El chavismo usa las sanciones hasta para evadir violaciones de DDHH
Desde la Defensoría del Pueblo hicieron esta afirmación posiblemente para lavarse las manos en medio de la investigación de la CPI. Sin embargo, la existencia de numerosos casos de abusos no tiene que ver con las restricciones económicas impuestas contra la dictadura
Oriana Rivas PANAM POST
Si en algo es especialista la dictadura venezolana —además de hundir a un país petrolero en la pobreza casi absoluta— es de culpar a otros de sus fracasos. Hacerlo es inherente a su naturaleza socialista, ya que si no responsabiliza a alguien más, no se mantendría tantos años en el poder.
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Esta vez fue el defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, quien en representación del régimen aseguró que las sanciones figuran como la causa «del mayor número de denuncias recibidas» por la institución que representa. Y como responsables de esas medidas, señaló por supuesto a Estados Unidos, además de Inglaterra, Suiza, Canadá, así como otros países europeos, según la reseña que hizo la agencia EFE. El siguiente es un extracto de su declaración:
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«Si el pasado año fue difícil para todo el planeta, más lo fue para Venezuela, por el ensañamiento de los poderes hegemónicos en contra de nuestro país. Nos ha tocado padecer y resistir siendo golpeados en la salud, alimentación, la situación social y económica de la población; pero nunca la moral, ni la conciencia».
Es una técnica usual para apartarse de acusaciones. Algo que ocurre justo cuando la Corte Penal Internacional (CPI) decidió continuar las investigaciones por crímenes de lesa humanidad en Venezuela, a pesar de que la dictadura pidió oficialmente dejarla en manos de las autoridades nacionales. Adicionalmente, es bueno recordar que aunque el régimen de Nicolás Maduro culpa a la sanciones, estas no son las verdaderas responsables de los abusos contra los derechos humanos.
Continúan justificando errores
Probablemente el país con las mayores reservas del petróleo en el mundo no tuviera una pobreza del 94,5 %, según la última Encuesta Nacional de Condiciones de Vida (Encovi), si el chavismo no hubiera robado “solamente por corrupción” entre 300.000 y 500.000 millones de dólares. Tampoco habrían hospitales en la ruina por falta de inversión, ni se habría registrado durante años escasez de alimentos debido a la destrucción del aparato productivo.
Ni con la dolarización de facto, bodegones o conciertos se puede ocultar que la población sigue padeciendo una crisis producto de la negligencia de Hugo Chávez en su tiempo en el poder y de Nicolás Maduro, ahora al frente del régimen.
Hace siete años, cuando Tarek William Saab era defensor del Pueblo, este se comprometió a defender a las víctimas de derechos humanos y agilizar unos 46000 casos que se encontraban «en trámite» desde el año 2000. Muchos también estaban relacionados con salud, temas laborales y servicios públicos. Las restricciones económicas contra la dictadura no existían. Sin embargo, ahora el régimen de Maduro culpa a la sanciones para justificar sus errores.
Los informes no mienten
Adicionalmente, hay numerosos informes que demuestran que las violaciones contra los derechos humanos en Venezuela ocurren a manos de la dictadura, no por las sanciones. En este sentido, abarcan no solo los derechos individuales como a la integridad física y a la vida, sino otros aspectos como el acceso a servicios básicos.
Si hablamos de crímenes, la OEA determinó que desde 2014 hasta 2020 se habían cometido «más 18000 asesinatos por fuerzas de seguridad del Estado o colectivos». En paralelo, en un informe de Casla Institute se detalló cómo la dictadura somete a presos políticos a torturas.
No es aislado que el régimen chavista mencione otra vez las sanciones para «lavarse las manos». Este último año ha servido a Nicolás Maduro para hacer creer internacionalmente que Venezuela «se está arreglando» debido a una apertura económica ficticia. Además, la figura opositora que antes le hacía contrapeso (Juan Guaidó) quedó opacada por su propia ineficacia.
Mientras tanto, el defensor del Pueblo asegura que están ofreciendo «formación» a los venezolanos a través de talleres, cursos y foros en derechos humanos para aparentar preocupación en la materia.
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