la prensa “objetiva y revolucionaria”.
Humberto López jamás se ha referido públicamente a la necesidad de poner límites a esos abusos, porque para él los límites a los que se refiere el artículo 45 de la presunta Constitución cubana sólo existen para los miembros de la sociedad civil independiente.
Lejos de hacerlo, el conocido testaferro del castrismo afirma que Cuba es un Estado de Derecho, con la misma desvergüenza con que el señor Alberto Navarro, embajador de la Unión Europea en La Habana, asegura que Cuba no es una dictadura.
Y llegado a este punto vuelvo a recordar a Pepe Rillo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario