Seis chavistas que dejaron el socialismo para exiliarse en el capitalismo
Chavistas que desempeñaron altos cargos en el régimen y decidieron emigrar, escogieron países de primer mundo o destinos paradisíacos para rehacer sus vidas lejos de las acusaciones judiciales en su contra y de las calamidades del socialismo que defendían
“Vivir en socialismo es vivir mejor”, esa era la consigna que vociferaron y defendieron seis altos funcionarios chavistas hasta que desertaron de las filas del régimen de Nicolás Maduro para elegir destinos donde la escasez, inseguridad, hiperinflación, desempleo y verborrea comunista no son parte de la rutina diaria. Evidentemente no escogieron exiliarse en Cuba, Nicaragua, Bolivia, Rusia, China o mucho menos Corea del Norte.
Entre estos personajes están el expresidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), Rafael Ramírez; la exministra de Salud, Eugenia Sader; el exalcalde del municipio Guanta, Jhonnathan Marín; el exgobernador del estado Bolívar, Francisco Rangel Gómez; la exdefensor del pueblo, Gabriela Ramírez; y el exministro de finanzas y exgobernador del estado Aragua, Rafael Isea.
Todos eligieron el capitalismo para rehacer sus vidas a miles de kilómetros de la crisis económica, corrupción y el abuso del sistema policial y militar que derribó las libertades democráticas y las instituciones con ellos en el poder.
En el dilema de la extradición
Italia y su larga costa mediterránea atrajeron a Rafael Ramírez a la hora de convertirse en disidente. Pero su exilio transcurre con tensión. El Tribunal Supremo de Justicia del régimen declaró «procedente» solicitar su extradición para someterlo a un proceso penal en Venezuela por la presunta comisión de los delitos de peculado doloso propio, evasión de procedimiento licitatorio y asociación para delinquir.
Su nombre forma parte de una presunta trama de corrupción en operaciones de intermediación de compra-venta de crudo con un detrimento patrimonial de 4800 millones de dólares. Él –como otros– mantiene un bajo perfil, como, por ejemplo, Hiroshima Bravo, Gabriela Ramírez, Richard Peñalver o Andrés Izarra, e incluso la exfiscal general, Luisa Ortega Díaz.
También están los acusados de traición y perseguidos por el régimen de Maduro, entre los que se cuentan Rafael Isea y Christopher Figuera.
Además, están los investigados y sancionados, como Francisco Rangel Gómez, y los detenidos, juzgados y/o condenados por malversación luego de varios años en el exterior disfrutando del fruto de los ilícitos cometidos, como Alejandro Andrade.
Exilios con comodidades
La exministra Eugenia Sader apostó por el Caribe, pero no precisamente por Cuba –pese a las cercanías ideológicas que mantuvo con el castrismo– sino por República Dominicana. En su residencia en la lujosa localidad de La Romana olvida los delitos de peculado doloso propio, sobregiro presupuestario y asociación para delinquir que le imputan por irregularidades en contratos para la construcción de seis hospitales especializados con las empresas Corporación Conmed, Consorcio Corpomed Corporation C.V y MCC London Limited y por el manejo de medicamentos e insumos médicos que terminaron en 25 contenedores con medicamentos, 32 contenedores de material médico quirúrgico e insumos caducados y cinco contenedores vacíos.
El monto involucrado en estos centros hospitalarios que no fueron construidos es de 663,6 millones de dólares, pero el total de recursos dilapidados en la gestión de la militar asimilada asciende a 1.552.353.981,33 dólares, según Trasparencia Internacional.
Francisco Rangel Gómez, exgobernador del estado de Bolívar, prófugo tras ser acusado de los presuntos delitos de lavado de dinero y financiamiento a grupos criminales, optó por establecerse en México. En tierra azteca incumple su promesa de “comer piedras fritas” en nombre del socialismo, porque la empresa Quimera Metals, S.A. de C.V. –conformada con fondos que desvió de la gobernación a su yerno, Carlos Rodrigo González Piazza, en México– es hoy una de las firmas más rentables en transacciones relacionadas con la metalurgia y la extracción de minerales.
En el satanizado imperio
En Estados Unidos, el “imperio” que tanto fustigaron, residen Jhonnathan Marín y Rafael Isea. Marín, conocido como alias ‘el peluquero’, fungió como operador financiero y político de Rafael Ramírez en la Faja Petrolífera del Orinoco. Durante su gestión se le otorgaron a sus empresas contratos por aproximadamente 20000 millones de dólares de forma directa para obras que nunca se hicieron.
Este exalcalde de Guanta, estado Anzoátegui, ahora disfruta de una propiedad en el exclusivo conjunto residencial de Miami, The Bond Brickell, donde viven artistas, cantantes y multimillonarios. Su apartamento, con vista a la bahía de Biscayne, está valorado entre los 750.000 y un millón de dólares. En su solicitud de asilo alegó que es un perseguido del régimen de Nicolás Maduro.
Rafael Isea, exgobernador de Aragua y expresidente del Banco del Alba, jugó distinto. Se entregó a la Administración para el Control de Drogas (DEA) y ahora es testigo protegido.
Lo acusan de “vender el alma al imperio” y evadir un proceso en su contra por la malversación de más de 200 millones de dólares, de los que parece no le quedó ninguno en el bolsillo, pues en un video que circuló en las redes sociales aparece ejerciendo sus labores como conductor de vehículos de carga en Amazon.
A la madre patria
La huida de la exdefensora del pueblo, Gabriela Ramírez, fue transcontinental. Nada de Argentina, Bolivia o Nicaragua en los planes. De su oficina en Caracas se mudó a un oasis sin opulencia en España, donde trabaja en la cocina de un restaurante, tras haber reconocido que “las violaciones masivas de los derechos humanos en Venezuela comenzaron desde que Nicolás Maduro llegó al poder». Sin embargo, aún sostiene que esto no ocurría cuando Hugo Chávez ejercía la Presidencia y ella estaba al frente de la Defensoría del Pueblo.
El video de su afán laboral dividió las opiniones ante su desgastada imagen.
Su versión ahora es que “los cascazos, disparos intencionados a corta distancia de perdigones y asfixia en lugares cerrados con gases lacrimógenos son patrones que no ocurrían en el país antes de Maduro”. Se trata de la funcionaria que decía que «la tortura tiene un sentido». La consideraba un mecanismo válido con el que «se inflige sufrimiento físico a una persona para obtener una confesión».
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