UN SEMESTRE DE PERSECUCIÓN CONTRA CIVILES, MILITARES Y
ONG
La Defensoría del Pueblo y la Fiscalía General de la
República no cumplen las funciones que les atribuyen la Constitución Nacional
sino las directrices que reciben la narcodictadura, pues de hecho son sus
apéndices para convalidar las violaciones a los derechos humanos en las cuales
incurren los cuerpos de exterminio de ésta, que no de seguridad como deberían
serlos, contra quienes adversan al oprobioso régimen, civiles y militares, y
las Organizaciones No Gubernamentales que denuncian tales agresiones en
instancia nacionales e internacionales. Estas dos nefastas instituciones, en
lenguaje coloquial, puede decirse que “Ni lavan ni prestan la batea”.
La
impunidad ha sido una constante en estos casos, lo cual induce a su comisión
constante, y a la cadena de mando jamás se le ha pedido rendición de cuentas en
los delitos contra los derechos humanos
cometidos por sus subalternos, anomalía que permite formularse la siguiente
pregunta: ¿Los efectivos de los diferentes cuerpos policiales, tanto civiles
como militares actúan a motus propio, a espaldas de sus jefes inmediatos?
El 24 de agosto de 2022 el portal Costa del Sol reportó:
-La
ONG venezolana Centro de Justicia y Paz (Cepaz) registró 300 casos de
persecución y criminalización contra individuos, tanto civiles como militares,
y organizaciones no gubernamentales en el primer semestre de 2022.
Y
agregó:
-Estas
cifras evidencian la existencia de una crisis en derechos, agudizada por la
persecución contra toda persona u organización considerada enemiga o disidente
de la política del Estado venezolano, señaló la organización en su más reciente
informe publicado en su página web.
Asimismo,
indicó que del total de casos identificados, 96 fueron contra trabajadores de
medios de comunicación (32 %), siendo la categoría de personas más perseguidas
o criminalizadas.
También
contra 93 agentes de la Fuerza Armada Nacional (31 %) y 69 personas vinculadas con
la política (23 %).
Además,
la ONG documentó 27 actos de persecución contra la población en general (9 %) y
contra 15 organizaciones de la sociedad civil y activistas (5 %).
En misma fecha, pero en TalCual, la periodista Luisa Quintero reportó:
-La
Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia denunció este miércoles 24
que tres de sus abogados, entre ellos su director, Alonso Medina Roa, se
encuentran bajo investigación del Cuerpo de Investigaciones Científicas,
Penales y Criminalísticas (Cicpc) por las denuncias de torturas contra presos
por razones políticas que han hecho en meses pasados.
Y añadió:
-Los
abogados Ana Leonor Acosta y Kelvi Zambrano también se encuentran bajo
investigación de la División Antiterrorismo del Cicpc. Al igual que Medina Roa,
también cuentan con una prohibición de salida del país. Esta medida solo puede
ser dictada por un tribunal.
Estas
medidas se conocieron luego de que Medina Roa fuese detenido por tres horas y
media, la madrugada de este 24 de agosto, por funcionarios migratorios del
aeropuerto internacional de Maiquetía, cuando se disponía a viajar al exterior
por asuntos familiares.
Luego
apuntó:
-Ana
Leonor Acosta explicó a TalCual que
dicha investigación inició el mes de julio, tras haber denunciado en un informe
de la Coalición (publicado en febrero de 2022) la falta de investigación y
sanción en casos donde existen denuncias de torturas, tratos crueles, inhumanos
o degradantes; así como la responsabilidad de personal médico en procesar y
también denunciar este tipo de delitos.
“Nos
preocupa la cantidad de profesionales de medicina que han suscrito informes
médicos de personas torturadas (…) En el caso de la Dgcim, muchos de los
torturados antes de ser llevados a tribunales son llevados a centros médicos o
servicios forenses”, dijeron en ese entonces.
Después
destacó:
-A
finales de junio, ahondaron su primer informe sobre torturas. En la
actualización denunciaron la presunta existencia de morgues clandestinas donde,
supuestamente, se hacen exámenes e informes que no reflejan las torturas que
padecieron las víctimas. La ONG también informó que la Fiscalía General de la
República inició la investigación de 124 casos de tortura por una solicitud de
la Corte Penal Internacional.
La
abogada destacó que ya un fiscal del Ministerio Público está en conocimiento de
la investigación, que no ha pasado a tribunales. Además denunció la persecución
y amenazas contra activistas y defensores de derechos humanos en el país.
Por
otro lado la activista en derechos humanos recordó que “No es la primera vez
que los defensores y activistas son sometidos a este tipo de organismos” e indicó
que se usa este tipo de instancias para perseguir, amenazar, detener y
desaparecer.
-El
año pasado, -detalló- la Oficina de la
Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y varias
relatorías se pronunciaron contra esta práctica que restringe los derechos
civiles y humanos. Los defensores somos la voz de todos aquellos que no tienen
voz. La Coalición representa en juicios a las víctimas de desaparición, detención arbitraria, torturas, que no
consiguen justicia en Venezuela.
TalCual señaló igualmente que “Por lo
pronto, la Coalición por los DDHH y la Democracia envió una comunicación a la
Relatora especial de la ONU sobre defensores de derechos humanos, Mary Lawlor,
para denunciar la retención de Medina Roa en Maiquetía y las amenazas en su
contra, así como en detrimento de Ana Leonor Acosta y Kelvi Zambrano”.
Asimismo
precisó que el abogado y especialista en derecho penal militar Alonso Medina
Roa ha participado como defensor en varios casos emblemáticos que involucran a
presos políticos, entre ellos el asesinato del capitán de corbeta Rafael Acosta
Arévalo, cuyos autores materiales fueron condenados por el delito de tortura a
pena máxima de prisión.
-También
forma parte defensora, -escribió- junto
a Ana Leonor Acosta y Kelvi Zambrano, en los casos de los coroneles Oswaldo
García Palomo y Jhonny Mejías Laya. A ambos se les vincula a presuntos hechos
de terrorismo y traición a la patria.
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