TalCual|Septiembre 20, 2022
En 2021 familiares del exconcejal Fernando Albán presentaron una demanda contra Maduro y varios funcionarios de su gobierno, acusándolos de secuestro, tortura y asesinato y de formar parte del «Cartel de los soles». Tras las investigaciones por estas acusaciones un tribunal de la nación norteamericana decretó que la mencionada «organización delictiva» debe pagar 73 millones de dólares a los parientes del exdirigente político
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Un juez federal de Miami, Estados Unidos (EEUU) otorgó 73 millones de dólares como indemnización a la familia del exconcejal del partido Primero Justicia (PJ) Fernando Albán, que murió el 8 de agosto mientras se encontraba bajo custodia del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin).
Albán fue detenido el 6 de agosto de 2018 por funcionarios del Sebin en el aeropuerto internacional de Maiquetía, cuando llegaba en un vuelo procedente de Nueva York. Durante dos días estuvo desaparecido, y públicamente se le vinculó con el atentado con drones sufrido por Nicolás Maduro durante un desfile militar.
*Lea también: Dos funcionarios del Sebin fueron condenados a cinco años de cárcel por la muerte de Fernando Albán
El 8 de agosto, antes de ser trasladado a tribunales para su presentación, el fiscal impuesto por la extinta asamblea constituyente, Tarek William Saab, informó que Albán se había suicidado —aprovechando un descuido de sus custodios— al lanzarse del piso 10 de la torre del Sebin, ubicada en Plaza Venezuela (Caracas).
Su familia y abogados han señalado que Albán murió mientras era torturado por funcionarios del Sebin, y su cuerpo fue lanzado por una ventana para encubrir estos delitos. Según datos obtenidos por la familia del exconcejal, habría sufrido descargas eléctricas y ahogamientos mientras estuvo detenido.
El año pasado, su viuda y sus dos hijos presentaron una demanda contra Maduro y varios funcionarios de su gobierno, acusándolos de secuestro, tortura y asesinato. En la querella también los señalaron de pertenecer al “Cártel de los Soles”, un supuesto grupo dedicado al narcotráfico que incluiría a líderes del Estado venezolano y guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) que envía 200 toneladas de cocaína a EEUU desde Venezuela cada año.
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De acuerdo a AP el juez Darrin P. Gayles emitió una sentencia en rebeldía en contra del cártel por no responder a la demanda en un fallo de la semana pasada que no había sido reportado previamente. En dicho fallo, el tribunal declaró que lo que describió como la “organización delictiva de Maduro” es responsable de cargos federales de crimen organizado por la muerte de Albán debido a que su único fin es “ejercer un control autoritario ilícito sobre Venezuela” mediante el tráfico de narcóticos, actos de terrorismo y violaciones a los derechos humanos.
La agencia de noticias reseñó que adoptando los hallazgos previos de un juez de primera instancia, el tribunal señaló que operadores del gobierno de Maduro siguieron a Albán mientras estaba en Nueva York, lo fotografiaron y enviaron a Venezuela la información que facilitó su secuestro y asesinato una vez que regresó.
“El asesinato del señor Albán fue un asesinato por encargo debido a que los miembros de la organización delictiva de Maduro que cometieron el homicidio recibieron un pago (en forma de salarios) de parte del régimen de Maduro”, afirmó la corte.
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El tribunal decretó que el cártel debe pagar 73 millones de dólares a la familia de Albán por el dolor y sufrimiento causados por su muerte. Hasta el momento se desconoce cómo los parientes del exconcejal cobrarán el monto.
El caso de Albán también ha sido expuesto ante la Corte Penal internacional, que investiga las acusaciones de tortura y asesinato que pesan sobre las fuerzas de seguridad de Maduro. A finales de 2021, el fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, anunció que dos integrantes del servicio de inteligencia Sebin habían sido sentenciados a casi seis años en prisión por actos de negligencia en conexión con la muerte de Albán mientras estaba bajo su custodia.
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