Una negociación engañosa para alargar el paro
La estrategia de los terroristas es extender las conversaciones tanto como sea posible y relanzar el paro con mayor violencia
El expresidente Álvaro Uribe propone, entre varias sugerencias para lograr un pacto con los promotores del paro criminal, que el gobierno llegue a acuerdos con cada universidad pública para implementar la gratuidad inmediata de la matrícula. También propone que el Sena acelere la doble titulación y la «formación técnica virtual de bachilleres con inducción a lenguaje de computadores». Todo muy bien, pero habría que preguntarse antes que nada si estos desadaptados en realidad quieren estudiar.
La verdad es que eso hay que dudarlo mucho. Los jóvenes de hoy no tocan un libro, creen que el conocimiento se obtiene por ósmosis; y, en cuanto a calidad de la educación, pretenden que ello signifique adquirir competencias sin haber hecho mayor cosa por alcanzarlas; algo así como que excelentes profesores e instituciones de nombres rimbombantes les hagan el milagro mientras ellos se dedican a tomar cervecita, meter droga y tener mujeres, que es precisamente lo que les están llevando a los líderes de los bloqueos en Cali para mantenerlos en pie de lucha.
En una entrevista que le hizo la periodista Claudia Palacios, del noticiero CM&, a una joven que participa de los bloqueos en esa misma ciudad, en la que se quejaba de haber hecho una carrera universitaria en Colombia y un postgrado en el exterior sin que su esfuerzo se hubiera visto recompensado con el haber podido conseguir trabajo, aunque solo lleva tres años de graduada. No dio el nombre, no dio la cara, no dijo qué carreras estudió —por lo que no sabemos si son de baja demanda—; así que es muy probable que todo sea un libreto, pero la mujer concluye que «estudiar no sirve, por eso queremos redistribución», que es una manera muy velada de decir «queremos comunismo».
Por eso, los diálogos entre el Gobierno y el sedicente ‘comité del paro’, serán tan interminables como estériles. Se ha divulgado que la estrategia de los terroristas es alargar las conversaciones tanto como sea posible y relanzar el paro con mayor virulencia a partir de este miércoles 19 de mayo para tratar de colapsar toda la economía y derribar al Gobierno. No hay duda de que ellos se pueden dar el lujo de aguantar muchos días más —y hasta semanas y meses— gracias a que cuentan con la financiación del narcotráfico y les sobra dinero para reclutar a más jóvenes y mantenerlos bien abastecidos de comida en las barricadas. También para armarlos hasta los dientes cuando los cabecillas decidan que es el momento de escalar la sublevación para forzar un desenlace final. En Cali cuentan con una fuente inagotable de pandilleros que nos recuerdan la temeridad de los imberbes sicarios de las comunas pobres de Medellín que Pablo Escobar instrumentalizaba a su antojo.
Ahora, de los puntos propuestos para la negociación por el ‘comité del paro’, basta ver uno de ellos para entender que ese asunto no va para ninguna parte. Se ha querido incendiar el país por una propuesta de reforma tributaria que buscaba aumentar el recaudo en 23 billones al año, y resulta que la exigencia de una renta básica universal para cerca de 21 millones de colombianos pobres valdría más de 70 billones al año.
Entonces, ¿de dónde los vamos a sacar? Ah, claro, vamos a volver con el cuento de que eso lo deben pagar los ricos-ricos, que son tres o cuatro gatos, y que se debe acabar la corrupción calculada en la cifra mágica de 50 billones al año, inventada por el contralor general Carlos Felipe Córdoba sin ningún sustento técnico ni jurídico. Recordemos que nuestro gato más gordo, Sarmiento Angulo, tiene según Forbes, 11000 millones de dólares, unos 40 billones de pesos al cambio de 3700 pesos por dólar. O sea que si toda su fortuna se pudiera monetizar, solo serviría para pagar medio año del programa de renta básica y se perderían los 82.000 empleos que su grupo genera en el país.
La reforma tributaria que propuso el gobierno del presidente Duque incluía un ingreso solidario de hasta 360.000 pesos mensuales para 4,7 millones de familias pobres con un costo de 6 billones anuales, lo que constituía una importante ayuda para las familias sin lesionar la economía. En cambio, una renta básica de un salario mínimo mensual para casi siete millones de familias, de carácter permanente, podría ocasionar un grave impacto en el empleo, la productividad y el desarrollo económico del país en general.
Serían millones los que se conformarían con esa renta y no volverían a mover un dedo para buscar empleo o para trabajar por cuenta propia, provocando una grave caída en la economía, que no tendría condiciones para seguir generando esos recursos. Algunos dirán que se sacarían de otra parte, pero habría que sumar todo el gasto en educación y todo el gasto en defensa, que son los rubros en los que más gasta el Estado, para atender esa exigencia; una de esas ideas descocadas de la izquierda que derivan en realidades como la de Venezuela, donde el salario mínimo es de 10 millones de bolívares, pero solo alcanza para comprar un kilo de pollo. Por eso todos dependen de la comida que regala Maduro.
Con ese tipo de exigencias no vamos a ninguna parte. Es hora de imponer el orden como lo manda la Constitución y la ley. Este caos puede acabar con nuestra democracia. Señor Duque: no vaya a llorar después como Boabdil al salir de Granada.
Saúl Hernández Bolívar es comunicador social. Veinte años como columnista de opinión en diversos medios nacionales y extranjeros. @SaulHernandezB
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