La COVID-19 amplía en 70% la brecha para la compra de alimentos en Venezuela y las ayudas son insuficientes
El valor real del salario disminuyó, los bonos anti-COVID-19 no superaron los $7, y las remesas desaparecieron en el primer pico de la pandemia, señaló Susana Raffalli. En un foro sobre el impacto social, sanitario y económico que causó el nuevo coronavirus en 2020, especialistas reclaman falta de rectificación económica, ante la tercera ola que se avecina en el segundo semestre.
Caracas. La COVID-19 profundizó el empobrecimiento de los hogares en 2020 y lo seguirá haciendo en lo que resta de 2021, de no rectificar el Estado los desequilibrios económicos para amortiguar el duro impacto en todos los sectores.
Entre agosto y septiembre de 2020, la COVID-19 aumentó en 70 % la brecha del poder adquisitivo del ingreso de las familias más necesitadas con respecto al costo de la canasta alimentaria. Mientras, en marzo al iniciarse la pandemia la brecha fue de 43 %.
Y es que en los meses previos a la presencia del virus, las familias necesitaban 60 salarios mínimos para cubrir la comida de cuatro personas. Ahora necesitan 290 salarios mínimos.
Los datos fueron presentados por la nutricionista de Cáritas Susana Raffalli, durante el foro virtual El COVID-19 hoy: Impacto social, sanitario y económico, organizado por el Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro, que dirige Ramón Guillermo Aveledo.
También participaron el médico infectólogo Julio Castro y la expresidenta de Consecomercio María Carolina Uzcátegui, con la moderación del diputado Leonardo Renault. Y señalaron el error de enfoque de manejo de la pandemia en el país: haber enfrentado la COVID-19 más como emergencia sanitaria que como emergencia humanitaria: “El manejo estuvo muy centrado en el Estado, con apoyo del Ejército, en el ámbito clínico hospitalario, mientras que lo alimentario, lo social y el acompañamiento de la sociedad civil quedaron relegados. Los resultados fueron muy precarios”.
La COVID-19 ha golpeado duramente en las familias, la salud y la actividad comercial del país, por la falta de rectificación de los desequilibrios económicos. Y se calcula que un tercer pico turbará a Venezuela, y a otros países de América Latina, en el segundo semestre de 2021.
La COVID-19 agravó la situación social
El estudio de los ingresos realizado por Cáritas, citado por Raffalli, determinó también que los bonos oficiales dados durante el primer pico en 2020 fueron insuficientes. Y aún hoy lo son.
Los 13 bonos del Estado posiblemente asignados a una familia desfavorecida en un mes típico de pandemia sumaban cuando más 35 dólares, Y solo los asignados con motivo de la COVID-19 llegaban a siete dólares. Mientras, en otros países de América Latina, como República Dominicana, la tarjeta solidaria de menor monto fue de 88 dólares por familia por mes.
Además, hubo una reducción drástica de las remesas y también una precarización de estas: “El porcentaje de hogares que recibe remesas de menos de 50 dólares al mes aumentó con respecto al período anterior a la pandemia al mes”. Raffalli se basó en cifras de Cecodap Cáritas.
Cáritas y varias ONG lograron aportar respuestas humanitarias con esfuerzos que apenas lograron cubrir 25 % del costo de la canasta.
“El ingreso se redujo drásticamente debido a la restricción de la movilización por la cuarentena”, explicó Raffalli. Y esta precariedad se tradujo en más desnutrición y otros estragos sociales.
Entre febrero y abril de 2020, la desnutrición aguda grave subió de 9 % a 17 %, en contraste con las proyecciones mundiales que calcularon un aumento de 15 %. Por otra parte, 54 % de mujeres que pidieron ayuda a Cáritas tenían desnutrición aguda.
La especialista señaló que entre junio y agosto se redobló el número de niños necesitados. Cuando llegaban a la red oficial la encontraban cerrada, o porque el personal fue asignado al área COVID-19, o porque a la gente le daba miedo llegar a los hospitales por temor al contagio. Y lo mismo ocurrió con las embarazadas. La afluencia de estas mujeres a Cáritas durante el primer año de pandemia se incrementó 83 %. Además, 59 % llegaron sin haber tomado vitaminas prenatales hasta el quinto o sexto mes de gestación, porque no las conseguían.
Necesidades en crecimiento, insuficiente ayuda social
Los embates de la COVID-19 también entraron con fuerza a las cárceles.
“Puedo asegurar que las necesidades humanitarias más críticas se han profundizado durante este año con la COVID-19. Y hasta tanto no podamos volver a niveles mínimos de funcionamiento económico y de normalización de ayudas del exterior, esas necesidades se harán cada vez más críticas”, advirtió.
Si bien la respuesta humanitaria internacional está activa desde 2018, “estamos subfinanciados”, destacó. El plan humanitario para 2020 preveía recaudar sobre 800 millones de dólares. Sin embargo, ha captado 250 millones de dólares apenas: “Pero hay que dejar claro que aunque lleguemos al 100 % de la financiación de la ayuda humanitaria, quizá muchos ni siquiera lo notemos. Y es porque esta ayuda está destinada a priorizar a ese 30 % o 40 % de la población que colapsa si no la recibe. A a esa que o se muere o está intentando salir del país si no recibe ayuda”.
