Boric cambió ruina política de su ministra por un escándalo por plagio
Bajar a Marcela Ríos del tren Ejecutivo es una estrategia de Gabriel Boric para frenar la presentación de una acusación constitucional y denuncia por el delito de prevaricación en contra de la exministra y, "es altamente probable que la acusación sea aprobada", dijo a PanAm Post el escritor y licenciado en Derecho, Maximiliano Lobos
Los indultos aprobados por el presidente chileno Gabriel Boric, argumentando la inocencia e incluso, la existencia de irregularidades en los procesos de los 13 beneficiados (12 vinculados al estallido y uno al Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR)) lo entramparon en una controversia política que le costó el puesto a su jefe de gabinete, Matías Meza, y a la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Ríos.
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“Hubo desprolijidades en la ejecución de mi decisión de conceder indultos y cuando en política suceden situaciones de estas características, debemos asumir las responsabilidades», dijo Boric para justificar la destitución de la alta funcionaria que lo ha acompañado desde su arribo al Palacio de La Moneda hace diez meses.
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Y sí. Las hubo. Distintos sectores –académicos, políticos y ciudadanos– insiste en ello, basados no sólo en los amplios prontuarios criminales de quienes recibieron los indultos sino además en las escuetas razones ofrecidas al país para justificar el otorgamiento de la medida que los devolvió a las calles.
Una estrategia con problemas
Bajar a Ríos del tren Ejecutivo es una estrategia de Boric para frenar la presentación de una acusación constitucional y denuncia por el delito de prevaricación en contra de la exministra.
Diputados de Renovación Nacional están dispuestos a ingresar la querella este lunes ante el Ministerio Público por el indulto a Jorge Mateluna, el exmiembro del FPMR que ya había recibido un indulto en 2004 pero recayó por un asalto a un banco en 2013.
La presentación de una acusación constitucional en contra de un ministro o exministro requiere 10 firmas de diputados para entrar en agenda en la Cámara, explicó Maximiliano Lobos, escritor y licenciado en Derecho en contacto con PanAm Post. Las rúbricas las hay.
Según el académico es “altamente probable que la acusación contra Ríos sea aprobada, ya que la oposición tiene 75 votos asegurados en el Congreso, bastándole un solo voto de algún sector moderado del oficialismo o directamente de algún diputado ‘díscolo’ para ser sancionada”.
Si la propuesta logra los 76 votos necesarios se elevarla al Senado, donde debe aprobarse por mayoría simple de los presentes en la sala el día de la votación. En el Senado se requiere la mayoría de los senadores en ejercicio, que equivale a 26 votos de 50, precisó Lobos.
Si eso pasa, “la sanción de acuerdo con el art. 53 de la Constitución chilena establece cinco años sin ejercer cargos públicos y la deshonra que lleva aparejada una acción constitucional de esta naturaleza”, destacó el experto a PanAm Post.
Un reemplazo incendiario
En un intento por impedir la ejecución de la medida, Gabriel Boric escogió al sociólogo Luis Cordero para reemplazar a Marcela Ríos, pero lejos de apaciguar los cuestionamientos los potencia, tras arrastrar una sanción por plagio académico en la Universidad de Chile debido a diez transcripciones literales de párrafos, pasajes, páginas y trabajos de otros autores y profesores sin el uso de comillas en su libro “Lecciones de Derecho Administrativo”.
La denuncia presentada por los profesores de la Universidad de Chile, Gladys Camacho, Claudio Moraga y Cristián Román ante el Decanato de la Facultad de Derecho en 2015 derivó en una medida disciplinaria de suspensión de empleo por dos meses en contra de Cordero y la reducción de 50 % de sus remuneraciones luego de perder la apelación.
Si bien Cordero aún no asume sus funciones, la ola de repudio por su designación se propaga en redes sociales y coincide con el amargo panorama de Boric para lograr la aprobación de sus candidatos a fiscal nacional. El presidente ya suma el rechazo de sus dos postulados en el Senado: el fiscal adjunto jefe de la Fiscalía local Santiago Norte, José Morales, y Martha Herrera, jefa de las unidades Anticorrupción y Jurídica de la Fiscalía Nacional.
Marcela Ríos se tambaleaba en su puesto por estos fracasos y con los indultos terminó de caer. La tercera opción de Boric para asumir el cargo de fiscal nacional –el abogado Ángel Valencia– será votado esta semana, pero las probabilidades de humo blanco son bajas frente al escándalos de los indultos y escogencia de Luis Cordero para servir de puente.
Sin futuro
“El nuevo ministro de Justicia llegó con un lamentable antecedente, ni más ni menos que por el delito de plagio. En otros países este delito contempla penas de cárcel efectiva como ocurre en Estados Unidos, pero en Chile le valió a Cordero dos meses de suspensión en la universidad donde impartía clases, situación que empaña desde el inicio a este nuevo ministro”, indicó el analista.
Para Lobos, “en este tercer intento para nombrar al fiscal nacional, que sería el equivalente al General Attorney en Estados Unidos, el presidente Boric probablemente volverá a fallar porque los apoyos en la oposición como en su propio sector han venido desapareciendo”.
El problema es mayor cuando “la garantía de justicia en el gobierno del presidente Gabriel Boric disminuye. Desafortunadamente con los indultos a criminales, la falta de fiscal nacional que lleva meses, y la designación de un ministro de justicia con antecedentes de apropiación de propiedad intelectual, esa garantía se ve muy mermada”.
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