El gobierno de Nayib Bukele que quedó desnudo con las sanciones de la Casa Blanca
Washington colaboró con la Fiscalía General de El Salvador en una investigación que concluyó que altos funcionarios del gobierno financiaron a las pandillas MS13 y Barrio 18 y que la jefa de gabinete facilitó la corrupción durante la pandemia.
El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ha listado a la jefa del gabinete de Nayib Bukele, a su director de prisiones y a un funcionario de la presidencia como responsables de actividades criminales. A la primera la acusa de participar en corrupción con fondos para atender la pandemia de Covid-19 y a los otros dos de ser los principales operadores de un pacto con las pandillas MS13 y Barrio 18. A todos Washington les impuso sanciones financieras amparado por la Ley Magnitsky.
Las sanciones, además de provocar una aireada respuesta de Bukele que ha llevado hasta extremos sin precedentes la crisis diplomática con Estados Unidos en la que el salvadoreño ha embarcado a su país, dan ahora aval político a señalamientos sobre irregularidades, corrupción y actos criminales que la prensa y organizaciones civiles salvadoreñas habían hecho incluso antes de que el popular político se inauguró como presidente en junio de 2019. Por esos señalamientos, Bukele y sus funcionarios emprendieron la persecución y acoso a sus críticos.
Primero llegó, el 8 de diciembre, la nominación de Osiris Luna Meza, director general de centros penales de El Salvador (DGCP) y de Carlos Marroquín Chica, director de la unidad de reconstrucción del tejido social de la presidencia, a quienes el Departamento del Tesoro en Washington responsabiliza de llevar adelante las negociaciones entre el gobierno Bukele y la MS13 y el Barrio 18 para garantizar reducciones en las cifras de homicidios y beneficios electorales.
Aunque no nombra al presidente como sujeto de sanciones, el Tesoro estadounidense (DOT, en inglés) señala a la administración de Nayib Bukele como líder de las negociaciones y de las actividades criminales que de esta se han desprendido; por ejemplo, de la entrega de dinero público como incentivo financiero para las pandillas. Luna y Marroquín, dice el gobierno estadounidense, eran “los representantes” de Bukele en las negociaciones.
Las legislaciones de Estados Unidos y El Salvador entienden a las pandillas MS13 y Barrio 18 como organizaciones terroristas y contemplan, ambas, varios tipos penales aplicables a quienes apoyan sus actividades.
Como había adelantado Infobae, al nombramiento de Luna y Marroquín se suma una investigación penal que ha hecho una fuerza de tarea estadounidense bajo la coordinación del Distrito Sur de Nueva York del Departamento de Justicia (SDNY, en inglés) en la que ambos funcionarios aparecen nombrados y que, según Reuters, se traducirá en una acusación criminal.
Un día después de las primeras nominaciones, el jueves 9 de diciembre, el DOT listó a Martha Carolina Recinos de Bernal, cuyo título oficial es Comisionada Presidencial de Operaciones del Gabinete de Gobierno, como acreedora de las sanciones contempladas en la legislación Magnitsky, que incluyen negar la entrada del funcionario señalado y sus familiares a Estados Unidos y bloquearles el acceso a cualquier instrumento financiero y bancario de ese país.
El rol de Recinos en el gobierno de Bukele es más complejo. Ella no es, solo, una representante en actividades tildadas de criminales; ha sido también una de las operadoras más importantes de un grupo relacionado con el lavado masivo de dólares venezolanos a través de empresas fachadas y créditos, a los que ella y Nayib Bukele han estado vinculados.
De Recinos de Bernal dice el DOT que es la “cabeza de un esquema de corrupción multimillonario” que sirvió para desviar fondos públicos supuestamente destinados a la atención del Covid-19 desde varios ministerios del gobierno. Parte de ese dinero, dice Washington, sirvió para procurar apoyo político a los candidatos del partido oficial, que en febrero de 2021 ganó mayoría absoluta en el Congreso.
Bukele y su gobierno no han podido, hasta ahora, responder nada concreto a los señalamientos de Estados Unidos. Se han limitado a intentar desviar la atención y, en el caso del presidente, a acusar a Washington de injerencia y a revelar comunicaciones privadas con diplomáticos estadounidenses para dar la apariencia de que estaban ejerciendo presiones indebidas. Bukele, incluso, publicó una supuesta foto de pantalla de una conversación con Jean Manes, la ex encargada de negocios en San Salvador.
Brian Nichols, subsecretario de Estado para el Hemisferio Occidental, desmintió públicamente al presidente salvadoreño. “Condenamos las acusaciones falsas de Nayib Bukele contra el presidente de los Estados Unidos y otros oficiales estadounidenses”, escribió Nichols en su cuenta de Twitter. Y agregó: “Estos ataques personales injustificados intentan distraer al pueblo salvadoreño de la corrupción de la administración Bukele”.
El intercambio marca el punto más bajo de la relación bilateral entre El Salvador y Estados Unidos en décadas, lo cual no es una buena noticia para el país centroamericano, que depende en buena medida de la voluntad de Washington para obtener una línea crediticia por US$1.3 mil millones sin los cuales enfrentaría una situación fiscal muy compleja en 2022.
En Estados Unidos, además, viven cerca de 3 millones de salvadoreños de acuerdo con el Instituto de Políticas Migratorias, de cuyas remesas depende en buena medida la economía del país.
Catedral, la investigación que inició todo
Osiris Luna, Carlos Marroquín y Carolina Recinos de Bernal también fueron investigados por la Fiscalía General de la República de El Salvador como miembros de una supuesta estructura criminal que ha operado desde el gobierno de Nayib Bukele.
Estos tres son parte de un grupo de al menos dos docenas de personas que, según los indicios confirmados por un ex investigador fiscal a Infobae, se embarcaron en actividades delictivas que, entre otras, incluyen las destacadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos.
En esas investigaciones consta, también, el nombre de Alma Yanira Meza, madre del director de prisiones Luna, y quien también fue sancionada por el DOT por actos de corrupción relacionados con fondos para enfrentar la pandemia.
La investigación, al que la FGR llamó Caso Catedral, se desarrolló durante el periodo del exfiscal general Raúl Melara, y estuvo al mando del abogado Germán Arriaza, entonces jefe del extinto Grupo Anticorrupción de la Fiscalía. A Melara diputados afines al presidente Bukele lo destituyeron el 1º de mayo de 2021; Arriaza renunció 6 días después.
Con la salida de los funcionarios, y la llegada de Rodolfo Delgado como fiscal general impuesto por Bukele, el Caso Catedral quedó enterrado en El Salvador, pero los insumos han servido para alimentar la investigación del SDNY, según han confirmado un ex investigador de Melara y un funcionario del Departamento de Estado en Washington, quien habló con Infobae bajo condición de anonimato por no estar autorizado a hacer comentarios en público.
Fue una fuerza de tarea, nombrada Vulcan y poblada por agentes de varias agencias de aplicación de la ley estadounidenses liderados por los fiscales neoyorquinos, la que siguió las investigaciones con insumos de Catedral. A partir de ahí, las pesquisas estadounidenses continuaron con entrevistas de testigos y recopilación de pruebas.
“Toda esa información estuvo en el despacho del fiscal Melara durante un buen tiempo”, confirmó uno de los investigadores. Fue en la oficina del exfiscal, cuenta uno de los funcionarios, que alguien dijo que el caso era tan grande como una catedral. De ahí el nombre.
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