Maduro prepara defensa ante Corte Penal Internacional por delitos de lesa humanidad
Una exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia chavista representará al régimen ante la Corte Penal Internacional para intentar influir a favor de la dictadura venezolana.
El “fundamento razonable” del examen preliminar de la fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Fatou Bensouda para “creer que se cometieron crímenes lesa humanidad de encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional como tortura, violencia sexual y persecución política” en Venezuela desde 2017 será refutado por Nicolás Maduro a través de una funcionaria leal: Gladys Gutiérrez.
La designación de la exmagistrada del Tribunal Supremo de Justicia chavista como representante en La Haya refleja que los socialistas abonan el camino para su defensa ante la instancia judicial, considerando que en dos semanas el abogado británico Karim Khan asumirá como nuevo fiscal de la CPI y sobre sus manos recaerán diferentes casos, entre ellos las acusaciones en contra de la dictadura.
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La investigación ya pasó por la recepción y recopilación de información (Fase 1) y por la determinación de la existencia de delitos que son competencia de la Corte (Fase 2) en el período de Bensouda. Ahora corresponderá la deliberación de la Fase 3 referida a la admisibilidad, en términos de gravedad y complementariedad, y la Fase 4, referida a si es en interés de la justicia o no presentar el caso ante la Corte.
Sobre esas dos etapas claves Khan decidirá. Su criterio determinará la presentación del caso ante la Sala de Cuestiones Preliminares y la solicitud de órdenes de arresto o congelamiento de activos para aquellos que la Fiscalía que son los presuntos máximos responsables por los delitos que están indagando.
Este escenario explicaría el nombramiento de Gutiérrez según Mariano de Alba, especialista en derecho internacional y diplomacia, quien a través de su cuenta en Twitter revela que “Maduro sabe la proximidad de fase de investigación”.
Para distraer y defender
Con la figura de Gutiérrez en la tribuna legal, el régimen “tratará de influir en la Asamblea de Estados Parte” donde no puede retrasar o modificar el curso de proceso, pero eventualmente le correspondería responder a la falta de cooperación del régimen en la averiguación.
Eso significa que le tocará defender a los entes presuntamente responsables de los hechos punibles señalados en el informe de la CPI, entre ellos, las fuerzas de seguridad que incluyen a: la Policía Nacional Bolivariana (PNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), la Fuerza de Acciones Especiales (FAES), el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Comando Nacional Antiextorsión y Secuestro (CONAS) y ciertas otras unidades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB).
Para ello, la designó la Asamblea Nacional de “la estructura criminal de Nicolás Maduro” asegura en Twitter Tamara Sujú, defensora de los derechos humanos ante la CPI.
Es un cargo más, pese a que el artículo 256 de la Constitución establece que los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) no pueden “ejercer ninguna otra función pública a excepción de actividades educativas” cuando están activos en el máximo juzgado, la expresidenta del organismo, Gladys Gutiérrez, continúa acumulándolos.
Así, tras haber sido nombrada a mediados de 2020 como rectora ad hoc del Consejo Nacional Electoral (CNE), sin perder su cargo de magistrada, también le corresponderá representar a Venezuela ante la Organización para la Prohibición de Armas Químicas (OPAQ) y otras instancias internacionales con sede en el Reino de los Países Bajos.
Con vigencia
La decisión de elegir a Gutiérrez la adoptó el ministro de Relaciones Exteriores, Jorge Arreaza y “entrará en vigor a partir de la toma de posesión en el destino indicado”. Su designación diplomática supone la salida definitiva del TSJ considerando que el “permiso especial” que la Sala Plena le otorgó no podría ampararla más, al menos a la luz de lo dispuesto en el artículo 148 de la Carta Magna.
En esa disposición se establece que “nadie podrá desempeñar a la vez más de un destino público remunerado, a menos que se trate de cargos académicos, accidentales, asistenciales o docentes que determine la ley. La aceptación de un segundo destino que no sea de los exceptuados en este artículo implica la renuncia del primero, salvo cuando se trate de suplentes, mientras no reemplacen definitivamente al principal”, se lee en la norma antes mencionada.
Ahora su desafío será llegar a su destino porque la nueva diplomática está sancionada desde 2017 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que considera que con sus fallos en la Sala Constitucional ha usurpado la autoridad de la legislatura.
Sin mencionar, que el gobierno de Panamá la sancionó en 2018 por considerarla de alto riesgo por el presunto blanqueo de capitales, financiamiento al terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.
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