El largo historial sandinista de la juez que persigue a rivales de Daniel Ortega
Trasgredir para favorecer a Daniel Ortega es la forma de escalar. Así despegó la carrera de esta funcionaria, quien a partir de su trabajo frente a la dirección de los comités de liderazgo sandinistas del Poder Judicial comenzó a ascender dentro del sistema.
La independencia de los poderes públicos es una utopía en Nicaragua. El allanamiento de la residencia de la candidata presidencial Cristiana Chamorro, férrea opositora al régimen de Daniel Ortega, así como la emisión de una orden de detención en su contra que salió del despacho de la juez Karen Chavarría, quien además de su cargo público ejerce como coordinadora política del Frente Sandinista en el Distrito Penal de Managua, aviva la imagen de la falta de autonomía.
Su firma sirve para hostigar y perseguir a quienes adversan al dictador. Es una de las tácticas que buscar allanar el camino de Ortega que buscará su cuarto mandato en el país centroamericano en noviembre. Policías y fuerzas de seguridad nacional acatan sus instrucciones sin vacilaciones. La evidencia está en el proceso en contra de Chamorro.
El despliegue de los uniformados obedientes a ella “violentan de forma sistemática y reiterada el Estados Derecho”. Así lo aseguró el secretario de Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, en un comunicado divulgado en su cuenta en Twitter.
Asimismo, Almagro reiteró su llamado a la «inmediata liberación de los presos políticos, a poner fin a las tácticas de intimidación y amedrentamiento contra opositores». De la misma forma, llamó a restituir libertades y reconducir el país «hacia la democracia» a través de elecciones con observación internacional.
Una operadora partidista
La militancia partidista de Chavarría refleja la politización de la justicia en Nicaragua. Esto quebranta la Carta Interamericana de DD.HH., la Carta de la OEA y varios pactos internacionales de los que Nicaragua es parte.
Se sabe. “Este es un nuevo atentado que imposibilita más aún la existencia de elecciones libres y transparentes. Acciones como estas restan toda la credibilidad política al gobierno y a las organizaciones del proceso electoral”, dijo Almagro en su comunicado.
Sin embargo, trasgredir para favorecer a Ortega es la forma de escalar. Así despegó la carrera de esta funcionaria. A partir de su trabajo frente a la dirección de los comités de liderazgo sandinistas del Poder Judicial, Karen Chavarría comenzó a ascender dentro del sistema. En su momento pasó de la coordinación política de los juzgados locales de Managua a la coordinación del Frente Sandinista en los juzgados del distrito penal, revela La Prensa.
“Ella anda dando los informes de quién es fiel. A quién le puede meter el puñal en cuestiones políticas lo hace”, afirma el medio.
Mediante documentos y escritos a la presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, copiados al magistrado Marvin Aguilar, en conjunto con el magistrado Gerardo Rodríguez, quien es presidente del Tribunal de Apelaciones de Managua, la juez Karen Chavarría notifica sobre los que “critican al régimen”.
Atrás quedó su formación en el programa Interamericano de facilitadores judiciales de la Organización de los Estados Americanos del que egresó becada. Se desligó completamente de ello y en su lugar, optó por su adhesión a la tolda de Ortega. De este modo, se catapultó “cuando todavía no estaba instaurada la normativa de la Ley de Carrera Judicial y los nombramientos de jueces se hacían discrecionalmente. Para ese momento, ya Chavarría era juez local de la Concordia en el departamento de Jinotega”.
Como ella también opera el fiscal sandinista Jean Dylan Rivas Falcón. Este funcionario está a cargo de la presentación de cargos y solicitud de prisión preventiva de dos extrabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Walter Gómez y Marcos Fletes. Con ambos, el abogado estrenó la ley de los 90 días aprobada en febrero. Dicha legislación amplía de 48 horas y hasta 90 días el plazo de detención por “investigaciones”.
Opositores en la mira
Los opositores son el blanco de la juez de Daniel Ortega. Chavarría es quien lleva los casos de los presos políticos tras las protestas de abril de 2018. En su despacho se procesan los juicios en contra de Sergio Beteta y Ruth Matute, a quien ordenó a prisión preventiva cuando convalecía de una enfermedad.
Chavarría también declaró culpable y ordenó el allanamiento de la casa de la política Irlanda Jerez. Sobre sus hombros pesa, de igual manera, el rechazo a la defensa para los presos políticos José Sánchez y Douglas Antonio Baltodano a cargo de María Oviedo, abogada de Comisión Permanente de Derechos Humanos.
A este historial se suma la encarcelación del excanciller Francisco Aguirre Sacasa, acusado por la compra de unas campanas rojas a una iglesia de Granada. Ahora, Chamarro parece ser la próxima en la lista porque “le tienen miedo al cambio”. Es hasta ahora lo único que se sabe de ella.
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