La Tortuga es la segunda isla más grande de Venezuela, con 156 kilómetros cuadrados de superficie. Posee una biodiversidad considerable de especies terrestres y marinas que la convierten en un reservorio natural con características propias de una zona protegida o refugio de biodiversidad. Sin embargo, el “plan maestro” que desarrolla el régimen de Nicolás Maduro plantea construir, en 10 meses, alrededor de 10 hoteles, un aeropuerto internacional y un puerto para explotar la zona. Todo esto enmarcado en el decreto de Zonas Económicas Especiales autorizado por Maduro.

Especialistas y asociaciones ecologistas han advertido que levantar en un territorio frágil este tipo de infraestructura, considerado como turismo de alto impacto, podría ocasionar efectos irreversibles en el ecosistema y acabar con los atributos que la convierten en un paraíso en el mar Caribe.

Para el biólogo y gerente general de la Fundación Tierra Viva, Alejando Luy González, la propuesta es un salto a un turismo masivo que intervendría en las orillas de playa independientemente del criterio ambiental que se aplique.

La construcción a gran escala sobre territorio virgen, no importa cuán ambiental sea, ocasionará la remoción de áreas que están cubiertas por plantas autóctonas. Además, luego de ese proceso de remoción, la disposición del material de desecho va a provocar una alteración del ecosistema”,explicó para El Diario.

En la isla se encuentran las cinco especies de tortugas marinas que habitan en Venezuela, o que están registradas. De acuerdo con la fundación, cuatro de ellas nidifican ahí y las cinco estudiadas se alimentan en áreas alrededor de la isla. Todas esas especies están amenazadas tanto en el país como en el resto del Caribe.

La única que no se reproduce o que no desova ahí es la cardón -conocida como tortuga sin concha- que es la más grande de todas. 

La Tortuga, el proyecto de intervención turística del régimen venezolano que amenaza con daños irreversibles al ecosistema de la isla
Foto referencial

“Evidentemente, ahí ya tenemos nuestra principal preocupación porque si estas tortugas utilizan esos espacios para desovar, el cambio para fines de turismo en gran escala les va a afectar directamente”.

Luy González detalla que aunque la isla La Tortuga no ha sido profundamente estudiada, lo que se conoce de ella demuestra su importancia medioambiental. “Ahí han sido registradas 76 especies de aves, incluyendo reinitas, y otras aves playeras migratorias. Muchas de ellas realizan esos trayectos de noche. Además, requieren de manglares o lagunas, que son los ecosistemas que están presentes en ese territorio, los cuales usan para alimentarse y seguir con su recorrido al continente”.

La Tortuga: un refugio de fauna silvestre

Según el especialista, diferentes estudios han demostrado la importancia de que la isla sea declarada como un área natural protegida, donde aún cabe la posibilidad de abrir un turismo de bajo impacto. Esto con el fin principal de la conservación del medio ambiente.

“Tenía todas las características. Bien podría ser un parque nacional, una reserva de biosfera, incluso un refugio de fauna silvestre, pero no es así. Ante esa realidad se crea el alerta desde el punto de vista ambiental cuando se plantea un proyecto de esta magnitud”.

La Tortuga, el proyecto de intervención turística del régimen venezolano que amenaza con daños irreversibles al ecosistema de la isla
Foto cortesía

Asimismo, pidió no descartar la protección de las especies que se reproducen en este tipo de islas sobre arena, áreas rocosas o manglares, que deberían ser contempladas bajo alguna figura de protección.

Lo que dice la Constitución

La Constitución venezolana es taxativa al exigir que toda actividad humana esté acompañada de un estudio de impacto ambiental.

En el Artículo 129 se explica que todas las actividades son susceptibles a generar daño a los ecosistemas, por lo que será necesario desarrollar estudios de impacto ambiental y sociocultural. Se agrega que en los contratos que haga la República o los permisos que se otorguen se considerará incluido ese requisito, aun cuando no estuviera expresa la obligación de conservar el equilibrio ecológico.

A su vez, en el Artículo 127 se especifica que el Estado venezolano debe garantizar un ambiente seguro, sano y “ecológicamente equilibrado”. Se incluyen aspectos como la protección del ambiente, la diversidad biológica, y demás áreas de especial importancia ecológica. Se añade que es una “obligación fundamental” que la población se desenvuelva en un ambiente libre de contaminación, del aire, el agua, los suelos, las costas, el clima, la capa de ozono e incluye la protección especial de las especies vivas.

Capacidad de carga limitada

Joaquín Benítez, ingeniero y director de sustentabilidad ambiental de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), calificó a la isla como un espacio destinado a la preservación que puede ser aprovechado turísticamente. Siempre y cuando sea respetada la capacidad de carga del lugar, que es limitada.

Benítez consideró posible un desarrollo turístico en el lugar si se examinan profundamente las limitaciones y oportunidades que ofrece el ambiente, debido a que no se trata de Cancún o Punta Cana. “Es un territorio que debe ser manejado con muchísima cautela”. 

Consideró que la evaluación ambiental debe ser parte de los criterios que deben mantenerse como una prioridad.

Mientras más grande y más compleja sea la intervención turística en La Tortuga, más importantes van a ser los problemas ambientales. Hay una relación directa entre la magnitud de lo que se quiere hacer y lo que puede surgir”,dijo para El Diario.

