Boric meterá en el Congreso el aborto libre rechazado en el plebiscito
El gobierno de Gabriel Boric enviará un proyecto de ley al Congreso para permitir el aborto libre sin causales en Chile, una propuesta que tenía la puerta abierta en el proyecto de nueva constitución que fue rechazado en el plebiscito del 4 de septiembre
Gabriela Moreno PANAM POST 
El presidente de Chile, Gabriel Boric, insistirá con la legalización del aborto libre, sin causales, mediante un proyecto de ley que remitirá al Congreso a pesar de la derrota en el plebiscito de hace un mes al proyecto de nueva constitución en el que esta propuesta tenía la puerta abierta.
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El mandatario ya gestiona atajos para lograr respaldo a la iniciativa. Así lo asomó la ministra de la Mujer, Antonia Orellana, quien durante una entrevista en CNN Chile reveló que ya comenzaron las «conversaciones con grupos de organizaciones de mujeres, ginecólogas, de los colegios profesionales y también con los movimientos feministas, para discutir respecto al compromiso del gobierno con el avance de los derechos sexuales y reproductivos».
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En el artículo 61 del capítulo II sobre «derechos fundamentales y garantías» del proyecto de reforma constitucional que fue rechazado se establecía que «toda persona es titular de derechos sexuales y reproductivos», entre los que se encuentran el derecho a decidir de forma libre, autónoma e informada sobre el propio cuerpo, el ejercicio de la sexualidad, la reproducción, el placer y la anticoncepción. Además, precisaba que «el Estado garantizará a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar» la posibilidad de que se realice una «interrupción voluntaria del embarazo», lo cual sería regido por una ley tomando como marco jurídico la carta magna rechazada.
Con calculadora política
Con estos «diálogos» pretenden establecer «cuál es el modelo legislativo que se podría adoptar y qué es lo que estratégicamente conviene hacer más». En el palacio de La Moneda calculan las condiciones para el proyecto de aborto libre en Chile frente al adverso panorama político. Orellana lo reconoce. Sabe que «al menos la oposición está clara, con muy notorias excepciones, cuál es la posición que tienen respecto de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres».
Sin embargo, la ministra destaca que desconocen la tendencia del Partido de la Gente para lograr una reforma que amplié las tres causales hasta ahora despenalizadas: si la mujer está en riesgo vital –esta causal puede constituirse a lo largo de toda la gestación, por lo que no contempla límites para la interrupción si la mujer así lo desea–; si el embrión o feto padece una patología congénita adquirida o genética, incompatible con la vida extrauterina independiente –no contempla límites de edad gestacional para la interrupción–; y si el embarazo es resultado de una violación, la interrupción podrá realizarse antes de las 12 semanas de gestación. Bajo este marco aprobado en 2017 hasta el año pasado se contabilizaron 2250 procedimientos.
Premuera ante la caída de la popularidad
Esa cifra crecerá con el proyecto de aborto libre que Gabriel Boric tiene para Chile, cuyo plazo para presentarlo no pasará de un par de semanas más. Las voces a favor ya se alzan. Una de ellas es la de la ministra vocera de Gobierno, la comunista Camila Vallejo, para quien «prohibir el aborto no disminuye su práctica», agregando que «hace que se realice sin garantía de seguridad, poniendo en riesgo la integridad y la vida de las mujeres».
Boric necesita levantar su pésima imagen entre la ciudadanía, y lo intentará apelando al colectivo feminista proaborto cuando su desaprobación en la última encuesta del Centro de Análisis de Estudios de Mercados (Cadem) alcanza 59 %, mientras que la aprobación cae a 35%.
La cifra representa una subida de tres puntos en la desaprobación y una caída de cuatro puntos en la aprobación, pero además es la aprobación más baja del mandatario desde que arribó a La Moneda el 11 de marzo de este año. Los números de los sondeos son catastróficos también en el caso de la evaluación del trabajo del Ejecutivo, cuya desaprobación creció de 28 % a 57 %.
Contraofensiva del Partido Republicano
Además de intentar repuntar entre la colectividad con una visión «progresista», la propuesta también entra en pugna con el proyecto de los diputados del Partido Republicano, Cristóbal Urruticoechea y Harry Jürgensen, quienes presentaron un documento a la Comisión de Salud para derogar el aborto en dos de sus tres causales anteriormente legalizadas.
Urruticoechea afirma que el aborto «constituye una forma de homicidio, toda vez que implica la eliminación de un ser humano débil y por definición inocente todavía en el vientre de su madre a la que se haya confiado». Incluso, agrega que «hay múltiples formas de salvar la vida que se engendra dentro del vientre de una mujer que ha sido violada, tal vez una de las causales con más lógica para algunos». Orellana los contradice alegando que plantean penalizar por 10 años a quienes incurran en la práctica.
La misma maniobra chavista
Hugo Chávez maniobró como hoy lo hace Gabriel Boric con su proyecto de aborto libre para Chile, pues pretende aprobar por otras vías propuestas que estaban en el borrador de constitución que fue rechazado en el plebiscito, tal como lo hizo el fallecido dictador venezolano con las iniciativas que formaban parte del proyecto de reforma constitucional rechazado en 2007 por lo venezolanos en referendo.
En aquel entonces, 51 % de los electores dijo «No» a sus pretensiones de tener poder ilimitado. Sin embargo, Chávez hizo uso de los 90 de los 165 diputados de la Asamblea Nacional (AN) que le cumplían sin ningún cuestionamiento sus caprichos para conseguir una enmienda que permitía la reelección indefinida del presidente y de cualquier cargo público, el cual se sometió luego a otro referendo que logró ganar bajo circunstancias manejadas a su favor.
Esa no fue la única disposición de su reforma metida de contrabando por otras vías. Con el Decreto Ley de Administración Pública obtuvo la potestad para nombrar «vicepresidentes» en las regiones, figuras administrativas a las que quedaría supeditado el poder de gobernadores y alcaldes. La lista de todo lo que incorporó bajo esta modalidad para restringir operaciones económicas es larga.
«¿Boric pensará que con el aborto universal se terminarán los portonazos, se reducirá la inmigración ilegal, disminuirán los atentados de los narcoterroristas del sur, el país será más seguro?», se pregunta en Twitter, el diputado Sergio Bobadilla.
Sin embargo, la jugada del presidente chileno está entrampada. La comisión de Constitución del Senado aprobó rebajar el cuórum requerido para enmendar la Carta Magna vigente de dos tercios de 50 senadores, que equivale a 33 funcionarios, para llevarlo a cuatro séptimos, es decir, a 29. Pero la derecha y centroderecha, hoy representadas por la fracción de Chile Vamos y el Partido Republicano, tienen 25 senadores, la misma cantidad que ostenta la izquierda con el Frente Amplio de Boric, el Partido Comunista y el Nuevo Pacto Social.
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