Nueve condenados o investigados por corrupción conforman equipo de Lula
El escándalo de la operación Lava Jato persigue a la izquierda brasileña, que vuelve al poder con Lula da Silva y su vicepresidente Geraldo Alckmin, ambos con manchas judiciales en sus currículos que no pueden borrar. Pero la lista es mucho más larga. Senadores, gobernadores y exministros que coordinan la transición han acaparado titulares por distintos casos de corrupción
El presidente electo de Brasil no es el único en el nuevo gobierno con expedientes judiciales en su currículo. En el equipo de transición Luiz Inácio Lula da Silva, tras la ajustada victoria en el balotaje del pasado 30 de octubre, hay al menos nueve condenados o investigados por corrupción.
El primero en la lista es su binomio, el vicepresidente electo Geraldo Alckmin. En 2020, Alckmin fue denunciado por el Ministerio Público Electoral. Fue imputado por corrupción, lavado de dinero y tergiversación electoral por presuntos fondos para sobornos por un monto de 11,9 millones de reales (hoy 2,2 millones de dólares) pagados por la constructora Odebrecht. El dinero habría sido a favor de su campaña electoral en 2010 y 2014 como candidato a gobernador de Sao Paulo, resultando electo en ambas oportunidades.
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Los pagos aparecen en las hojas de cálculo del Departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, que es responsable de contabilizar los derechos de matrícula. La acusación involucra además un caso de nepotismo. Pues, el primer traspaso, en 2010, se habría hecho a través del despacho de Adhemar Ribeiro, cuñado de Alckmin.
Según la denuncia, las transferencias se realizaron en 11 cuotas, totalizando 9,3 millones de reales (1,7 millones de dólares al cambio actual). El proceso sigue abierto. La Corte Electoral ratificó la denuncia en marzo de este año. Así lo reseñó la prensa local e internacional, CNN Brasil entre estos.
No es un dato menor que la mega constructora Odebrecht estuvo involucrada en escándalos de corrupción en toda la región. De hecho, condujo al suicidio del expresidente peruano Alán García. Y en el caso de Brasil, el exgerente Marcelo Odebrecht declaró en 2019 que Lula dio la orden de priorizar a Cuba en la financiación de infraestructura en el exterior por «razones ideológicas». Solo para las obras de expansión del puerto de Mariel se entregaron 957 millones de dólares de dinero recaudado en impuestos a los brasileños.
Haddad acusado de falsedad electoral
Fernando Haddad, a quien Jair Bolsonaro derrotó como candidato a la presidencia en 2018 y este año fue derrotado en las elecciones para la gobernación de Sao Paulo por el candidato del actual mandatario, fue condenado en agosto de 2019 a cuatro años y seis meses de prisión por el delito de falsedad de documentos con fines electorales. Según la sentencia, hubo 258 recibos falsos de material gráfico en la rendición de cuentas de su candidatura a alcalde de Sao Paulo en 2012.
No obstante, el Tribunal Regional Electoral de Sao Paulo absolvió a Haddad por presunta falta de pruebas. Tal como fueron anuladas las condenas que pagaba Lula da Silva por corrupción por tecnicismo procesales relacionados con la territorialidad del caso y recusaciones al juez que lo sentenció, pero no porque se haya comprobado su inocencia, demostrándose con ambas causas la parcialidad evidente de los tribunales a favor de la izquierda. No en vano siete de los once jueces del Supremo Tribunal Federal (STF) fueron designados durante los gobiernos del Partido de los Trabajadores (Lula da Silva y Dilma Rousseff).
El octavo magistrado del STF alineado con la izquierda es Alexandre de Moraes (postulado por Michel Temer), quien ordenó a los medios de comunicación y redes sociales censurar cualquier publicación que cuestionara el resultado electoral.
Haddad también fue imputado en una acción civil pública por impropiedad administrativa. Es acusado de participar en irregularidades en la ejecución de la ciclovía Ceagesp-Ibirapuera. La obra se realizó cuando él era alcalde de Sao Paulo, sin licitación.
Cada kilómetro costaba cerca de seis veces más de lo que se pagaba a la misma constructora en gobiernos anteriores. Por eso el Ministerio Público abrió un caso en su contra en 2016 por sobreprecios. Cada kilómetro tenía un sobreprecio de 4 millones de reales. Al ser 12,4 kilómetros, suma un total de más de 9,3 millones de dólares de exceso.
Seis vinculados con la operación Lava Jato
El mismo caso que llevó a Lula a prisión y a Dilma Rousseff a su destitución, salpica a gran parte del equipo de Lula. La lista es larga: el senador Renan Calheiros; la presidente del PT, Gleisi Hoffmann; el exministro Paulo Bernardo, esposo de Hoffmann; el coordinador del programa del gobierno electo, el exministro Aloizio Mercadante; el entonces presidente del Instituto Lula, Paulo Okamoto, y el senador del PT y exministro de Lula, Humberto Costa. Todos estuvieron vinculados o bajo investigación por la operación Lava Jato.
Gobernador del PT bajo la lupa por desvío de fondos
Y la lista continúa. Entre los miembros del equipo de transición para el nuevo gobierno de Lula da Silva que han sido condenados o acusados de corrupción está también Wellington Dias, gobernador del estado de Piauí, electo en 2002, 2006 y nuevamente este año. La Policía Federal lo investiga desde 2020 por malversación de recursos de orden público. Los 50 millones de reales (9,3 millones de dólares) correspondientes a fondos públicos que habría malversado pertenecían al Departamento de Educación de Piauí. Al igual que Haddad, se trató de un caso de sobreprecios. Esta vez fue en contratos de transporte escolar.
La investigación señala que funcionarios del área administrativa de la Secretaría de Educación del estado se asociaron con empresarios del sector de alquiler de vehículos para agregar sobreprecios a los contratos de transporte escolar. Los 50 millones de reales habrían sido desviados de recursos del Fondo de Mantenimiento y Desarrollo de la Educación Básica (Fundeb) y del Programa Nacional de Apoyo al Transporte Escolar (Pnate).
Hay al menos nueve miembros comprobados del equipo de Lula que han sido condenados o acusados por corrupción, aunque medios brasileños hablan de un número mucho mayor, que podría llegar a ser el doble. Esta es una de las razones por la que cientos de miles de seguidores del presidente Jair Bolsonaro se han mantenido en las calles protestando contra el gobierno que se instalará el próximo 1 de enero. No solo cuestionan el resultado electoral sino que además se rehúsan a ser gobernados por un político que había sido condenado por corrupción y que la mayoría de los integrantes de su equipo tienen manchas similares en sus currículos.
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