Señaló que, en general, los problemas en algunos sitios se controlan y se manejan, sobre todo porque hay una institucionalidad ambiental. Dio como ejemplo el desarrollo turístico y comercial existente en las costas francesas, donde sus aguas siguen siendo cristalinas porque se cumplen las normas, se vigila y se cuida. “Hay un respeto cultural por el tema”.

“Lamentablemente, en Venezuela ese trabajo no se ha hecho. Uno se pasea por las distintas realidades del país y hay un conjunto de situaciones que hacen pensar que esa institucionalidad ambiental tan necesaria e importante para la conservación, en este caso pareciera no estar presente. Un plan tan grande, complejo, con una institucionalidad tan débil crea alarmas sobre lo que pudiese suceder ahí”, aseguró Joaquín Benítez.

La Tortuga, el proyecto de intervención turística del régimen venezolano que amenaza con daños irreversibles al ecosistema de la isla
Foto cortesía

El ingeniero manifestó que existen  retos y desafíos que pueden impactar la configuración de la idea. Usó como ejemplo el anuncio de la construcción de un muelle en la isla donde, a su juicio, hay que evaluar aspectos técnicos como “el tamaño, volumen, y el nivel de operaciones del mismo para definir su impacto ambiental”.

“La costa sur de la isla es la que tiene más calado, es decir, donde la profundidad del agua es mayor y resultaría más sencillo hacer un puerto (…) En la parte norte la zonas son de poca profundidad y hay presencia de arrecifes de coral. En la zona sur también hay presencia de manglares de importancia que se pudiera ver afectados por este tipo de operaciones. Los espacios libres donde no hay ecosistemas que permitan la instalación de un puerto son escasos”, destacó.

Necesidades y disposición de los desechos

Por otro lado, en La Tortuga no existen centros poblados, por lo tanto van a ser necesarios operarios, trabajadores hoteleros, personal de mantenimiento, que debe pernoctar  y permanecer en la isla. Eso obligaría a construir una suerte de enclaves residenciales para que sea habitable.

Benitez destacó que, mientras más personas habiten el territorio, la necesidad de agua dulce y electricidad será mayor, así como la posibilidad de generar más residuos, ya que no hay aún forma de tratarlos.

“Parte de lo que puede suceder es que se afecten y se destruyan los atractivos naturales que hacen que vayan turistas a la zona. Nadie va a querer ir a una isla que huela a basura. La sostenibilidad económica de un proyecto de esta naturaleza depende de que se cuide lo ambiental”, alertó.

Luces artificiales nocturnas y generadores eólicos

De acuerdo con Benitez, la iluminación artificial nocturna confunde a las aves y genera en ellas serias interferencias. Además, afecta a las tortugas para desovar. Sin embargo, se puede manejar si se usan técnicas de iluminación ambientalmente seguras que se tienen que considerar.

Hay experiencias llevadas a cabo en ciudades como Chicago ( EE UU), donde se han creado corredores oscuros para interferir en menor grado los movimientos migratorios. “Ellos empezaron a notar que en las mañanas habían muchas aves que habían muerto tras chocar con los edificios básicamente por la combinación de vidrios, espejos e iluminación nocturna. Entonces, implementaron los corredores donde se apagaban todas las luces”.

La Tortuga, el proyecto de intervención turística del régimen venezolano que amenaza con daños irreversibles al ecosistema de la isla
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Otro riesgo tiene que ver con la generación de electricidad a través de generadores eólicos. Se tiene evidencia científica del impacto que generan sobre las aves y las zonas donde no se pueden instalar. “Uno de los criterios para su instalación es estar lejos de sitios de paso de aves, lo cual sería complejo de cumplir en la zona”. 

“Mercantilización de los espacios naturales”

Por su parte, el biólogo y coordinador de Clima 21, Alejandro Álvarez Iragorry, cree que existe una suerte de ola de “mercantilización de los espacios naturales” del país enmarcada dentro de un daño ambiental considerable.

Para Álvarez un turista que va a pagar por lujo quiere tener agua las 24 horas del día, electricidad y una serie de servicios asociados que deben ser dispuestos en la isla porque ahí no existen, lo que eleva los costos de forma directa y obliga a intervenir en mayor medida los espacios.

Todavía no soy capaz de imaginarme toda esa infraestructura portuaria, aeroportuaria y de apoyo. Las plantas eléctricas extraordinariamente grandes para mantener eso, los depósitos de combustible, los depósitos de agua, es decir, no entiendo cómo se podrá hacer todo eso en esa isla. No entiendo la racionalidad económica para tener que generar un daño ambiental tan grande”,expuso para El Diario.

Álvarez Iragorry insistió en que esas afectaciones pueden ser tolerables o incluso minimizables. “En Venezuela existe el marco legal para hacer compensación sobre el daño producido y el Estado se ha anexado a convenios multilaterales”.

“El Estado venezolano aquí no está cumpliendo con las legislaciones nacionales e internacionales. La Asamblea de Naciones Unidas declaró recientemente como derecho humano universal la garantía de los Estados de un ambiente seguro y acá pareciera que ha quedado nuevamente en el papel”.