En su libro Matasiete.
Montaña de la Gloria, refiere que el 31 de julio de 1817, cuando las fuerzas
independentistas, comandadas por el general Francisco Esteban Gómez, derrotaron en la Batalla de Matasiete al
ejército de Pablo Morillo sellando la independencia insular, les ordenó a sus
soldados que dispararan a las piernas de los españoles, porque de ese modo se
reducía el poder de lucha de los realistas al prestar auxilio a sus camaradas
heridos.
Por
una causa innoble, con el fin de causarles el mayor daño posible a los
manifestantes y desalentar las protestas en su contra, los órganos de
exterminio del narcodictador Nicolás Maduro tienen la orden de éste, por
intermedio de los ministros del Interior, Justicia y Paz y de la Defensa, de
disparar directamente a los ojos y otras partes sensibles del cuerpo de quienes
manifiestan.
Recordemos
que el 15 de junio de 2018, por televisión, dio la orden de asesinar al
inspector y a sus compañeros de lucha, aunque ya se había producido la
rendición, debido a la desproporcionada fuerza militar y policial empleada en
la conocida Masacre de El Junquito, como si el poder que usurpa le diera
potestad de disponer a capricho de la vida o la muerte de sus adversarios, que
él califica de enemigos, a los que hay que destruir, en flagrante violación de
la Constitución Nacional que prohíbe la pena de muerte.
El
2 de julio del siguiente año funcionarios de la Policía del Estado Táchira
privaron de la visión al entonces adolescente Rufo Chacón con balines
disparados directamente a su rostro, por acompañar a la madre y a su hermano en
una protesta pacífica debido a la escasez de gas doméstico que se desarrollaba
en la autopista La Fría, San Cristóbal.
El
15 de octubre de 2021 la periodista María Fernanda Rodríguez, de El Pitazo, reportó:
-Tras la condena
dictada a los policías que dispararon en el rostro a Rufo Chacón en 2019,
dejándolo ciego, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los
Andes publicó en nota de prensa los casos de ataques similares ocurridos en Mérida
durante las protestas sociales de 2017
Mérida.- El Observatorio de Derechos Humanos de la
Universidad de Los Andes (ODH-ULA) publicó este viernes, 15 de octubre, una
nota de prensa donde señala que 22
personas que perdieron parcial o totalmente la visión, tras ataques perpetrados
por funcionarios de la fuerza pública durante las protestas
sociales de 2017 en Mérida y no han recibido justicia.
Luego
indicó:
-El
ODH-ULA registró dichos ataques a los ojos durante los meses de abril a julio
de 2017, precisa la nota. «Todos fueron perpetrados por funcionarios de la
fuerza pública que buscaban dispersar las manifestaciones contra el régimen de
Nicolás Maduro. Cada cuatro días
una persona recibió un disparo a los ojos entre el 25 de abril y el 27 de julio
de 2017”, señala el informe anual Mérida: asalto a los derechos humanos
2017, elaborado por este observatorio.
De
acuerdo con los informes médicos de las 22 víctimas, en todos los casos «se
pudo comprobar que los traumas
oculares fueron causados por cuerpos metálicos como perdigones, balines, y
municiones modificadas con objetos tales como trozos de cabilla»,
indica el citado informe. Los lesionados, que perdieron uno o ambos ojos, eran en su mayoría jóvenes,
incluido un adolescente de 14 años de edad.
Según
esa fuente, existe un patrón de represión contra la protesta.
En
efecto, señaló que los disparos al rostro, a los ojos o a quemarropa constituyeron un patrón de
represión por parte de funcionarios de la fuerza pública durante las
manifestaciones en contra del gobierno de Nicolás Maduro que ocurrieron en
2017.
-Esto viola –detalló- los estándares
internacionales que prescriben el uso progresivo y diferenciado de la fuerza en
el control de manifestaciones públicas, como lo son el Pacto Internacional por
los Derechos Civiles y Políticos y los Principios Básicos sobre el Empleo de la
Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la
Ley establecidos por la Organización de Naciones Unidas.
