LA REPRESIÓN MATA Y DETIENE
A LOS MANIFESTANTES
El viernes 4 de abril
de 2014 la entonces fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, en rueda
de prensa, anunció que desde el 12 de febrero y marzo del mismo, con motivo de
las protestas contra el régimen de Nicolás Maduro, habían fallecido 39 personas
y 192 fueron privadas de libertad.
(Fueron asesinatos cometidos por
los órganos de exterminio de la narcodictadura de personas que manifestaban
contra el régimen y la despiadada represión ordenada por Nicolás Maduro y su
ministro del Interior, Justicia y Paz para apagar definitivamente la voz de los
jóvenes, que siempre han estado en la vanguardia de las luchas contra gobiernos
dictatoriales)
Según el inventario de
la exfuncionaria de la narcodictadura, de las 39 víctimas mortales 31 eran
civiles, 7 funcionarios policiales y un fiscal del Ministerio Público
Igualmente reveló que
se registraron 608 lesionados, de los cuales 414 son civiles y 194 policías o
militares y que fueron privados de libertad 192 manifestantes, mientras que
2.285 fueron aprehendidas y presentadas ante los órganos jurisdiccionales.
Según la exfiscal, que
al ser separada irregularmente del caro se transformó en enemiga del régimen,
durante las protestas, se han vulnerado también los derechos de los venezolanos
que no han podido llegar a sus trabajos, llevar a sus niños a los colegios o
asistir a centros de salud porque se les impidió el libre tránsito.
Luego apuntó que las
acusaciones son a personas partícipes de hechos violentos en el Distrito
Capital y en los estados Bolívar, Lara, Mérida, Miranda, Nueva Esparta, Vargas,
Carabobo, Falcón y Trujillo.
Explicó también:
-Instigación pública,
porte ilícito de armas, obstaculización de las vías públicas, destrozos a
instituciones del Estado, entre otros, son algunos de los delitos por las que
son acusadas 67 personas, entre ellas, Leopoldo López.
Asimismo, señaló que se
acusó a dos efectivos de la Policía de Chacao, ambos por homicidio calificado
además de quebrantamiento de acuerdos y pactos internacionales, privación
ilegítima de libertad, uso indebido de armas y trato cruel.
También precisó que dos
funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana se encuentran privados de
libertad, por los delitos de trato cruel y quebrantamiento de acuerdos y pactos
internacionales.
(Ni esta fiscal ni su
írrito sucesor para nada en sus procedimientos sancionatorios han tocado la
cadena de mando, limitándose solamente a los funcionarios ejecutores de tales
violaciones de los derechos humanos de quienes se encuentran en condición de
presos y, por lo tanto, bajo la protección del Estado)
Esta información fue
tomada de una Nota de Prensa emitida por la oficialista Agencia Venezolana de Noticias.
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