Consejo de DDHH aprueba renovar mandato de la Misión de Determinación sobre Venezuela
TCDDesde 2019, cuando se adoptó la Misión de Determinación sobre Venezuela, este mecanismo especial ha producido varios informes orales y tres escritos sobre la grave violación de derechos humanos cometidos en el país al menos desde 2014, y de los cuales tienen motivos razonables para creer que son crímenes de lesa humanidad; la falta de independencia judicial y su relación con el Ejecutivo; al igual que las cadenas de mando que han ordenado estos crímenes, encabezada por Nicolás Maduro, y las graves violaciones que se registran en el Arco Minero del Orinoco, al sur del país
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas aprobó este viernes 7 de octubre, con 19 votos a favor y cinco en contra, extender el mandato por dos años más de la Misión de Determinación de Hechos sobre Venezuela, que está encargada de investigar graves violaciones cometidas en el país al menos desde 2014.
La resolución fue presentada por Paraguay ante el Consejo, en representación de otros cinco países y que además contaba con la co representación de otras 48 naciones, entre ellas algunas que no forman parte de esta instancia de la ONU.
El representante de Paraguay destacó que los motivos que llevaron a la activación y creación de mecanismos para monitorear a Venezuela se mantienen.»Desde que se adoptó la resolución anterior, Venezuela ha tomado algunas medidas positivas, pero no ha implementado la mayoría de las recomendaciones«, dijo.
Desde 2019, cuando se adoptó la Misión de Determinación sobre Venezuela, este mecanismo especial ha producido varios informes orales y tres escritos sobre la grave violación de derechos humanos cometidos en el país al menos desde 2014, y de los cuales tienen motivos razonables para creer que son crímenes de lesa humanidad; la falta de independencia judicial y su relación con el Ejecutivo; al igual que las cadenas de mando que han ordenado estos crímenes, encabezada por Nicolás Maduro, y las graves violaciones que se registran en el Arco Minero del Orinoco, al sur del país.
Además del mandato de la Misión de Determinación, estos países también pidieron y aprobaron la extensión del mandato de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Derechos Humanos, encabezada desde septiembre de este año por Volker Turk, tras la salida de la expresidenta chilena Michelle Bachelet por motivos personales.
El embajador de Paraguay en la ONU también dijo que esta propuesta «reconoce los avances que ha dado el Gobierno y lo positivo de renovar el diálogo, pero los desafíos en derechos humanos son enormes. Las víctimas son el centro de esta propuesta. Es necesario se renueven ambos mecanismos».
Al Venezuela ser miembro de este Consejo y buscar la reelección, explicó el representante de Paraguay, «debe cooperar íntegramente con los mecanismos de este órgano. Hemos mantenido un diálogo con Venezuela y la hemos alentado a cooperar, así como a renovar su acuerdo de entendimiento con la Oficina del Alto Comisionado».
Por su parte, el presidente del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el argentino Federico Villegas, aclaró que la renovación de la Misión de Determinación de Hechos necesitaría un presupuesto de 5 millones de dólares. Cuba replicó que esto es un «presupuesto destinado a fines geopolíticos».
Bolivia, China, Eritrea, Cuba y Venezuela votaron en contra de la resolución para extender el mandato, por dos años más, de la Misión de Determinación. En cambio, 23 países se abstuvieron en la votación, entre ellos Argentina, Honduras y México. El representante de este último país prefirió no pronunciarse a favor del texto «para no perjudicar las gestiones de diálogo entre el Gobierno de Venezuela y la oposición».
Argentina dijo estar «preocupada» por la situación de los derechos humanos en Venezuela, pero justificó su decisión al creer en un «esquema de cooperación y diálogo».
La representante de Argentina además señaló que los informes de la Misión «no tienen credibilidad al no poder realizar las investigaciones en terreno. Consideramos que tendrían mayor efecto si fueran investigaciones partes de la Oficina del Alto Comisionado».
El representante de Venezuela ante la ONU, Héctor Constant, calificó la propuesta como «hostil» y aseguró que forma parte de una iniciativa de varias naciones, entre ellas Estados Unidos, contra el país.
Además alegó que la aprobación de esta resolución «pone en peligro la cooperación con la Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos».
Durante la presentación del último informe de la Misión, el pasado 26 de septiembre, Constant dijo que Venezuela iba a tomar acciones “políticas y diplomáticas pertinentes”, tanto en ámbitos regionales como multilaterales, contra los Estados que apoyen la eventual renovación del “mecanismo injerencista”, como denominó a esta misión de la ONU.
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