El
Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes, cuyo equipo
jurídico representa jurídicamente a Leonard Rondón, una de las 22 víctimas de
disparos a los ojos de 2017, añadió en su nota que la impunidad en estos casos ha permitido que los funcionarios policiales
amenacen a quienes fueron atacados, revictimizándolos.
Estos hechos
ocurrieron en al menos dos municipios de Mérida en el marco de las protestas
sociales registradas en varios estados del país y el informe determinó que los
disparos de balines de plomo y municiones modificadas –para causar el mayor
daño posible- directos al rostro constituyen un patrón de la represión ejercida
por las fuerzas de seguridad del Estado contra ciudadanos en el marco de protestas
sociales.
-El
caso más reciente –precisó- de esta práctica represiva se registró el 2 de
julio de 2019 en el Estado Táchira, cuando funcionarios de Politáchira
dispararon contra el adolescente Rufo Chacón, quien perdió ambos ojos como
consecuencia del ataque a quemarropa perpetrado durante una protesta pacífica
por falta de gas doméstico. El informe médico indicó que, además de perder sus
dos ojos, un total de 52 perdigones se incrustaron en el rostro de Chacón,
desfigurándolo parcialmente.
El
informe igualmente reveló que “se pudo comprobar que los traumas oculares
fueron causados por cuerpos metálicos como perdigones, balines, y municiones
modificadas con objetos tales como trozos de cabilla”.
Asimismo
el documento divulgado por la ULA, basado en los reportes hechos por los
médicos que atendieron a los afectados, determinó que el promedio de edad de
las víctimas era de 23 años; un estudiante de bachillerato de apenas 14 años de
edad fue la víctima más joven de los ataques a los ojos cometidos en el período
señalado.
-La
represión desmedida y desproporcionada ejercida por quienes deben velar por la
seguridad ciudadana –registró el informe- constituye una violación al artículo
55 de la Constitución Nacional y a los artículos 68, 69 y 70 de la Ley Orgánica
del Servicio de Policía y del Cuerpo de Policía Nacional, así como a los
estándares internacionales que prescriben el uso progresivo y diferenciado de
la fuerza en el control de manifestaciones públicas, como lo son el Pacto
Internacional por los Derechos Civiles y Políticos y los principios básicos sobre
el empleo de la fuerza pública por los funcionarios encargados de hacer cumplir
la ley establecidos por la Organización de Naciones Unidas.
Por
otro lado, estos casos, junto a otros documentados por el ODH-ULA, fueron
presentados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en la
ciudad de Cúcuta, Colombia, en febrero de este año, durante la visita in loco que esta organización tenía prevista para
Venezuela y que el régimen de facto impidió. Dos víctimas de agresiones por
parte de funcionarios de la fuerza pública en Mérida acompañaron al equipo del
ODH-ULA y dieron sus testimonios ante los comisionados.
Para
ese informe el ODH-ULA hizo seguimiento a algunos de los casos registrados en
2017, conociendo que en la mayoría no ha habido justicia.
-Leonard
Rondón –se lee en la Web- fue una de esas 22 personas con lesiones oculares que
le quedarán para el resto de su vida y cuyo agresor no ha sido ni siquiera
identificado. Este observatorio lleva la defensa de su caso, cuya introducción
ante el Ministerio Público aún espera respuesta.
Él
declaró:
-Era
martes 27 de junio de 2017 hacia las 10 de la mañana y yo me encontraba
pintando mi cuarto. Abajo, en mis residencias, había protestas y llegaron los
policías a reprimir. Eran 6 y empezaron a lanzar piedras a las ventanas de mi
edificio. Tomé la decisión de bajar junto a mi hermano porque no me parecía lo
que los policías estaban haciendo. Fue entonces cuando empezaron a reprimir con
perdigones. Yo estaba a unos 5 metros de distancia de ellos. Me volteé para
protegerme, pero fue ahí cuando recibí un perdigonazo en el ojo derecho.
Leonard
Rondón tenía 21 años de edad al momento del ataque y sólo ese día, 8 personas recibieron disparos
en uno o ambos ojos en el Municipio Campo Elías del Estado Mérida.
Además de ese ataque, la víctima ha recibido de amenazas provenientes de un funcionario policial que es su vecino.
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