La guerra jurídica que se evidencia en el caso de Álvaro Uribe Vélez
Mientras no se ponga luz sobre el discurso usado hoy de los derechos humanos, y se señale su operatividad ideológica con contundencia, la izquierda llevará a muchos colombianos a la cárcel.
Al mirar con mayor detenimiento quienes están involucrados en el caso contra Álvaro Uribe Vélez, se pone en evidencia no solo al senador Iván Cepeda, sino al abogado Reinaldo Villalba Vargas, quien es miembro del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo.
Esta organización a todas luces “defiende” desde lo jurídico un variopinto tipo de causas de la izquierda en el país, pero todo tiene una etiqueta muy clara, y que en todo occidente les ha servido mucho a colectivos similares: el discurso de los derechos humanos.
De hecho, Villalba Vargas, según lo muestra una de las publicaciones en la página del colectivo, fue nombrado vicepresidente de la Federación Internacional de Derechos Humanos. En dicho artículo se explica que “en la actualidad, la FIDH cuenta con 184 países, lo que hace que su trabajo sea permanentemente en terreno. Sus órganos de gobierno son elegidos democráticamente entre todos sus países miembros”.
El juego oculto bajo el discurso de los DDHH
Ya habíamos mencionado en un artículo de esta semana que “partiendo de la comprobación de que la consignación del derecho a la vida en la Constitución no ha servido para cerrar la puerta al aborto, se indaga en las razones de esta paradoja, pues se observa que sus motivos se encuentran en la génesis y desarrollo del pensamiento moderno y en la concepción actual de los derechos humanos, incapaz para garantizar su objeto».
De tal manera, se insiste en la necesidad de retornar, en lo jurídico al derecho natural clásico, y en lo social y político a la raíz cristiana con que se formaron las naciones que tuvieron su génesis en la cultura occidental. (El fracaso de los derechos humanos y su protección en el ordenamiento jurídico español: El paradigma del aborto)
En otras palabras, en occidente estamos viviendo una transformación total del término derechos humanos. Han pasado de ser un dispositivo que garantice derechos reales evidenciados por la razón, legitimados jurídicamente por el derecho natural clásico a ser parte de una deformación monstruosa que se centra en el pensamiento moderno y se ha profundizado en el postmoderno.
El fin de esta estrategia ha sido vaciar de contenido el término, para convertirlo en un instrumento de guerra jurídica contra esas mismas estructuras de occidente que le dieron forma.
El caso de Uribe Vélez como ejemplo
El sistema jurídico colombiano desde hace décadas está en manos de la izquierda, de la mano del sindicato Asonal Judicial, esto ha permitido que ocurra lo que le ocurrió a Uribe, y es que al acercarse a ese sistema, una solicitud suya fue volteada precisamente en su contra.
Esto en derecho se llama “contra petita”, es decir, un ciudadano se acerca a hacer una petición y el sistema falla no solo no atendiendo la petición de la garantía de derechos que le solicitó el ciudadano, sino en contra.
El caso de Álvaro Uribe Vélez no ha sido el único, en la Corte Constitucional fue famoso el caso del Magistrado Carlos Gaviria, que falló «contra petita», contra una solicitud de garantía de derechos, para legitimar la eutanasia “de carambola”.
Y es así, como “de carambola”, Uribe resultó siendo el imputado y Cepeda la “víctima”.
Algunos datos
Y es que para la gran mayoría de los colombianos es una gran ofensa que a Iván Cepeda en cualquier proceso se le mencione cómo víctima, no porque el Estado no tenga que garantizar sus derechos, por supuesto que no, sino por su largo historial de apoyo a los narcoterroristas de las FARC, así como también a la dictadura de Venezuela con Chávez primero y Maduro, después.
Sus deslices en redes apoyando a sus “fuerzas guerrilleras”, y la larga historia de su padre Manuel Cepeda Vargas, en la misma línea.
Y entonces, ¿qué sigue?
Las persecuciones judiciales a los enemigos políticos no son nuevas, las izquierdas lo han hecho muy bien en países como Argentina donde deformaron la historia, construyeron números de víctimas y generaron un inmenso discurso de derechos humanos para perseguir a, por ejemplo, los militares.
Esto se está replicando a la letra de la mano del tribunal construido para la impunidad de las FARC: la JEP. Dicho organismo ya enterró sus colmillos en el comandante de la Operación Jaque, así como en varios otros militares.
Mientras no se ponga luz sobre el discurso usado hoy de los derechos humanos, y se señale su operatividad ideológica con contundencia, no solo a Álvaro Uribe Vélez, sino un larga lista de ciudadanos de la patria, podrían terminar en la cárcel, fruto de esta pérfida estrategia de la izquierda.
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