Venta ilícita de licores: un fraude al fisco que crece en las narices del gobierno
TCD Quien vende licores de manera informal evade impuestos y eso al final afecta al Estado, que deja de percibir tributos de los operadores de la economía formal, que son los que dan sustento a la nación. Así lo explica a TalCual el abogado experto en temas tributarios Camilo London
El coronavirus convirtió la compra de bebidas alcohólicas en un verdadero modus operandi en el que solo el sector informal salió beneficiado. Las restricciones que impuso el gobierno de Nicolás Maduro para evitar la propagación de la covid-19 frenaron a los sectores de la economía formal, pero no sirvieron para poner un parado a las actividades económicas “por debajo de cuerda”, que ganaron terreno en plena pandemia.
Todos los sectores de la vida nacional se vieron afectados con la llegada del coronavirus y de las medidas de confinamiento impuestas por las autoridades, y la venta de licores no fue la excepción. De hecho, las licorerías fueron una dejaron de competir entre sí y dejaron el campo libre para el comercio ilícito ejecutado por el vecino que expende bebidas sin los debidos permisos, por quien importa estos productos sin el cumplimiento de la norma, por quien vende rubros adulterados -cuando se añade a una bebida avalada por la autoridad sanitaria otras sustancias- y por quien expende licores falsificados o de fabricación clandestina.
Los hechos se traducen en cifras. Representantes del sector licorero estiman que el 2020 cerró con una caída en el sector formal de 35% con respecto a 2019, mientras que describe un crecimiento de 50% en el expendio informal de bebidas alcohólicas para el mismo año.
Mientras que el sector informal gana terreno, los formales del sector licorero han sido sometidos a excesos tributarios. En plena pandemia, a los impuestos nacionales se le sumaron los municipales. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) emitió una sentencia en la que se ordena a los ayuntamientos una armonización tributaria que solo encarece la estructura de costos.
Las medidas propician la proliferación de los informales en plena pandemia, sentencian al mercado legal al declive y al estado a perder ingresos.
Perder perder
Para el director de la Cámara de la Industria Venezolana de Especies Alcohólicas (Civea), Luis Enrique Cárdenas, se ha gestado una competencia desleal en el sector en la que mientras al legal se le cobran impuestos cuantiosos que inciden en el precio del producto, el ilegal toma dominio del mercado porque como no paga impuestos puede vender más barato, poner precios a los que los licoreros no puede llegar porque debe pagarle al Estado, cubrir las nóminas y otros gastos.
Quien vende licores de manera informal evade impuestos y eso al final afecta al Estado porque deja de percibir tributos de los operadores de la economía formal, que son los que dan sustento a la nación. Así lo explica a TalCual el administrador y docente de cátedra tributaria Camilo London.
“El contrabando y la actividad informal paradójicamente terminan siendo un juego de perder perder donde los únicos ganadores son los inmersos en el sector ilegal”, subraya.
El especialista explica que los impuestos específicos de licores tienen dos finalidades desde la perspectiva ética: la primera, desincentivar el consumo de estos bienes, y por otro lado subsanar los problemas que su consumo pueda generar en la sociedad. En pocas palabras, estos recursos deberían destinarse a cubrir gastos asociados al control y administración de esa actividad, así como lo relacionado en materia de salud y seguridad derivado del consumo de alcohol.
“Todo eso se supone debe pagarse con los tributos asociados a esa actividad. Cuando se da una situación de evasión el Estado deja de tener los recursos necesarios para atender sus fines. Que los cumpla o no los cumpla es otro tema, pero en esencia estos tributos están destinados al funcionamiento del Estado y redistribuido para sufragar el gasto público”, agrega.
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Agrega que con el expendio informal de bebidas alcohólicas se estaría violentando la ley que regula su comercialización, al igual que normas enfocadas en el permiso y autorización para el ejercicio de la actividad económica en un municipio, además de evadir el pago de tributos asociados no solo a la venta de licor sino de la actividad económica en sí misma.
Al respecto, la directora de la Cámara de Comercio de Vargas, Cipriana Ramos, señala que la problemática que se ha gestado en el sector es un triangulo complicado. Explica que si el licor que se vende en sectores populares proviene de una fuente lícita, no debería representar un riesgo para las personas y tampoco para la economía del país.
«El hecho de que ese licor provenga de una fuente lícita, es decir, quien lo vende previamente lo haya adquirido en una licorería o comercio de expendio, evita que se afecte al comercio formal porque esa persona pagó su impuesto al hacer la compra», dice.
Ramos, sin embargo, centra su atención en los controles sanitarios que pueden tener los lugares informales de venta de bebidas alcohólicas. Afirma que no hay quien verifique que el producto esté resguardado bajo las normas sanitarias correspondientes y que no sea vulnerado su contenido; así como también que el proveedor de esa persona cumpla los requisitos legales.
Con respecto a la participación de comercios formales en venta ilícita de bebidas alcohólicas, la directora de la Cámara de Comercio de Vargas considera que en estos casos sí se afecta a la dinámica económica del país «porque quien importa tiene que pagar los timbres fiscales. Si un producto no los tiene quiere decir que no se pagaron los impuestos al Seniat, si no se hizo el ente no tuvo ingresos, tampoco la alcaldía y así sucesivamente». A esto, Ramos también lo califica como una competencia desleal.
¿De dónde salieron?
Desde Civea, Luis Enrique Cárdenas dice que a medida que en el país fue profundizándose la crisis, el ilícito fue agarrando músculo. Apunta que hasta 2019 la cámara consideraba que estos eran apenas un tercio de la venta; es decir, que de cada tres litros de licor que se vendía uno era ilegal.
A inicios del 2020 pensaban que el negocio ilícito de licores estaba por encima de 40%, pero para finales de ese año la cifra aumentó a 50%.
