EEUU duda de la legalidad de honorarios que exenfermera de Chávez paga a su defensa
Los fiscales a cargo del caso cuestionan el origen de los fondos que está recibiendo la abogada de Claudia Díaz y mencionan directamente a Raúl Gorrín, así como la "responsabilidad penal" que pesaría sobre la defensa
Mientras llega el 17 de octubre, fecha del inicio del juicio formal contra Claudia Díaz, mejor conocida como la exenfermera del fallecido dictador, Hugo Chávez, salen a la luz nuevos detalles de lo que está ocurriendo en las audiencias previas.
Los fondos con los que Claudia Díaz está pagando a la defensa es una de las aristas que pusieron en tela de juicio los fiscales estadounidenses que dan seguimiento al caso. Estos, remarcaron que la acusada —sobre quien pesan tres cargos relacionados al lavado de dinero— informó que no tiene activos ni pasivos, por lo que simplemente dijo «que es mantenida económicamente por su marido y coacusado fugitivo», Adrián José Velásquez Figueroa.
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El texto en cuestión, publicado por el periodista de The Associated Press, Joshua Goodman, cita que no quedaba claro cómo la demandada iba a asumir los gastos que conlleva la libertad temporal, como la monitorización por vídeo y reconocimiento telefónico de 24 horas, informes físicos, fianza personal o estancias en hoteles.
Posiblemente lo más llamativo, es que en el tema del financiamiento mencionan a Raúl Gorrín, el empresario venezolano que habría actuado en complicidad de Díaz y quien hoy esta prófugo de la justicia.
Contradicciones sobre el financiamiento
Las cuestiones sobre los fondos también abren el abanico de sospechas de los fiscales. Por ejemplo, quién financia exactamente la defensa de Claudia Díaz o cómo financiaría esos servicios necesarios para la libertad temporal que propuso, ya que la extesorera aseguró no poseer bienes. Citando una cláusula legal, detallaron que «el abogado sólo puede recibir fondos directamente de la demandada para servicios legales».
Si bien son comentarios sobre los que no han trascendido mayores detalles, sí plantea dudas. Después de hablar con los representantes de la OFAC, los fiscales determinaron que la agencia «no ha autorizado una licencia específica a ningún individuo o entidad para realizar transacciones financieras con la demandada, incluyendo a su propio abogado (que se limita a proporcionar servicios legales bajo una licencia general)».
Es decir, la abogada no tiene una licencia específica de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) para recibir fondos en nombre de Claudia Díaz. Y de forma contundente mencionan a su esposo y a Raúl Gorrín. Acá es donde surge una calle sin salida.
«Si la abogada está recibiendo fondos de la demandada, su declaración de que no tiene activos ni pasivos y de que es mantenida por su marido coacusado fugitivo es una declaración falsa al Tribunal y estos activos no revelados.
Si Velázquez o Gorrín están financiando su defensa y/o financiarían las condiciones propuestas mientras están en libertad temporal a través del abogado, sin la autorización de la OFAC (una licencia específica), entonces el abogado y cualquier individuo o entidad que proporcione servicios a la acusada también se arriesgaría a la potencial responsabilidad penal».
Supuestas trabas “innecesarias”
Por otro lado, la extesorera chavista insiste en que los cargos en su contra queden desestimados. Por eso presentó un documento de 14 páginas para aseverar que «el gobierno [de EE. UU.] está buscando bloquear todo el acceso a la información”.
Pero la justicia estadounidense aseguró que ya cumplió con sus solicitudes «a través de evidencias que sustentan las acusaciones» aseveró AP. Con eso, la defensa de Claudia Díaz podría prepararse para el juicio. Sin embargo, parece no haber acuerdo. Precisamente el juicio había sido aplazado del 27 de junio al 17 de octubre porque la abogada Marissel Descalzo había pedido más tiempo «para revisar todas la pruebas».
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