Raffalli advirtió que no ve señal alguna de rectificación de los desequilibrios, como la hiperinflación, o de sincerar el cono monetario: “Por eso, yo sí creo que esto se va a profundizar”.
Personal de salud: el más afectado por la COVID-19
También los pronósticos del médico Castro en el área salud fueron descarnados. “Creo que la película completa de los impactos generales de la COVID-19 probablemente tardará años en verse. Hemos perdido la capacidad de pronóstico”, expresó durante su presentación.
En la curva gaussniana que representa el comportamiento dinámico de la COVID-19, situó a Venezuela “en la segunda ola pandémica”, que comenzó entre febrero y marzo. Y precisó que esta ha sido 11 % más rápida y 25 % más alta en su pico que la anterior, registrada entre agosto y septiembre del año pasado.
Y los efectos son negativos especialmente para el personal de salud: “El impacto más duro lo ha tenido el personal de salud en el mundo, y en Venezuela es sensiblemente mayor porque no tienen protección, tienen muchas horas trabajando, y no tienen condiciones buenas en los hospitales”.
Los servicios de agua y electricidad continúan faltando en los hospitales del país. Un indicador de que la crisis humanitaria compleja no ha variado. “60 % todavía hoy, después de cinco años, tiene agua intermitente dos veces a la semana o no tiene agua”, dijo el especialista, que coordina la Encuesta Nacional de Hospitales desde 2015.
El personal de salud no ha contado con protección: “El más reciente estudio del 3 de mayo indica que 50 % de los hospitales reportan que no tienen tapaboca. Solamente 20 % responde que tiene tapaboca. Y para el material de protección que se gasta no hay estrategia de reposición”.
La vacunación de médicos y enfermeros es por ahora una ilusión: “Venezuela está en el subsuelo porque prácticamente no se ha inmunizado. Se registran 315.000 vacunados, de los cuales 77 % son sanitarios. Eso representa el 1,35 de la población que debería recibir dosis”.
Frente a esto, advirtió que a este segundo pico le queda unas 10 o 14 semanas para llegar al equivalente más alto de transmisión. “Y si la situación sigue como está, vamos a tener una tercera onda pandémica en la mayoría de países de América Latina, y en particular en Venezuela, en el segundo semestre del año”, advirtió. Resaltó la importancia de las reuniones de la Mesa Técnica Nacional con el ministro para la Salud, Carlos Alvarado, que se realizan después de 12 años sin contactos.
Allí se procura definir un plan nacional de vacunación que debió iniciarse cuando llegaron las primeras dosis contra la COVID-19, en febrero pasado. Y también se ha planteado el tema del mercado negro de vacunas y la corrupción.
“Lamentablemente, en la Mesa solo tenemos capacidad de opinión, de discusión y de aporte de ideas. Quien tiene la capacidad de ejecución es el Ejecutivo nacional. Lo hemos planteado al ministro como lo hicimos con el tema del PCR, pero en todo caso queda de parte del Ejecutivo la capacidad de controlar eso”, dijo.
Dimensión en la economía
María Carolina Uzcátegui, por su parte, analizó el fuerte impacto de la COVID-19 en la economía mundial y, en particular, venezolana. Los empresarios venezolanos han tenido que reinventarse en medio de la crisis que ya estábamos atravesando y de la desinformación, indicó. “En el sector primario y en el secundario se han hecho grandes inversiones en medidas de bioseguridad pero se desconoce si son efectivas”, expresó.
Sin embargo, lo que más ha afectado a los sectores productivos es la incertidumbre: “El 7+7 ha afectado a todos los sectores, y en el caso nuestro ha sido un problema no saber qué medidas tomar, si se abre o no el negocio, o si se contará con transporte”.
La más reciente encuesta de Conindustria realizada entre sus afiliados indica que 51 % de industrias del país no han podido trabajar más de tres semanas en un mes. De las que están operando en sectores tan importantes como medicamentos, solo logran operar más allá del 30 % de su capacidad instalada, refirió Uzcátegui.
“Eso sin contar lo que ocurre con el sector de calzado y vestido, que apenas llega a 7 %; y en el sector de autopartes no existe ninguna operatividad en estos tiempos”, afirmó.
Destacó que la precariedad de los servicios públicos y el ausentismo laboral que trae el “fatídico” 7+7 hace complejo el funcionamiento de las industrias y comercios: “No pueden operar tres semanas continuas”.
También la COVID-19 ha ocasionado retrasos en todo tipo de trámites y procedimientos, como reposición de inventarios y despachos en el cumplimiento de compromisos, como insumos y repuestos. Los salvoconductos han sido también una dificultad.
“Debo confesar algo que está ocurriendo. Y es el cobro de los servicios de las funeraria que muchos usuarios creen que es un abuso. En ese cobro se incluye la ‘comisión’ de unos 500 dólares aproximadamente, en el mejor de los casos, que debemos darles a las autoridades en diferentes escalas. Y nos lo exigen para poder canalizar de manera fluida los casos de la COVID”, afirmó la expresidenta de Consecomercio.
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