Para Cárdenas hubo un error de interpretación en las restricciones anunciadas por Nicolás Maduro. Recuerda que el decreto establecía la prohibición de actividades que generaban aglomeraciones y daba luz verde a otras para operar.
Dice que en los artículos 12 y 13 del decreto “se deja la puerta abierta”, pues en ellos se establece que los establecimientos cuya actividad in situ fue prohibida, pueden operar con base a esquemas de despacho a domicilio. Cárdenas sostiene que a ellos nunca se les permitió apegarse a esta medida, sino hasta después de siete meses.
“En el momento más fuerte de la cuarentena el sector cayó al menos 80% con respecto al año 2019, luego se comenzó a interpretar que el decreto no era tan restrictivo y siguiendo esa línea logramos la inclusión del sector en la actividad flexibilizada. A partir de octubre, noviembre y diciembre logramos reducir la pérdida a -35%. ¿Cómo fue el año? Yo te diría que tuvo tres períodos, uno de baja demanda, un período de restricción por una interpretación excesiva, a nuestro juicio, y el fin de año un período en el que el sector fue considerado en la flexibilización”, dice.
El resultado global de todo lo que han vivido los comercios de licores y que es explicado por Cárdenas resultó en una pérdida que casi triplica a la que sufrió la industria a escala mundial, donde hubo una caída de 10%; es decir, que aunque Venezuela logró frenar el desplome, tiene números más alarmantes que el resto de las naciones.
El expendio de bebidas alcohólicas de manera informal está a la vuelta de la esquina. El representante gremial recalca que estos locales no se esconden y pueden ser vistos en avenidas o en sitios de gran valor comercial. Dice que una de las formas para identificarlos es verificar el idioma de las etiquetas de los licores, sino está en castellano es indicio de fraude, pues esto indica que no tiene ningún registro por parte de la autoridad venezolana.
Cuidados intensivos
Para el presidente de la Cámara de Licoreros del estado Táchira, Jhonson Delgado, el sector está en cuidados intensivos y la situación se replica en todo el territorio nacional. Delgado afirma que la pandemia por el coronavirus y las restricciones que tras su llegada se impusieron terminaron de vapulear a quienes hacen vida en el rubro.
Precisa que en la entidad 18% de los comercios dedicados a la actividad cerraron. Hace hincapié en que debido al encarecimiento de los productos que comercializan, la gente ha optado por acudir a vendedores informales que ofrecen bebidas mucho más baratas.
“En el Táchira hemos detectado más de 5.000 comercios clandestinos, en Venezuela estimamos que hay más de 50.000. Son personas que montan licorerías sin permiso. Incluso en algunos casos son funcionarios policiales y funcionarios públicos”, dice.
El también directivo nacional de la Federación Venezolana de Licoreros urgió al Estado lanzar un salvavidas al sector pues, al igual que Camilo London, recalca que es conveniente para la administración nacional que el sector formal se recupere.
Pavimenta su tesis al revelar que el sector licorero formal es uno de los cuatro principales pagadores de impuestos del país (nacionales y municipales), además de proporcionar cerca de 150.000 empleos directos y otros 400.000 de manera indirecta.
Lo barato sale caro
El expendio ilícito de bebidas alcohólicas a todas luces es punta de lanza para el Estado, pues además de reducir sus ingresos resulta letal para muchos consumidores, para quienes el trago barato es el último.
Dentro del propio universo del mercado informal de bebidas alcohólicas existen submundos. Por un lado, el director de Civea, Luis Enrique Cárdenas, expone que quienes hacen vida en la economía ilícita en ese rubro pueden ser personas comunes que expenden bebidas sin los debidos permisos, importadores de productos sin el cumplimiento de la norma y expendedores de bebidas adulteradas o de fabricación clandestina de dudosa calidad.
Para ejemplificar esto, el representante de los expendedores de licores en Táchira, Jhonson Delgado, denuncia el ingreso por la frontera colombo-venezolana de cerveza importada, contrabando que no duda en tildar de ilegal. «En Caracas, con el cuento de los bodegones, uno consigue botellas sospechosamente muy baratas”.
Pero el aspecto más sombrío de los riesgos que representa la economía informal de bebidas alcohólicas son los reportes de muertes por consumos de sustancias adulteradas.
Por la producción clandestina de licores se han reportado casos de intoxicaciones y fallecimientos. Cárdenas detalla que entre 2017 y 2019 se reportaron aproximadamente 58 fallecidos, y en 2020 la cifra podría estar por encima de 300; una cifra que por ahora es extraoficial.
Explica que la producción de bebidas alcohólicas comprende procesos de fermentación, destilación, maduración, maceración y añejamiento que solo puede hacer el sector formal. Aunque aclara que estos procesos pueden hacerlos productores artesanales, recalca que todo ellos conlleva una previa autorización por parte de las autoridades sanitarias.
“Una cosa es ser artesanal y otra ilegal. Los eventos de las fatalidades, de acuerdo al análisis de los reportes de los medios, fueron fundamentalmente en los sectores populares. En Caracas se dieron en el este y el oeste”, afirma.
Precisa que 70% de las víctimas eran personas jóvenes y personas de entre 30 y 50 años. Habrían presentado dolor de cabeza, malestar estomacal o patologías más graves.
En Táchira e incluso Mérida, según Jhonson Delgado, hay lugares clandestinos que preparan miche, una bebida tradicional andina que esta siendo elaborada sin el ancestral procedimiento que garantiza ser apta para el consumo. Aunque esto ha sido denunciando, las autoridades no han puesto carácter para atender el problema, pues en hay algunos funcionarios policiales que «dan protección» a cambio de «vacunas» a los fabricantes y comerciantes del producto ilícito.
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