martes, 9 de marzo de 2021

Sindicatos a la “lista negra”: otra guerra contra el cuentapropismo

 

Sindicatos a la “lista negra”: otra guerra contra el cuentapropismo

La medida está diseñada para dar otra vuelta de tuerca en la patente de corso que ha empleado el régimen para reprimir al Movimiento Sindical Independiente en la Isla

Lista negra, Cuba, Sindicatos
Cocheros en Bayamo (Foto: Mira Joven)

GRANMA, Cuba. ─ La inclusión de los sindicatos en la “Lista Negra” de las actividades donde no se permite el trabajo por cuenta propia es el reconocimiento oficial de que Cuba no respeta el Convenio 87 sobre la libertad sindical y la protección del derecho de sindicación, ni el 135 sobre los representantes de los trabajadores.

La medida, diseñada para dar otra vuelta de tuerca en la patente de corso que ha empleado el régimen para reprimir al Movimiento Sindical Independiente de Cuba ─y de paso impedir el acercamiento o afiliación de los emprendedores a esa organización de la sociedad civil─ es violatoria de las Normas y Resoluciones de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), a su vez amparadas por el Comité de Libertad Sindical (CLS), como parte de dicho organismo internacional.

No por gusto este Comité –encargado de examinar las violaciones sindicales cometidas en cualquier país, sea miembro o no de la OIT─ abrió en diciembre de 2016 un expediente (Caso No. 3271) contra el gobierno cubano por ataques, hostigamiento y persecución, con detenciones, agresiones y despidos laborales de sindicalistas independientes, entre otros actos de discriminación e injerencia antisindical por parte de autoridades del país.

Además, el Caso enjuicia otras violaciones, como el “reconocimiento oficial de una única central sindical controlada por el Estado” ─la Central de Trabajadores de Cuba (CTC)─ y la “inexistencia o manipulación de la negociación colectiva y del reconocimiento legal del derecho de huelga”, denunciadas durante años ante la sede de la OIT, en Ginebra, Suiza, por la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC) y otras organizaciones que le antecedieron en esa labor.

El paro realizado en diciembre de 2010 en Bayamo por cerca de un millar de conductores de coches tirados por caballos, como rechazo a la subida de los impuestos a pagar, y el anuncio de que alrededor de un millón y medio de trabajadores estatales serían enviados a la calle bajo el eufemístico término “racionalización” demostró que unidos y asesorados por un sindicato independiente se podía retar la prohibición del derecho a huelga en Cuba.

Plantados en la Plaza Luis Ramírez López  ─piquera principal─, sin contar con la inmediatez y visualización que hoy proporciona Internet, los “cocheros” aguantaron firmes los insultos amenazas, detenciones,  promesas y otras artimañas  para que pusieran fin a un paro que logró dejar la ciudad sin transportación. Tras días de asedios y debates, las autoridades cedieron a rebajar los impuestos, liberaron los precios a cobrar y no sancionaron por el parón.

Hoy, si cocheros de Villa Clara, cooperativistas de Sancti Spíritus, tabacaleros de San Juan, artistas y trabajadores de otros sectores protestan en las colas, las calles, instituciones, y hacen parones en un centro laboral, las autoridades no van a permitir la libre sindicación, ni la unidad, por lo que hay que tomarlas a como dé lugar, no importa si con huelgas o plantones, la cosa es reclamar.

Que sólo en el mes de febrero se hayan registrado 159 protestas en el país ─de acuerdo con cifras del Observatorio Cubano de Conflictos (OCC)─ demuestra el carácter explosivo de un contexto social signado por el desabastecimiento y la escasez, los altos precios o la dolarización de los productos de primera necesidad que, fundidos a una creciente ola represiva policial y de la Seguridad del Estado, no augura un buen final.

La negativa a que los sindicatos sean una opción de trabajo por cuenta propia en Cuba no solo forma parte del cerco represivo tras las inconformidades generadas por la Tarea Ordenamiento, también sirve de muro de contención a los conatos de huelga ocurridos en los últimos meses en el país y, de igual forma, trata de impedir que los trabajadores –privados o estatales─ se conviertan en el detonante de un estallido social en la nación.

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