Censura bajo el régimen de Maduro (XI): Un golpe desde el Estado
En 2016, sin lugar a dudas, vivimos un golpe desde el Estado. A partir de entonces lo que ha hecho el chavismo en el poder no ha sido otra cosa que profundizar el proyecto autoritario
EL ESTIMULO 31 de marzo de 2021 10:00 am
Última Actualización: 31 de marzo de 2021 10:09 am
Durante el año 2016 en Venezuela tuvo lugar un golpe desde el Estado. Fue un punto sin retorno, desde ese momento, Nicolás Maduro pasó a desconocer de forma sistemática aspectos claves de la constitución de 1999.
A partir de allí hubo retrocesos generalizados en materia de derechos humanos, incluyendo obviamente la libertad de expresión. El “Madurazo”, como pudo haberse llamado a estos sucesos, no existió. Al menos en la radio y televisión se hizo común, desde entonces, las llamadas telefónicas de Conatel para recordar que no se puede catalogar de dictadura al régimen de Maduro. La existencia de tales llamadas son justamente su confirmación.
En 1992 el entonces presidente de Perú, Alberto Fujimori, dio lo que se entiende convencionalmente como un golpe de Estado al disolver otro poder constituido, el Legislativo. Aquella acción, que aisló internacionalmente a Perú, tuvo un claro respaldo popular y se hizo con el aval de las Fuerzas Armadas. Pasó a ser conocida como “el Fujimorazo”.
Era un golpe desde el Estado.
Existen notables diferencias, obviamente, entre estas acciones. Fujimori estaba en el inicio de su gobierno, gozaba de una alta popularidad y credibilidad (en aquel momento, ya luego la historia fue otra) y fue una acción rápida y contundente. “El Madurazo”, en tanto, había tenido lugar en cámara lenta, y ocurrió en el momento de mayor desgaste político del chavismo.
En 2016 ocurrieron al menos tres acciones que dejaron en claro que se había llegado a un punto de inflexión hacia la inobservancia abierta de la Constitución.
La decisión oficial de no presentar ante la Asamblea Nacional el presupuesto 2017, como corresponde en la dinámica de pesos y contrapesos entre Poderes Públicos, fue sin duda la guinda en el pastel de una corta pero intensa confrontación institucional en los meses posteriores al amplio voto popular devenido en mayoría parlamentaria de la Mesa de la Unidad Democrática, en el seno de la Asamblea Nacional (el 6 de diciembre de 2015).
Al anunciar que no buscaría aprobación y mucho menos supervisión legislativa para el presupuesto de la nación, sencillamente el gobierno de Maduro daba un golpe a la constitución.
El diferimiento de elecciones por tiempo indefinido, bajo la excusa de que la prioridad era enfrentar la crisis económica, fue otra acción que violó disposiciones expresas de la Constitución. En 2016, dos comicios debían tener lugar, uno de ellos, las elecciones de gobernadores de estados (provincias) previstas para diciembre de 2016.
La Constitución señala muy claramente que los gobernadores deben ser electos por voto popular cada cuatro años y la última vez que se había votado para suplir estos cargos fue justamente en diciembre de 2012.
Hubo otras señales del golpe desde el Estado que se materializó en Venezuela ese 2016. Por ejemplo, se mantenían las detenciones políticas sin mediar orden judicial previa y colocando a los presos en situaciones violatorias de sus derechos fundamentales. De acuerdo con el Foro Penal, solo entre los meses de junio a septiembre de 2016 aumentó en un tercio el número de presos políticos, llegando a la cifra de 101.
En 2016, sin lugar a dudas, vivimos un golpe desde el Estado. A partir de entonces lo que ha hecho el chavismo en el poder no ha sido otra cosa que profundizar el proyecto autoritario.
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