MONR denuncia embestida del régimen contra sus activistas
Las últimas tres víctimas de la escalada represiva fueron Yariel Soto Torres, Santiago Roberto Montes de Oca Rodríguez y Ohaurys Rondón Rivero
MIAMI, Estados Unidos. – El Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR) denunció una escalada represiva en contra de sus activistas por parte de la policía política del régimen cubano.
Las últimas tres víctimas fueron Yariel Soto Torres, Santiago Roberto Montes de Oca Rodríguez y Ohaurys Rondón Rivero.
El pasado 7 de junio se presentó en la vivienda de Soto Torres el jefe del sector policial de su zona, de apellido Gainza. El objetivo era informarle verbalmente que debía presentarse a la 5:00 p.m. de ese mismo día en la octava unidad policial de Santiago de las Vegas, municipio de Boyeros.
Una vez en el lugar, el joven de 20 años fue sometido a un interrogatorio donde le propusieron colaborar como agente infiltrado de la policía política. Ante su negativa, fue amenazado con ser enviado a prisión y multado con una cuota de 5 000 pesos.
“Ya van 7 000 pesos en menos de 30 días. Ariel compra pan para venderlo y ganarse unos pesitos sin hacerle daño a nadie, porque la situación de hambre y miseria que vivimos está cada vez peor. Le pusieron esa multa en represalia a su activismo. Ya él dejó de vender pan y pagó esa abusiva multa. Pero como sigue en nuestro grupo, los esbirros del régimen no dejan de hostigarle. Ahora le imponen 5 000 pesos que él no va a pagar, no solo porque es una injusticia, sino porque no tiene un centavo para hacerlo”, explicó a CubaNet José Díaz Silva, coordinador principal del MONR.
En el caso del opositor Ohaurys Rondón Rivero, fue arrestado con violencia a la 1:00 a.m. del pasado 13 de junio.
“Ohaurys se está quedando en casa de mi hermano Rolando Díaz Silva, que vive en Santiago de las Vegas. Ese día en la madrugada, mi sobrina, que vive a unos metros, llamó a la policía porque le rompieron una ventana al parecer para robar. Cuando la policía llegó tuvo un intercambio de palabras con mi hermano y con Ohaurys porque ellos nunca están para hacer su trabajo, pero sí para estar detrás de los opositores. Y producto de esa discusión los dos fueron conducidos hacia la Unidad Policial de Santiago de las Vegas”, contó Silva.
Al amanecer del día 14, Rolando Díaz fue liberado, pero Rondón Rivero fue enviado al Técnico de Instrucción Penal de Picota.
“El problema fue que le dieron una golpiza tan grande que no lo podía mandar para su casa así, y esperaron a que se bajaran un poco los golpes” denunció el líder del MONR.
Luego de más de 96 horas de arresto arbitrario, el activista fue liberado con una fianza de 500 pesos, una acusación de robo con fuerza y visibles hematomas en varias partes del cuerpo.
“Esas son las cosas que demuestran que aquí la autoridad hace lo que quiere, no por leyes, sino porque tiene el poder. Ohaurys estaba en casa de mi hermano, y fue mi sobrina quien llamó para hacer una denuncia. ¿Cómo se explica que se lo llevan producto a una discusión con los oficiales, lo golpean salvajemente y termine él siendo acusado de un delito totalmente falso?”, cuestionó.
El último acto represivo denunciado por este grupo opositor fue el de Santiago Roberto Montes de Oca Rodríguez, arrestado el 18 de junio luego de concluir una reunión sostenida por varios integrantes del MONR, organización que también promueven la iniciativa Cuba Decide.
“Todos los meses tenemos un encuentro para coordinar actividades y capacitar en lucha no violenta a los nuevos hermanos que se nos van sumando”, indicó Silva. “Pero cuando Santiago estaba en la parada para tomar un ómnibus hacia su vivienda fue interceptado por oficiales de la PNR (Policía Nacional Revolucionaria)”.
Santiago, delegado del MONR en El Cotorro, fue esposado y llevado a los calabozos de la unidad policial ubicada en ese municipio sin ninguna explicación por parte de los oficiales. Fue liberado cerca de la medianoche con una multa de 2 000 pesos.
“Tenía su mascarilla puesta correctamente, no estaba en horario de toque de queda. Salió de una reunión donde habíamos gente coordinando actividades pacíficas, hablando de derechos humanos. Nada justifica tal abuso, son 2 000 pesos que ese hombre no tiene ahora ni siquiera para comprar su comida”, lamentó José Díaz Silva.
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